Esta semana el Dane les dio a los colombianos una buena noticia, en especial a los de menores ingresos. Durante 2023 el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza monetaria en el país bajó a 33 por ciento, 3,6 puntos porcentuales inferior a la tasa registrada en 2022. Este dato se traduce en alrededor de 1,62 millones de compatriotas que salieron de esta condición socioeconómica el año pasado. Una cifra que mantiene la tendencia de reducción que se dio entre 2021 y 2022.
Con respecto a la pobreza monetaria extrema, la tendencia fue similar al bajar de 13,8 por ciento en 2022 a 11,4 por ciento en 2023. Esta reducción de los niveles de pobreza en Colombia –en la que se combinan los impactos de la recuperación económica pospandemia y de la política social de ayudas– constituye, sin duda, una ruta positiva. No obstante la mejora de estos indicadores, que uno de cada tres colombianos se encuentre hoy en situación de pobreza monetaria no hace más que confirmar la prioridad alta que la lucha en contra de este flagelo debe siempre tener.
El informe de la organización nacional estadística contiene unos aspectos que deberían atenderse desde el diseño y la ejecución de la política social de este gobierno y los siguientes. En primer lugar está una brecha de más de ocho puntos porcentuales entre la pobreza monetaria de los hogares encabezados por hombres y aquellos con jefatura femenina. Las mujeres –y en especial las jóvenes y las rurales– requieren un mayor apoyo del Estado para mitigar los múltiples factores que les impiden salir de esta situación. En materia poblacional, indígenas y afrocolombianos registran asimismo tasas de pobreza que superan por mucho el promedio nacional.
Aunque la política social es esencial, no sustituye completamente el impacto que el crecimiento económico desata en los ingresos de todos.
Una lectura regional de esta fotografía de la pobreza por ingresos amerita también acciones más específicas y de coordinación entre los niveles nacional y local. Si bien Quibdó experimentó una caída de 2,2 puntos porcentuales, su tasa de 60 por ciento se acerca al doble del porcentaje nacional. Villavicencio, por su parte, junto con Valledupar y Popayán, vio elevarse sus índices de pobreza en 1,8, 1,3 y 1,1 por ciento, respectivamente, en sentido contrario a la tendencia del resto de las 20 grandes capitales.
El Dane confirma en su reporte el papel crucial de las distintas ayudas monetarias que el Gobierno gira a los ciudadanos en esta reducción. Se estima que, a nivel nacional, el efecto de los subsidios y las transferencias monetarias ascendería a unos 4,4 puntos porcentuales que la incidencia de la pobreza aumentaría, si estos giros no existieran. Aunque la política social gubernamental es un componente crucial en los esfuerzos antipobreza, no alcanza a sustituir completamente el gran impacto que el crecimiento económico desata en los ingresos de todos, incluyendo los hogares más vulnerables.
Por ese motivo, Colombia requiere de forma urgente una estrategia integral de reactivación económica. La dinamización de las actividades económicas –con énfasis en aquellas con alta capacidad de crear empleos, como el comercio, las industrias y la construcción– configura en sí misma una exitosa y sostenible política de reducción de pobreza.