Cierre de pasos fronterizos en el Darién afectará derechos de población en movilidad humana: Defensoría del Pueblo

el anuncio del Gobierno panameño del cierre de al menos tres pasos fronterizos en el Darién, región limítrofe entre Colombia y ese país centroamericano, podría provocar una seria crisis humanitaria en los municipios colombianos receptores de personas en tránsito irregular, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano.

Así lo señaló este viernes la Defensoría del Pueblo en un comunicado, en el cual recomendó a las autoridades del orden nacional y territorial impulsar medidas efectivas de respuesta, en el corto plazo, para hacerle frente a un escenario de tal naturaleza.

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"Cerrar al menos tres de los cruces inhóspitos en el también denominado Tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes (...) Además, incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe", indicó el ente defensorial.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá explicó en un comunicado que se tomó esta determinación para el control de la migración irregular masiva que enfrenta el Estado panameño" con el fin de "canalizar la migración irregular" hasta Bajo Chiquito, el primer poblado al que llegan los migrantes tras atravesar durante días la selva del Darién a pie.

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De acuerdo con datos de la Operación Flujo Controlado de Migración Panamá, desde enero 2024 hasta el 26 de junio 2024, se registró un tránsito por la selva del Darién de unas 194.747 personas.

"El Servicio Nacional de Migración informa que en su mayoría han ingresado al país a través de la selva de Darién, 128.544 venezolanos, 13.183 ecuatorianos y 12.506 colombianos. De igual manera unos 11.006 de China han transitado, 10.382 de Haití, 2.152 de India, 450 de Cuba y 16.453 de otras nacionalidades", informaron.

Servidores públicos de la Defensoría, en función de su rol misional, estuvieron en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí evidenciaron cómo la instalación de una cerca con alambre de púas, de aproximadamente 80 metros de longitud, impide el paso a pie por el camino que conduce a territorio rural del país centroamericano. 

"La cerca pone en riesgo la integridad física de los migrantes que a diario intentan cruzar, pues en una de sus partes, donde arrojaron trozos de madera para que el alambre baje, con la finalidad de seguir su camino, sus cuerpos están expuestos a sufrir laceraciones con las púas".

El cerco de alambres también ha generado afectaciones a las comunidades colombianas de Asti y Capurganá y a las de Puerto Obaldía (Panamá), pues desde hace décadas utilizan ese paso para el intercambio comercial y cultural.

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A finales de mayo, el Centro de Analítica de Datos en DDHH de la Defensoría del Pueblo realizó una simulación para examinar las posibles consecuencias que podría acarrear una decisión de esta categoría y su impacto en materia de derechos humanos.

"La medida anunciada por el presidente electo de Panamá, generaría un escenario de riesgo al aumentar el número de población migrante en movilidad humana, que impactaría en diferentes derechos, entre los que se destaca como urgente, el riesgo sanitario", se lee en el documento.

En dicho análisis se menciona que debido al aumento entre el 10 y el 20 por ciento de la población migrante susceptible de permanecer en los municipios de estudio (San Juan de Urabá, Arboletes, San Pedro de Urabá, Carepa, Necoclí, Apartadó y Turbo)  se llegaría a presentar un posible incremento en la tasa de contagio de sífilis congénita del 5,7 por ciento.

Luego, ante un aumento del 70 al 80 por ciento de la población migrante susceptible de

permanecer en los municipios de estudio, se presenta un incremento en la tasa de contagio de sífilis congénita (5,9 por ciento), dengue (5,4 por ciento) y chikunguña (5,3 por ciento), entre las enfermedades analizadas.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional a solicitarles a las autoridades de la nación centroamericana que tengan claro los postulados del derecho internacional de los derechos humanos.

Por su parte, a las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las istraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, las conminó a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria con acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición.

El canciller Luis Gilberto Murillo aseveró que fueron notificados de la medida panameña durante la participación del presidente Gustavo Petro en la posesión de José Raúl Mulino, el pasado 1 de julio, e indicó que se trata de una forma de establecer mayor control del flujo migratorio.

"Panamá está tratando de establecer ciertos puntos muy reducidos en los que las personas puedan pasar de manera segura, de manera regular, y de manera ordenada. Eso se nos comunicó", precisó

Asimismo, aseguró que dicha medida no implica un riesgo humanitario. "Habrá una conversación permanente, hay riesgos, pero no puede generar una crisis humanitaria”, comentó el ministro.

El ministro explicó que entre los objetivos principales en torno a la migración con Panamá está la convocatoria del mecanismo tripartita de coordinación con Estados Unidos y la creación del gabinete binacional.

La principal estrategia del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para frenar el flujo de migrantes, además del cierre de los tres primeros pasos esta semana, es un plan de repatriación que será financiado por el gobierno de Estados Unidos y cuyo piloto, según las autoridades de Washington, “podría comenzar en semanas”.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política