Así se ha fortalecido la gobernanza criminal en Tumaco, Buenaventura y Arauca en medio de la ‘paz total’

En el corregimiento de Llorente, municipio bajo la jurisdicción de Tumaco (Nariño), el Frente Iván Ríos de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico -antes parte de la Segunda Marquetalia- no solo controla las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico, sino que obliga a los comerciantes a organizarse en “gremios” según el tipo de negocio, a pagar extorsiones -las que llaman “impuestos”- e incluso establece la distancia exacta que debe haber entre una propaganda comercial y la vereda.

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Ese es uno de los hallazgos del informe Política de Paz Total: Entre luces y sombras, documento publicado por investigadores de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) y de la Fundación Conflict Responses (Core) y que analiza cómo la gobernanza criminal y el control social de los grupos armados en Buenaventura, Arauca y Tumaco se ha extendido hasta controlar cada aspecto de la vida de estas poblaciones.

Para los investigadores, aunque la ‘paz total’ presenta un enfoque innovador y vanguardista, la influencia de los actores armados ha aumentado desde la implementación de la política. No obstante, no es el único factor que tiene incidencia. Señalan otros elementos como los órdenes políticos híbridos que se han establecido desde hace décadas en esas regiones y los vínculos entre los grupos criminales y las fuerzas armadas locales.

Además, en las tres ciudades, los grupos armados y criminales han asumido funciones que le corresponden al Estado, como la istración de justicia (resolución de conflictos, imposición de normas y castigos), la provisión de seguridad y, como se mencionaba antes, la regulación de la economía (impuestos, extorsión).

De igual forma, mencionan el impacto de los ceses del fuego firmados por el Gobierno como un factor que ha influido en la consolidación de esta gobernanza. Según el análisis, hecho a partir de entrevistas, grupos focales con diferentes actores de la sociedad y análisis de datos, en Buenaventura la tregua inicial entre Los Shottas y Los Espartanos, si bien redujo los homicidios, pudo haber sido uno de los factores que permitieron a las bandas afianzar su control territorial y aumentar la extorsión.

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En Arauca, además, el cese del fuego de un año con el Eln coincidió con un aumento en la extorsión y un mayor control sobre la sociedad civil, mientras que en Tumaco, tras la firma de la tregua unilateral del Gobierno -decreto publicado el 31 de diciembre de 2022-, se habría fortalecido la posición de la Segunda Marquetalia para aumentar su control sobre la economía de la coca y la población.

“Nosotros teníamos muy metida en la cabeza esta idea de que los grupos eran subversivos que en principio querían retar y revocar al Estado. Sin embargo, después de 2016, estos grupos, aunque tengan un alcance nacional, cada vez han empezado a operar en unas lógicas más locales. Entonces, lo que vemos es que el grupo ahora tiene mucho interés en ser un actor político, pero ser un actor político en el espacio local”, señaló Felipe Botero, líder de la Oficina de la Región Andina para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), quien, junto con Kyle Johnson, Mariana Botero, Lina María Asprilla y Juanita Durán, adelantó la investigación.

El analista agrega que esta nueva dinámica les permite tener no solo un control territorial, sino también un control poblacional. “Al volverse este actor político empieza a cooptar y a relacionarse con gobiernos locales y con autoridades locales, no necesariamente políticas; también pueden ser étnicas. Esto le permite permear los distintos espacios y, de esta forma, tiene mucha más facilidad para poder explotar las rentas criminales”, añadió.

El caso de Arauca se centra en la prolongada presencia y la forma de gobernanza del Frente Domingo Laín del Eln en este departamento fronterizo con Venezuela. El cabecilla de esta estructura es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, el tercer mando en importancia del comando central de la guerrilla y uno de los más reticentes de esa organización a los procesos de negociación.

de este frente, como lo reportan informes de la Fuerza Pública, fueron movilizados desde Arauca hacia la región del Catatumbo y son los responsables de la crisis humanitaria en Norte de Santander, que deja más de 50.000 desplazados y decenas de muertos, luego de su ofensiva contra las disidencias del Frente 33 y la posterior respuesta de este grupo.

Son justamente estos enfrentamientos con las disidencias de las Farc uno de los factores que permitió evidenciar cambios en la gobernanza criminal, según los investigadores de GI-TOC y Core. En enero de 2022, tras quejas de las comunidades por las constantes extorsiones de las facciones disidencias, la guerrilla respondió. “El Eln respondió con ataques a los disidentes, justificándose con ‘limpiar la casa’ para ‘proteger’ a la comunidad”, dice el informe, citando entrevistas realizadas a líderes sociales de la zona.

