Avanzó proyecto clave para la paz total del Gobierno

Este lunes las comisiones primeras del Congreso de la República aprobaron la prórroga de la Ley 418, uno de los proyectos claves para alcanzar la paz total planteada por el presidente Gustavo Petro.

La llamada ley de orden público, aprobada en 1997, debe ser prorrogada en la medida que su vigencia termina este año. Este proyecto faculta al Gobierno Nacional a adelantar negociaciones de paz con grupos criminales que tengan estatus político, como la guerrilla del Eln.

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También posibilita acercamientos para el sometimiento de estructuras dedicadas al crimen organizado. La iniciativa aprobada en primer debate y que ahora pasará a plenarias, indica la apertura de "diálogos, negociaciones y la firma de acuerdos con voceros y de grupos organizados al margen de la ley".

Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, "aquí se recoge buena parte de las experiencias de los procesos de paz que pueden servir mucho para avanzar en la paz total".

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El texto acordado en las comisiones señala que los términos de dicho sometimiento serán los que "a juicio" del Gobierno Nacional sean necesarios para “pacificar los territorios".

Su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que se designen.

Además, una vez se inicien dichos diálogos, las órdenes judiciales de los representantes de los grupos delictivos serán suspendidas con el propósito de garantizar el desarrollo de las conversaciones.

De otro lado, se crearán regiones de paz en municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los municipios más golpeados por el conflicto y territorios con presencia de organizaciones criminales.

Con esto se pretende priorizar inversión y crear el servicio social, que es un complemento del servicio militar obligatorio. No obstante, el documento aclara que "las regiones de paz no serán zonas de ubicación temporal ni de la fuerza pública".

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En el caso de ese servicio social, que será de 12 meses, podrá realizarse promoviendo la alfabetización digital, trabajo social con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, y la protección de la naturaleza y la biodiversidad, entre otros. "Vamos hacia un país diferente con un servicio militar social. Los jóvenes escogerán entre uno y el otro", explicó Prada.

Durante la discusión, la mayoría de los parlamentarios expresaron su respaldo a la paz total y resaltaron la importancia de aprobar la iniciativa, pues es clave en este propósito.

Además, la norma es clave para los diálogos que se reanudarán en las próximas semanas con el Eln. "Colombia, nosotros y nosotras, no podemos estar condenados a vivir en medio de la violencia. Siempre podemos buscar el desarrollo de la paz en este país", aseveró el senador Ariel Ávila, uno de los ponentes.

Entre las dudas de algunos congresistas del Centro Democrático estaba el hecho de negociar con bandas criminales. Sin embargo, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, explicó que con los grupos que tienen naturaleza política se deben adelantar diálogos y firmar acuerdos de paz.

Pero en el caso de los grupos asociados con economías ilegales se busca llevar a cabo el sometimiento. "Se deben hacer acercamientos para el desarme", agregó, y aclaró que en este caso no se habla de acuerdos de paz, pues "no tienen naturaleza política".

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Sobre los procesos que se adelantan, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe logró negociación con grupos armados bajo la presión de las Fuerzas Armadas. Pero ahora, dijo, "las Fuerzas Armadas se están debilitando".

Esta afirmación la sustentó con la salida de más de 70 generales. Señaló que las disidencias de las Farc no pueden negociar. "Es una burla con los que sí cumplieron el acuerdo", dijo.

Pero en el caso de los grupos asociados con economías ilegales se busca llevar a cabo el sometimiento. "Se deben hacer acercamientos para el desarme", agregó y aclaró que en este caso no se habla de acuerdos de paz, pues "no tienen naturaleza política".

"A eso súmele los anuncios, que ya no hay bombarderos, que ya no hay extradición", cuestionó Valencia.

Sobre el Eln, la senadora uribista comentó que este grupo no puede recibir un acto político. "Deben ser tratados como delincuentes, ya no pueden ser tratados como delincuentes políticos".

Y señaló que las disidencias de las Farc no pueden negociar. "Es una burla con los de las Farc que sí cumplieron el acuerdo y contra los colombianos. Firmaron e incumplieron y ahora vuelven a recibir todos los beneficios", complementó Valencia.

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En medio del debate, el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno durante los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, afirmó que apoya el Gobierno en su propósito de alcanzar la paz.

Comentó que su visión sobre este proyecto es positiva y ante las dudas sobre con qué grupos se puede negociar o no, aportó al debate que "desde el punto de vista jurídico, ni el derecho internacional humanitario ni la propia ley 418 exigieron el reconocimiento político (...). En ese sentido el gobierno tiene razón, el reconocimiento político no es una exigencia".

Pero sí alertó que el Gobierno enfrentará un enorme desafío a la hora de abordar diálogos con grupos distintos a las tradicionales guerrillas.

"Jurídicamente no habría problema, pero el desafío que generará implicará mayor sensatez por parte del Gobierno", agregó De la Calle, a propósito de lo que puede significar para la opinión pública.

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