¿Pánico energético? ¿Crisis climática?

Las discusiones sobre la transición energética están sujetas a poderosos intereses ideológicos, políticos y económicos. Cada afirmación se debe analizar con pensamiento crítico (y autocrítico) para discernir entre un llamado sensato a solucionar problemas o lo que puede configurarse como pánico energético, que parece haberse erigido como instrumento de desestabilización, particularmente desde el 7 de agosto de 2022. En Colombia, estos debates han cobrado relevancia y muchas veces las afirmaciones sobre el estado del sector energético reflejan más prejuicios que realidad, y más pasiones que datos.

Este sector ha tenido victorias y avances, fundamentalmente en las dos décadas posteriores a la Ley 143 de 1994. Pero la realidad viene mostrando alertas desde hace años, lo que es natural, porque las reglas de mercado se crearon cuando el cambio climático se veía lejano, las energías renovables no hacían parte del mapa y la energía descentralizada no estaba en las discusiones. Así, embriagados por los avances, nos quedamos con el chip de los años 90.

El sector energético no responde a las necesidades actuales. Lo que vivimos hoy es resultado de decisiones tomadas hace cinco, diez o más años, ya que los proyectos energéticos requieren tiempos prolongados de desarrollo. Una línea de transmisión difícilmente demora menos de cuatro años en entrar en operación, mientras que muchos proyectos de generación de mediana o gran escala pueden tomar más de cinco años; en el caso de los hidrocarburos, el tiempo para alcanzar la etapa de comercialidad oscila entre seis y ocho años. Así, si las reservas de gas natural han declinado un 58 % desde 2012, no es precisamente por culpa del presidente Gustavo Petro.

La vulnerabilidad ante el cambio climático es muy alta, y nuestra electricidad depende mayoritariamente del agua, que es cada vez más escasa. Al analizar la evolución de los aportes hídricos que llegan a los embalses y compararla con la demanda promedio diaria, vemos que cada vez es más frecuente y acentuado el déficit de cubrimiento total de dicha demanda. Mientras que entre 2000 y 2014 nunca se llegó a un déficit promedio anual de 40 GWh-día, entre 2015 y 2023 se superó dicho umbral tres veces, y serán cuatro si no llegan las lluvias este 2024. En épocas de sequía, esa escasez hídrica nos lleva a depender de plantas térmicas, cuyas emisiones contribuyen —paradójicamente— al mismo cambio climático que agrava la crisis hídrica. Apostar por recursos cada vez más escasos o fósiles, minimizar el problema o aplazarlo son formas sutiles de negacionismo climático.

Aun así, Colombia está afrontando este panorama. La inclusión de energías renovables ha alcanzado los 1,8 GW de capacidad instalada entre proyectos en operación comercial y en pruebas. Y la descentralización energética ha promovido la creación de comunidades energéticas que permitirán un mayor y la participación local en la generación y distribución de energía, disminuyendo la presión sobre la infraestructura eléctrica.

La reciente 'Misión Transmisión' de la UPME busca actualizar el sistema de transmisión nacional. Este conjunto de obras no solo resolverá problemas en regiones históricamente afectadas —como Chocó o Norte de Santander—, sino que también posicionará a Colombia como el tercer país en América Latina en modernizar su red de transmisión con compensadores síncronos. Esta tecnología se instalará en el Caribe y permitirá mejorar la calidad del servicio, integrar más energías renovables al sistema y amortiguar la intermitencia de dichas fuentes. Además, se están adjudicando auditorías para obras estratégicas del sistema de transporte de gas natural, algunas de las cuales fueron adoptadas desde 2017, pero cuyo desarrollo no tuvo la atención y la celeridad necesarias.

Colombia está en camino de democratizar el y la propiedad de la energía, impulsada por fuentes renovables que no están sujetas a la geología ni amenazadas por tensiones geopolíticas. Esto no solo es una cuestión técnica; es una cuestión de justicia social y futuro. El carbón, el gas natural y el petróleo tienen dueños, el viento y el sol, no.

El pánico energético no debe ser el motor que guíe nuestras decisiones. Tenemos los recursos, las instituciones y los avances necesarios para construir un sistema energético resiliente y sostenible. Si no hubo apagón en el intenso Niño que acabamos de superar, es porque contamos con los recursos y la coordinación suficientes para responder ante fenómenos extremos. Aún tenemos margen, pero se nos agota el tiempo para corregir el camino.