El informe reseña que tras el inicio de los enfrentamientos, el Eln sumó un nuevo elemento a su forma de gobernanza y a su narrativa: la supuesta protección de comunidades ante “el paramilitarismo representado por los disidentes de las Farc”. De hecho, hacen mención a un comunicado Frente de Guerra Oriental de mayo del 2023 en donde acusan a de la Fuerza Pública de supuestamente de hacerse pasar por disidentes.

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La gobernanza criminal del Eln en Arauca incluye la istración de justicia, la exigencia de dinero por protección personal, el control social mediante la imposición de normas y la participación en la vida política local, así como la extorsión. Incluso instan a las comunidades indígenas a formar sus propios sistemas de justicia, amenazando con hacerlo ellos si los pueblos ancestrales no hacen.

Incluso, de acuerdo con la información recopilada por los investigadores en la región, el Eln sigue imponiendo normas medioambientales como la prohibición de la tala de árboles, la fijación de reglas para la pesca y el control de la caza, así como en el pasado lo hacían de manera conjunto el Frente de Guerra Oriental del Eln y el Bloque Jorge Briceño de las Farc.

Finalmente, se denuncia que el Eln continúa con el uso del trabajo forzado como castigo y practica el confinamiento de comunidades.

En este departamento, precisamente, la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz denunció esta semana las tácticas de terror de los grupos armados. Niñas asesinadas, niños desaparecidos, grupos armados apostados en las puertas de los colegios para reclutar menores a la fuerza y cuerpos de civiles abandonados en vías y zonas rurales hacen parte del desgarrador panorama que enfrenta hoy el departamento de Arauca, principalmente en la capital, Puerto Rondón, Saravena, Tame y Arauquita.

“Tenemos miedo y no podemos alzar la voz porque estamos seguras de que nos pone en riesgo. Tenemos miedo de la presencia de actores al margen de la ley, tenemos miedo por nuestros niños y niñas. Arauca está viviendo una etapa muy difícil y necesitamos ayuda. En el departamento, las áreas rurales están completamente abandonadas por el Estado, por los gobiernos”, le dijo a este diario una mujer amenazada por los grupos armados que pidió reserva de su identidad.

El 2 de octubre de 2022, Los Shottas y Los Espartanos sellaron una tregua luego de jugar un partido de fútbol. Este encuentro deportivo fue el primer paso para preparar la instalación del espacio de conversación sociojurídico en el puerto del Pacífico, evento que finalmente ocurrió el 18 de julio de 2023.

Desde la instalación de la mesa hasta la actualidad, los avances en el proceso han sido escasos, al punto de que hoy no existe una agenda definida. Uno de los principales interrogantes sobre este proceso —como ocurre con los de Medellín y Quibdó— es la falta de una oferta jurídica para los de estas agrupaciones armadas. La preocupación de diversas organizaciones sociales y sectores políticos radica en la decisión de la Corte Constitucional que, a través de la sentencia C-525 de 2023, estableció límites a la política de ‘paz total’ y le dijo al Ejecutivo que era el Legislativo, a través de una ley, quien debía definir las reglas del sometimiento.

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Según datos del Grupo de Información de Criminalidad (GICRI) de la Policía Nacional, citados por un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hubo una reducción de los homicidios del 32 por ciento en Buenaventura si se tienen en cuenta los 579 días previos a la tregua y los 579 días posteriores. En el primer periodo analizado, que va desde el 26 de febrero de 2021 hasta el 28 de septiembre de 2022, se registraron 260 asesinatos, mientras que en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2022 y el 30 de abril de 2024, ocurrieron 178 casos.

La tregua llegó a su fin el pasado 1.º de febrero, pero en el medio hubo varios eventos que, de acuerdo con el análisis de GI-TOC y CORE, permitieron a las bandas afianzar su control sobre los barrios en los que operan. Además, pese a la reducción de las muertes violentas, no hubo disminución en las otras dinámicas criminales.

Los investigadores concluyeron que las bandas afianzaron su control sobre los barrios con cuatro estrategias, a través de las cuales siguen incidiendo en las comunidades. La violencia como método de control y la extorsión a comerciantes son las más visibles.

A esto se suma lo que el informe denomina la “istración de la justicia”, es decir, una estrategia mediante la cual las bandas actúan como árbitros y sancionadores en disputas entre vecinos. Un testimonio recogido en la investigación ilustra esta práctica: “Si alguien me debe un millón de pesos, y me canso de pedirle a la persona que me pague, tenemos un problema. Les digo a ellos (la banda), ellos saben que es un millón, se quedan con (400.000) y me devuelven los (600.000). Entonces, ellos van con las armas y (dicen), ‘Vengo por el millón, tienes hasta las 12’”.

