Un sistema, no un rompecabezas

En los últimos días se han abordado diversos temas de finanzas públicas como si fueran piezas de un rompecabezas que no encajan entre sí, pero nada más alejado de la realidad. Cada aspecto de las finanzas públicas se mueve de manera armónica dentro de un sistema que construye una contabilidad nacional única, con la cual se consolida el estado financiero del país.

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Sin embargo, el debate reciente ha tratado temas de forma fragmentada. Primero, se discute la baja ejecución presupuestal de 2024 junto con los recortes; segundo, se analiza el presupuesto de 2025 y su ley de financiamiento; y, tercero, se trata la modificación del Sistema General de Participaciones (SGP), los tres como asuntos separados. La realidad es que los tres temas forman parte de una misma estrategia de gestión pública: el manejo de las finanzas públicas de la nación.

Cuando hablamos de la ejecución presupuestal de 2024, hay dos aspectos clave que debemos tener en cuenta: la ejecución del gasto y el recaudo de ingresos. Según el Gobierno, la ejecución a octubre es del 62 %, lo que significa que, de los 502 billones de pesos presupuestados, se han ejecutado 316 billones a dos meses de finalizar el año. En cuanto al recaudo, los ingresos no han sido suficientes para financiar el presupuesto. En otras palabras, los 502 billones de pesos que se proyectaba recaudar, principalmente a través de impuestos, contribuciones y las empresas públicas, no han sido obtenidos.

Para 2025 la situación será similar y no habrá suficientes recursos para aumentar el gasto de forma inercial. Por ello son urgentes una revisión de la calidad del gasto público y una correcta ejecución del gasto social, recordando que no tiene sentido pedir más recursos para atender necesidades sociales y no utilizarlos de manera eficiente.

Finalmente, está la modificación constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP), que curiosamente, aunque busca mayor autonomía regional, durante el período 2005-2027, reduce los recursos destinados a los territorios.

Según el marco fiscal vigente, el promedio de las transferencias para este período es del 30,7 %, mientras que con la modificación del SGP, este promedio baja al 27 %, y solo a partir de 2028 se distribuirán más recursos a las regiones. Este cambio es importante para la descentralización, pero los líderes regionales deben asumir responsabilidades claras en temas de salud, educación y saneamiento básico, en áreas que hoy cubre la Nación.

La modificación constitucional del SGP debe venir acompañada de una línea general de implementación, que luego se regule por ley y permita transformar la institucionalidad, poniendo las finanzas públicas al servicio de la gente. Este cambio debe buscar un arreglo institucional más claro entre la Nación y las regiones que defina claramente quién hace qué y cómo, transferencias de capacidades a las regiones y un plan de transición de responsabilidades a 10 años con indicadores de gestión y resultados.

En definitiva, para responder a los desafíos actuales de las finanzas públicas, es necesario analizar integralmente los ingresos, los gastos, las transferencias a las regiones y la deuda, con el objetivo de atender la provisión de servicios y bienes en todo el territorio. De acuerdo con los informes de la Contraloría General de la República, si unimos los recursos de la Nación, los territorios, las empresas y las regalías, contamos con alrededor de $ 662,3 billones para atender las necesidades de 50 millones de colombianos y la operación del Estado. De estos, según la Constitución, se debe priorizar el gasto social, destinado a salud, educación, vivienda, nutrición, protección a la población vulnerable e inclusión social.