El lunes pasado, el presidente Iván Duque anunció la designación del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República, en remplazo de Carolina Soto. Este nombramiento ha despertado una polémica, más por motivos políticos que macroeconómicos, que incluso está tocando uno de los activos institucionales más valiosos del Emisor: su independencia frente al Poder Ejecutivo.
Las reelecciones presidenciales y las renuncias anticipadas engendraron una situación inédita que tensiona al máximo el diseño institucional del banco central colombiano. La actual Casa de Nariño pudo nombrar en tres años a la totalidad de los cinco de la junta directiva del Emisor, que completan el ministro de Hacienda y el gerente del Banco. Esta es una situación sin precedentes que ha despertado alertas sobre la autonomía del Banco de la República en relación con el presidente Duque.
Un segundo aspecto del debate se concentra en las críticas de la oposición a Carrasquilla por haber sido el principal promotor del primer proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno e impulsó las protestas del paro nacional. Ya que las medidas de esa iniciativa legislativa fueron rechazadas por la opinión pública con tal virulencia que el entonces ministro se vio forzado a renunciar, el anuncio de Carrasquilla entró de lleno a la discusión política, propia del arranque de la campaña de 2022.
Es necesario separar esos dos ángulos de esta polémica. Las fuerzas opositoras están en su derecho de tener una lectura negativa de la selección del nuevo codirector, y otro tema, muy distinto, es hablar de una pérdida de la independencia de la junta directiva del Banco de la República frente a Duque. No obstante, su autonomía no está en juego y se podrá probar con las decisiones monetarias que se tomen en los próximos meses. Ese es el compromiso máximo de quienes están al frente de la política monetaria, de quienes se espera una distancia con la política.
EDITORIAL