No es un capricho o un hecho aislado el propósito de los futbolistas profesionales agremiados en Acolfutpro de sentarse a negociar con la Dimayor y la Federación las peticiones que estos presentaron hace ya cuatro años. El Ministerio de Trabajo ha despejado dudas sobre si esta Asociación era un sindicato y si estaba facultada para negociar con estas dos entidades, al iniciar en su contra un proceso istrativo sancionatorio por negarse a sentarse a la mesa.
Bueno recordar que hace unas décadas la situación laboral de los futbolistas era precaria. Sin regulación de la figura de los derechos deportivos, los abusos eran frecuentes. El primer gran paso para transfomar esta realidad viene con la sentencia C-320 de 1997 de la Corte Constitucional, que le pone límites a la figura de los derechos deportivos. Tras esto, a comienzos de siglo, y luego de varios intentos fallidos, aparece la agremiación. Desde hace varios años Acolfutpro ha insistido en que el fútbol colombiano no puede seguir avanzando sin darles a sus actores mayor participación en la toma de decisiones. Ellos exigen ser tenidos en cuenta para concertar temas claves como la elaboración del calendario de las competencias, los períodos de descanso y recuperación, el estatuto del jugador, el estatuto disciplinario, la minuta única de contrato de trabajo y el torneo profesional femenino, entre otros. También piden participación sobre los derechos de televisión.
No es el caso entrar a evaluar dichas aspiraciones. Sí corresponde dejar claro que si se quiere un mejor fútbol, “gambetear” la negociación con los futbolistas por parte de los directivos no es una buena decisión. Los tiempos en los que el destino del deporte se decidía sin participación de los actores han quedado atrás. Se trata de entender que un fútbol más abierto, construido entre todos, es garantía de solidez, de un mejor futuro lejos de los flagelos y las malas prácticas que lo han acechado y que hoy todavía lo rondan.
EDITORIAL