“Uno de los hallazgos que encontramos es salir de esa lógica de que la construcción de paz ocurre en lugares donde no hay Estado y que el resultado final debe ser llevar el Estado. Nosotros decimos que ahí lo que existe son unos órdenes políticos híbridos, donde hay un poquito de estado, un poquito de control por parte del grupo criminal, unas autoridades civiles étnicas locales muy fuertes y que la negociación y el ejercicio posterior de construcción de estado debería partir de entender lo que hay y tratar de construir sobre lo que hay”, añadió Botero sobre este caso particular.

Ambas bandas, además de extorsionar de forma generalizada todas las actividades económicas -tanto legales como ilegales-, también alientan proyectos productivos para aumentar los pagos por protección, particularmente Los Espartanos. También se ha identificado el intento de las bandas de beneficiarse del programa gubernamental ‘Jóvenes en Paz’.

Con respecto al proceso de paz urbana, hay que decir que los primeros meses de 2025 estuvieron marcados por un recrudecimiento de la violencia y el fin definitivo de la tregua el pasado 1.º de febrero. “En estos primeros tres meses del año van 48 personas asesinadas. Esto nos duele porque ha habido otra vez retaliaciones entre las bandas que se disputan el territorio”, aseguró monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura.

Más de un mes después, ambas estructuras se comprometieron a no reclutar ni emplear a menores en actividades delictivas o cualquier acción vinculada al conflicto en el puerto. El anuncio se hizo en un evento simbólico en el que no hubo presencia de los voceros de las bandas y solo se conoció un documento firmado por las partes. Tampoco se estableció si habrá un mecanismo de verificación para garantizar el cumplimiento de este compromiso.

Antes de la ‘paz total’, la Segunda Marquetalia ya ejercía gobernanza criminal en Tumaco. Esta se caracterizaba principalmente por el control social mediante la imposición de normas y la regulación de las economías en diferentes municipios del departamento de Nariño. Además, así como ocurría en las otras ciudades, también ofrecía su “protección” y mediación en la resolución de conflictos.

(En contexto: ¿Qué pasó con alias Iván Márquez luego de que abandonó la mesa de negociación con el Gobierno?).

Los líderes comunitarios entrevistados por los investigadores manifiestan que, desde la llegada de la política del Gobierno, este grupo criminal muestra un mayor interés en ser reconocido como un actor político, lo que ha influido en su forma de gobernanza. Cabe mencionar que la mesa con este grupo armado se instaló en junio de 2024 y que desde el primer momento se definió como una negociación política y no como una mesa sociojurídica para estructuras de crimen organizado.

Hasta el 20 de noviembre del año pasado, la Segunda Marquetalia estaba liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Sin embargo, el grupo se fragmentó: por un lado, quienes siguieron con el desertor del acuerdo, y por otro, quienes tomaron la decisión de continuar en la mesa bajo el nombre de ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, hoy compuesta por la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’, bajo el mando de Andrés Allende Perilla, y los ‘Comandos de la Frontera’, cuyo principal cabecilla es el hoy detenido ‘Andrés Araña’.

Actualmente, el grupo que opera en Tumaco es justamente la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’, organización armada que no solo establece toques de queda, sino que determina quién puede ingresar o salir del área. “En la carretera entre Tumaco y Pasto, el Frente Iván Ríos únicamente habilita el paso en determinados horarios”, se lee en el informe.

Esta estructura también impone reglas estrictas en la carretera Tumaco-Pasto, prohibiendo el robo (castigado con la muerte), el consumo de drogas (con expulsión o muerte como posibles castigos) y regulando la actividad de trabajadoras sexuales. En cuanto a las economías ilícitas, establece normas para la venta de pasta base de coca, incluyendo cantidades, precios y compradores. En zonas rurales, el Frente Iván Ríos compra hoja de coca a crédito, con pagos inciertos.

Una de las conclusiones del informe es que la situación en Tumaco contrasta con la de Arauca, donde el Eln ha ejercido una gobernanza más intensa y extensa históricamente, y con Buenaventura, donde las pandillas como Los Shottas y Los Espartanos se centran más en el control del narcotráfico y la extorsión. 

En Tumaco, la reorganización de grupos y la consolidación bajo la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’ antes de la ‘paz total’ llevaron a una reducción de la violencia. Sin embargo, la llegada de la política del Gobierno parece haber influido en la forma en que este grupo armado ejerce su gobernanza, enfocándose más en aspectos sociales y buscando legitimidad política.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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