Un artículo preocupante

No obstante la decisión del Gobierno de modificarlo, no cesan la polémica y la preocupación por un artículo de un anteproyecto de ley que prepara el Ministerio de Justicia tendiente a reducir el hacinamiento en el sistema carcelario, entre otros aspectos. Dicho texto obligaba a los medios de comunicación a publicar informes sobre la “humanización” de la política criminal, contenidos que deberían llevar, además, el visto bueno del Consejo Superior de Política Criminal. El Mintic, por su parte, se encargaría de supervisar su publicación. Finalmente se remplazó el término “deberán” por “podrán” en el texto de la iniciativa que, en todo caso, aún deja dudas y llegaría al Congreso en marzo.

Hay que ser muy claros en que el escenario que este planteaba, además de muy inquietante, era abiertamente inconstitucional, pues imponía una obligación contraria a la libertad de información consagrada en nuestra carta política. Esto por no hablar de las leyes que prohíben la censura y salvaguardan la libertad de prensa. Como lo afirmó el presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), Werner Zitzmann, esta imposición no es aceptable, como tampoco lo es cualquier otra iniciativa que busque imponer contenidos. “El país no se puede mover en esa dirección”, afirmó con razón.

Ante la reacción que suscitó, el ministro del ramo, Néstor Osuna, fue claro al explicar los motivos del cambio, que este se produjo luego de haber escuchado “la voz de expertos en política, en libertad de expresión y también la voz de medios de comunicación” y expresó que, “por supuesto, el Estado no debe controlar ningún contenido de ningún medio de comunicación”. Si bien esta postura del ministro contiene un parte de tranquilidad, aún el texto permanece abierto a consultas, con lo cual no se ha conjurado de manera definitiva una eventual injerencia inconstitucional en la labor periodística.

Una lección que queda –más allá de que existe la conciencia de que nada justifica una norma que desconozca derechos fundamentales– es que la polémica pudo evitarse de haberse dado un proceso previo de consulta con quienes se verían afectados, en este caso, los medios. En este sentido, Zitzmann recalcó en la importancia de una mesa de diálogo que evite el “choque de trenes”, incluso si se trata apenas de un primer borrador.

Vale recordar que una iniciativa de apoyo a los medios comunitarios, algo loable en busca de pluralidad, contenía otros elementos polémicos que ya generaron una alerta de la Sociedad Interamericana de Prensa en su más reciente asamblea. Dicho proyecto era de origen ciudadano, de ahí que este, de origen gubernamental, cause más inquietud. Sobre todo porque va en contravía de lo varias veces dicho por el propio presidente Gustavo Petro, en el sentido de que su gobierno garantizará el derecho a la libertad de prensa.

Abrir la puerta al control editorial con normas de esta clase es muy peligroso, pues, entre otros, puede dar pie a todo tipo de desafueros contra uno de los pilares de toda democracia. Bajo ese contexto, y dado que el cambio en el artículo no diluye del todo la preocupación, lo indicado sería eliminarlo. Una vez más hay que recordar aquel precepto de que la mejor norma en materia de libertad de expresión es la que no está escrita.

EDITORIAL