Crisis migratoria

Anoche, a las 11:59 p. m., terminó la vigencia del Título 42, norma que le permitía al Gobierno de Estados Unidos expulsar con relativa facilidad, por motivos sanitarios, a todo aquel que intentara ingresar ilegalmente al país.

Si la situación ya era azarosa y compleja en la frontera entre Estados Unidos y México –más de 2,76 millones de indocumentados de distintos países fueron abordados por las autoridades fronterizas en 2022–, con este cambio en las reglas de juego esta promete agravarse. La confusión prevalece entre los migrantes y hay ansiedad y expectativa entre las autoridades. No se puede ignorar el derecho soberano de Estados Unidos a tomar medidas ante una avalancha de ilegales del mundo. Ellas han existido y existen. El mensaje equivocado de que ahora habrá menos obstáculos para entrar irregularmente, ha llevado a que millares se agolpen hoy en los diferentes puntos fronterizos. Se espera para estos días que unas 150.000 intenten cruzar.

Ellas se encontrarán con el Título 8 y con nuevas normas de la istración Biden, que si bien pueden favorecer a quienes tienen legítimos y bien sustentados motivos para solicitar asilo, siguen implicando un riesgo muy alto de que el sueño americano termine en la expulsión. De hecho, se espera que los vuelos con personas deportadas sean la constante en estas semanas.

La migración vuelve a estar así en el centro del debate, ad portas de un año electoral en EE. UU., y es un tema que obliga a no pocos legisladores moderados, en particular demócratas, a endurecerse de cara a un electorado cuyo progresismo con frecuencia se diluye al llegar a este terreno.

Esta situación vuelve, además, a hacer visible el grave problema de la migración irregular, que es de todo el planeta y del que se alimentan poderosas redes criminales. Hasta 10.000 dólares cobran hoy los llamados ‘coyotes’ por entrar a Estados Unidos. En América Latina, la grave crisis de Venezuela ha obligado a más de 7 millones de sus ciudadanos a partir con destino a otros países.

Es fundamental que el tamaño de la crisis no conduzca a ese indeseable escenario en el que los migrantes pasan a ser solo cifras. En cualquiera de los escenarios, siempre habrá que abogar para que no se pierda de vista el elemento humano y que el trato para quienes son requeridos por las autoridades sea siempre en el marco del respeto a sus derechos fundamentales.

Es cierto, por último, que son muchos quienes prefieren la migración irregular por motivos cuestionables. A sabiendas de que se exponen a múltiples riesgos, toman decisiones equivocadas. Pero es verdad también que no son pocos quienes salen de sus hogares en busca de un futuro, en una decisión en la que poco parecen pesarles los riesgos. Es necesario que la comunidad internacional actúe coordinadamente para buscar soluciones de fondo. Estas pasan por desactivar las causas de la migración, tarea que compete a los gobiernos de los países emisores de migrantes, pero que no puede ser de ninguna manera ajena a los receptores, pues el problema afecta a ambos lados.

En ese sentido, lo acordado entre los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden para crear oficinas especiales que faciliten la reunificación familiar y la migración ordenada, es un paso en la dirección correcta.

EDITORIAL