Como pocas veces ocurre con un tratado internacional, los ojos de más de 130 organizaciones ambientales y del propio Gobierno Nacional estarán este martes sobre el Congreso de la República, donde la Comisiones II del Senado y la Cámara se citarán por tercera vez para iniciar el trámite del proyecto que busca la aprobación del llamado Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo Regional sobre el a la Información, la Participación Pública y el a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 23 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente.
El tratado también contiene salvaguardas claves para la protección de los líderes ambientales, no se puede olvidar que Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y el primero en asesinato de líderes ambientales.
El tratado establece el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos de quienes defienden el medio ambiente y establece la necesidad de tener medidas claras para investigar y sancionar los ataques a estos defensores.
A pesar de que el pasado 21 de julio el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República, varios sectores políticos e incluso voceros del partido del Gobierno han manifestado su rechazo a este acuerdo.
La iniciativa ha sido criticada igualmente por gremios como la Federación Nacional de Avicultores Y Fedegan, que argumentan que se estaría afectando el desarrollo económico y no establece claridad sobre las consultas previas y los procesos que necesitarán de una licencia ambiental.
Igualmente, congresistas del Centro Democrático afirman que se “pone en riesgo la soberanía”.
El tratado ante cualquier acción que se considere que puede dañar el medio ambiente activa toda la jurisdicción internacional
“El tratado ante cualquier acción que se considere que puede dañar el medio ambiente activa toda la jurisdicción internacional, esto significa que tienen competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, la misma que nos quitó área marítima alrededor de San Andrés”, expresó la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.
Hasta el momento, como lo explicó el congresista de Alianza Verde Antonio Sanguino, se han hecho dos citaciones a las Comisiones II del Congreso para debatir el proyecto. No obstante, hasta el momento no se ha podido dar la discusión. Este martes se realizará un tercer intento.
Para Sanguino, este tratado es clave, pues entre otros asuntos, permite resolver los vacíos normativos en temas ambientales, da mayor a la justicia ambiental y establece la protección de los líderes.
El Acuerdo de Escazú ya fue firmado por el Gobierno, sin embargo, por normativa colombiana, los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso de la República. Y a dos años de su firma no se ha podido poner en vigor debido a que se requiere que sea ratificado al menos por 11 naciones signatarias, y hasta el momento no se ha logrado ese número.
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