El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó este martes que las diferencias de interpretación que hay entre el Gobierno y el partido político Farc por cuenta de la ley de procedimiento para la
justicia de paz “no quieren decir que esté en riesgo el proceso”.Rivera aclaró las versiones según las cuales hay tensiones entre el Gobierno, los voceros de ese grupo político y los ponentes del proyecto de ley de procedimiento de la justicia para la paz, el cual está en trámite en estos momentos en el Congreso.
“Desde que empezamos a desarrollar la implementación normativa de los acuerdos de paz hemos tenido muchas discusiones con los voceros del partido político Farc. Hay siempre interpretaciones diferentes, pero eso no quiere decir que esté en riesgo el proceso de paz. Nosotros mantenemos con ellos una interlocución, un diálogo permanente”, afirmó el Ministro.
Hay siempre interpretaciones diferentes, pero eso no quiere decir que esté en riesgo el proceso de paz
En la mañana de este martes se dio una reunión, en el Ministerio del Interior, entre el Gobierno, los abogados del partido político Farc y los ponentes del proyecto la cual, según varios de los asistentes a la misma, no terminó en los mejores términos.
En la reunión, el equipo jurídico de la exguerrilla llevó un documento de 120 páginas con algunas sugerencias para ser incorporadas en el proyecto de ley de procedimiento para la justicia de paz.
Cuando se llegó al punto de la extradición para los excombatientes de las Farc que hayan reincidido en delitos graves después de firmado el acuerdo de paz se presentó la diferencia de interpretación a la que se refirió el ministro Rivera.
De acuerdo con el representante a la Cámara por ‘la U’ Hernán Penagos, uno de los ponentes del proyecto de ley, “las atribuciones” de este modelo de juzgamiento en materia de extradición “solo se limitan a determinar la fecha de ocurrencia de los hechos y cualquier decisión en materia de pruebas debe ir encaminada, exclusivamente, en eso”.
Esto significa que para el Gobierno y los ponentes de la iniciativa, la JEP solamente debe limitarse a determinar las fechas de ocurrencia del supuesto delito, como se ha dicho que debe hacerlo en el caso del exguerrillero Jesús Santrich.
“Los señores abogados de las Farc lo que señalan es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puede evaluar, además de la fecha de ocurrencia de los hechos, la conducta y casi que el juicio de responsabilidad, lo que nos parece que desborda las atribuciones dadas”, explicó Penagos
Ante esta posición del Gobierno y los ponentes del proyecto de ley, EL TIEMPO supo que la respuesta de algunos del equipo jurídico del partido político Farc fue que esa interpretación acabaría con el acuerdo de paz ya que, a juicio de ellos, sería un incumplimiento del Gobierno.
Pese a esto, el ministro Rivera salió a calmar las aguas y afirmó que este tipo de diferencias de opinión siempre se han dado durante el trámite de las normas que han implementado el acuerdo de paz.
“No creo que esté en riesgo el proceso de paz. Nos parece, a juicio del Gobierno, que lo que está contenido en el artículo 19 del acto legislativo es claro en el sentido de que la competencia de la JEP, en materia de una solicitud de extradición, es establecer la fecha en la que se cometió la conducta”, dijo el Ministro.
Este martes en la tarde las comisiones primeras de Senado y Cámara están citadas para avanzar en la discusión y votación del proyecto de ley que crea el procedimiento de la
JEP,
la última herramienta normativa para que ese modelo de justicia comience a operar a plenitud.POLÍTICA