Una decisión inevitable

El sábado pasado el Gobierno Nacional incrementó el valor del AM en 1.904 pesos, tras varios meses de conversaciones y 13 reuniones con los representantes de los transportadores. La decisión desató ese mismo día un paro de los camioneros, principales afectados, que ayer generó afectaciones en Bogotá y municipios aledaños, Santander, Nariño, Caldas y otras regiones del territorio nacional.

El alza de este combustible –cuyo precio lleva unos 56 meses congelado– hace parte de los esfuerzos fiscales de la Casa de Nariño para cerrar el billonario déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC). Primero fueron las subidas continuas de la gasolina –con fuertes efectos inflacionarios y mucho descontento ciudadano–, y ahora el turno es para el diésel. Según el Ministerio de Hacienda, le seguirán otros dos aumentos de alrededor de dos mil pesos hasta finales del año entrante.

Al igual que con la gasolina en su momento, arrancar con los ajustes del precio del AM es una decisión dolorosa pero inevitable fiscal y técnicamente. Las finanzas de la Nación no aguantan continuar subsidiando el diésel de los transportadores en medio de la actual crisis fiscal y los desequilibrios en las cuentas del Estado. El Ministerio de Hacienda estima un ahorro en torno de los 1,6 billones de pesos al final de este año.

Los voceros de los camioneros rechazan tanto las alzas como el momento de aplicarlas, ya que consideran que impactan negativamente la reactivación económica. Si bien el Gobierno Nacional calcula en 0,3 por ciento el efecto de los aumentos en el índice de precios al consumidor (IPC) al final del año, es necesario monitorear de cerca el comportamiento de fletes, transporte intermunicipal y demás rubros asociados a la carga. No se puede minimizar cualquier consecuencia en los precios que se derive tanto de esta subida como del propio paro.

A raíz de las afectaciones que vienen presentándose con el paro, cabe reiterar que los transportadores, como cualquier otro grupo social, tienen el derecho de manifestarse en contra de las medidas del Gobierno. No obstante, esas protestas no deben desembocar en bloqueos traumáticos a la libre movilización del resto de los ciudadanos ni restricciones a la libre circulación de bienes y mercancías que necesita una economía que busca reactivarse.

Las vías de hecho en el paro camionero no son bienvenidas ni justificadas, y los transportadores deben encontrar otras formas de manifestación pacífica. Las preocupaciones alrededor de las condiciones económicas de los medianos y pequeños transportadores y su estructura de costos de operación tras las alzas son sensatas y merecen ser abordadas por el Gobierno y los gremios del sector.

En conclusión, elevar el precio del diésel constituye una medida responsable del Gobierno en cuanto a equilibrar las finanzas públicas se refiere. Sus efectos en los precios y en la economía de los camioneros no se deben ignorar y pueden atenderse y tratar de mitigarse mediante un diálogo abierto y respetuoso entre los representantes de los transportadores y de la istración Petro.