... Y el país sigue funcionando

Finalmente no hubo consejo de ministros. El esperado segundo capítulo del reality no se pudo emitir. La razón: no hay ministros. Todos fueron conminados a presentar su renuncia al cargo. Y como todavía no han sido nombrados los remplazos de los que lo hicieron con carácter irrevocable, y los que quieren permanecer en el cargo siguen a la espera de la decisión presidencial, el Gobierno está paralizado. Y el país sigue funcionando. Lo grave para Petro es que no pasaría nada si se tomara dos o tres semanas o, incluso, meses más para definir el nuevo equipo. Ya no importa. Si no es por el escándalo causado por el consejo de ministros y por las 51.700 personas desplazadas y más de 21.000 confinadas por los 33 días de ataques del Eln en el Catatumbo o las 3. 500 desplazadas y las más de 12.000 confinadas por el paro armado en el Chocó, que reclaman una acción de los ministros de Defensa e Interior, el país no se habría dado cuenta de que no hay ministros. Se han vuelto tan intrascendentes, pesan tan poco y son tan ineficientes que los colombianos si identifican el nombre de un ministro, no reconocen el nombre de dos o tres.

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La razón es simple. Con su manera de gobernar, Petro desplazó el poder y la capacidad de gestión del Gobierno Nacional a las alcaldías y gobernaciones. Su discurso confrontacional, su escasa disposición a apoyar a los gobiernos territoriales y la incompetencia de su equipo de gobierno fueron forzando a que los alcaldes y gobernadores tuvieran que asumir por su cuenta y riesgo la solución de los problemas que el Gobierno Nacional se niega o es incapaz de resolver en los territorios. Comenzando por la seguridad.

No solamente tienen que enfrentar el microtráfico, la extorsión y demás actividades del crimen organizado y la delincuencia común. También tienen que poner el pecho a la crisis humanitaria que atraviesan sus territorios como consecuencia del fracaso de la 'paz total', como en el Catatumbo o en Chocó (aquí hay que reconocer el apoyo excepcional y solitario a los territorios que están dando el ICBF y la Defensoría del Pueblo, en la emergencia).

Son los gobernadores y alcaldes los que están tomando las medidas y decidiendo los ajustes para evitar que el sistema de salud naufrague o que, si lo hace, el impacto sea el mínimo posible; y lo mismo en educación, infraestructura o inclusión social. Han asumido la responsabilidad de hacer las inversiones que se requieren o, por lo menos, salir a los mercados internacionales a conseguir los recursos de crédito o de cooperación internacional que les garanticen el cumplimiento de sus programas de gobierno regional y/o local.

Los gobernantes territoriales se han echado el país al hombro hasta un punto en que han dejado sin agenda a los ministros. Los han reducido a unos funcionarios de mediano nivel que deambulan con las manos en los bolsillos por los territorios, sin coordinación alguna, sin saber claramente qué hacer o qué decir. Ya no son los funcionarios de altísimo nivel que en el pasado trazaban el curso político e institucional de los sectores a su cargo y las entidades que lo conforman. Ahora son unos burócratas que por su formación y experiencia solo pueden hacer activismo político.

Antes se decía que este país no explotaba por los alcaldes y gobernadores, que eran los que neutralizaban y contenían el malestar social. Ahora hay que decir que, ante el desbarajuste del Gobierno Nacional, son los que aseguran que el país siga funcionando.

No habrá cómo agradecer a Petro: 1) Que (sin querer) haya dinamitado el centralismo, forzando el florecimiento de los gobiernos territoriales; y 2) Que (a pesar de haberse dado cuenta tarde) no se haya opuesto al acto legislativo que aumenta la capacidad de gasto de los departamentos y municipios, al incrementar su participación (del 21 al 39 %) en los ingresos corrientes de la nación. Qué paradoja, sin que lo pretendiera, Petro deja una revolucionaria transformación que descentraliza, democratiza y consolida la institucionalidad gubernamental en el país.