La lenta ruta para darle luz verde al Acuerdo de Escazú

A pesar de llevar más de tres meses de radicado, tener mensaje de urgencia por parte del Gobierno, los ojos encima de más de 300 organizacionales ambientales y contar con diversos llamados hechos por connotados líderes internacionales, el Congreso sigue sin arrancar el trámite del proyecto que busca la aprobación del llamado Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo Regional sobre el a la Información, la Participación Pública y el a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 23 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente.

El tratado también contiene salvaguardas claves para la protección de los líderes ambientales, no se puede olvidar que Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y el primero en asesinato de líderes ambientales.

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El tratado establece el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos de quienes defienden el medio ambiente y establece la necesidad de tener medidas claras para investigar y sancionar los ataques a estos defensores.

La iniciativa ha sido puesta cuatro veces en el orden del día de las comisiones segundas del Congreso sin que hasta el momento se haya podido si quiera iniciar su trámite. El último intento terminó con la decisión de realizar primero dos foros regionales para escuchar nuevas voces sobre el tema, esto a pesar de que ya este año se han hecho dos audiencias públicas con ese mismo propósito.

Esta decisión fue calificada por la oposición, que se la ha jugado a favor del proyecto, como una jugada con “ánimos dilatorios”.

¿Cuáles son las trabas? El proyecto se ha encontrado con una oposición férrea del Centro Democrático, y algunos sectores de la coalición de gobierno. De hecho, tanto el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara (representante Juan David Vélez) como la del Senado (Juan Diego Gómez) pertenecen a la coalición de gobierno. Este hecho es clave para lo que está sucediendo, pues ellos son los encargados de establecer el orden del día de las sesiones.

“El proyecto unos vacíos jurídicos en nuestro país que puedan generar una violación de nuestra soberanía jurídica (…) Otro punto es que en medio de una pandemia, en un proceso de reactivación económica, los proyectos productivos se pueden ver frenados por culpa de acuerdos internacionales que Colombia vaya a suscribir, como este”, manifestó Vélez, en diálogo con EL TIEMPO.

El acuerdo también ha sido rechazado por algunos gremios. Por ejemplo, la Federación Nacional de Avicultores y la Federación Colombiana de Ganaderos, argumentan que se estaría afectando el desarrollo económico y no establece claridad sobre las consultas previas y los procesos que necesitarán de una licencia ambiental. Este pacto también ha sido rechazado por la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, y la Asociación Colombiana de Petróleos.

Cabe recordar que Augura fue donante del partido Centro Democrático en 2018. Según el reporte del aplicativo Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral, esta asociación hizo dos aportes a la colectividad, uno por 265 millones de pesos y otro por 35 millones de pesos.

Igualmente, en el aplicativo figura un aporte de la compañía Cne Oil & Gas, filial de Canacol, por 300 millones de pesos. Esta compañía es una de las que ha presentado propuestas para los pilotos de exploración de yacimientos no convencionales.

También hay reporte de donaciones de la Asociación de Ganaderos del Norte al Centro Democrático, en 2018, por 69, 15 y 86 millones de pesos. También hay que recordar que el presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie, es esposo de la senadora uribista María Fernanda Cabal y reconocido seguidor del Centro Democrático.

De hecho, Cabal ha rechazado públicamente este acuerdo, al asegurar que “pone en riesgo la soberanía”.

“El tratado, ante cualquier acción que se considere que puede dañar el medioambiente, activa toda la jurisdicción internacional, esto significa que tienen competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la misma que nos quitó área marítima alrededor de San Andrés”, dice Cabal.

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En contraposición, el senador de Alianza Verde Antonio Sanguino aseguró que este tratado es clave, pues entre otros asuntos, permite resolver los vacíos normativos en temas ambientales, da mayor a la justicia ambiental y establece la protección de los líderes.

El Acuerdo e Escazú se firmó el 4 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, Colombia lo firmó en diciembre del 2019 y actualmente se encuentra en proceso de ratificarlo en el Congreso.

Para que entrara en vigor se requería que 11 países lo ratificaran. Los primeros que lo hicieron fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Con México, que lo ratificó la semana pasada ya son 11 países que lo ratificaron.

Ahora, según Lina Muñoz Ávila, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, tanto México como Argentina (los últimos países en ratificarlo) "deben depositar su instrumento de ratificación en la ONU. Un tramite que deberán hacer en los próximos días sus respectivas cancillerías".

¿Qué sucede con Colombia, en caso no ratificarlo? De acuerdo con Muñoz, si Colombia no ratifica el acuerdo en el Congreso, el país no tendrá obligaciones ni beneficios.

Es decir, el acuerdo ya está a punto de arrancar en vigencia y lo hará con la firma de Colombia o sin ella. ¿Se subirá Colombia al bus?

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