También sube el impuesto inflacionario

En nuestra primera columna del año advertimos que la inflación sería tema grueso en el 2022. Luego, en abril, sugerimos que todas las autoridades se pellizcaran, frente al incremento del nivel general de precios, y evitaran que todo el ajuste se le cargara a la política monetaria, al punto de poner en riesgo el crecimiento de la economía. Sería lo peor que nos podría pasar.

Entrado el nuevo gobierno, el resultado es desalentador: al cierre de agosto, la inflación anualizada es la más alta de este siglo (10,84 por ciento), con el agravante de que la inflación de alimentos se desbordó (25,6 por ciento). Y ni qué decir del costo de la electricidad, que crece al 26 por ciento. Los hogares la están pasando mal, en particular los más vulnerables.

No sabemos qué está haciendo en este frente el equipo económico que, por ahora, está concentrado en aumentar los impuestos. Hay que llamar la atención sobre esta realidad, porque si bien el Banco de la República es la autoridad encargada de hacer efectivo el principio de la moneda sana, no es el momento de atacar la inflación solamente a punta de incrementos de las tasas de interés.

La teoría económica indica que cuando la inflación es producto de una demanda creciente, hay que contraerla disminuyendo el nivel de dinero en circulación y aumentando los intereses. Pero no pasa necesariamente lo mismo cuando la inflación es de oferta, como ocurre hoy en día, por la coyuntura de una economía global desabastecida y costosa.

Aun así, hay que subir las tasas de interés, como lo ha venido haciendo responsablemente el Emisor, pero no al punto de que termine estrangulando la economía. Aunque hay voces de economistas en todo el mundo que consideran que frente a la actual patología de la inflación, habrá que inducir necesariamente una recesión. Sería desastroso. Por ello deberíamos esperar que, además de la política monetaria, actúe sin tardanza la política económica.

Por ejemplo, frente al valor de los alimentos, no se ven medidas gubernamentales que le hagan frente al fenómeno. El campo y la agroindustria están a la espera de insumos y fertilizantes a precios moderados. Hay que diseñar, además, un programa que potencialice las futuras cosechas, a través de medidas sectoriales. Y, como Colombia es importador neto de alimentos, la mayor contribución a la reducción de los precios de la comida será definir, de una vez por todas, la política petrolera y si serán razonables los nuevos impuestos, para que la incertidumbre económica no siga presionando la tasa de cambio.

No menos grave es el costo de la electricidad, por el cual empieza a escucharse de movilizaciones populares. Nadie puede esperar que baje, interviniendo tasas de interés. Lo que está pasando es producto de la fórmula tarifaria vigente, en la que el 60 por ciento de este está asociado al sistema de generación, cuya remuneración –atada al IPP– ha subido un 40 por ciento en el último año, no obstante que sus insumos no son energéticos, sino hídricos. Esto ha producido una transferencia inequitativa de rentas de los consumidores a las empresas generadoras de energía, cuyas utilidades prácticamente se han duplicado durante el primer semestre. Hay que actuar, sin causar desarreglos institucionales.

Por lo demás, algo hay que hacer para evitar la espiral inflacionaria que produce el aumento anual del salario mínimo, justo cuando se habla de incrementos delirantes para el próximo año. Debería promoverse una ley que resuelva este problema. Mañana puede ser tarde, porque son muchos los precios que están indizados al salario mínimo.

Para colmo, en esta coyuntura tiene que resolverse el problema del costo de la gasolina. Si se deja de subsidiar, para sanear las finanzas públicas, se impactaría gravemente la inflación. Hay que actuar con imaginación. Por ejemplo, con buen éxito, Biden le quitó los impuestos federales a la gasolina. Entre nosotros, una cuarta parte de lo que paga el consumidor en las estaciones corresponde a cargas fiscales. Hay que bajar el impuesto inflacionario.

Taponazo. El domingo pasado revivió en Chile la Constitución democrática del presidente socialista Ricardo Lagos (2005).

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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