¡Más acción ciudadana contra la corrupción!

En lo personal, después de muchos años de trabajar en el sector privado, decidí pasar a servir a Colombia desde el sector público, con la motivación, entre otras, de acabar con la corrupción, como muchos otros lo han intentado.

No obstante los esfuerzos por cambiar las costumbres políticas, promover la meritocracia, hacer más transparentes y democratizar los partidos políticos, procurar terminar los feudos regionales y el nepotismo existente, sin embargo, el cáncer sigue ahí y enfrentarlo requiere más apoyo a la justicia y un Estado fuerte que estimule la acción ciudadana para hacer veeduría, utilizando las herramientas del Estado abierto.

En el 2018 acordé con el Presidente liderar la Secretaría de Transparencia desde la Vicepresidencia, para enfocarnos en la prevención de la corrupción. Parte de la estrategia culminó con la expedición de la Ley 2195/22, respaldada por 25 entidades que conforman la Comisión de Moralización. Nuestra gestión dejó 9 leyes, 1 Conpes, 1 acto legislativo, varios decretos y circulares alineados con los más altos estándares internacionales anticorrupción; así como pactos por la transparencia con 50 gremios del sector privado y todas las cámaras de Comercio del país.

No es cierto que esta istración no cuente con herramientas suficientes, ni que tenga que comenzar de cero a construir una política pública de transparencia en el país. Dejamos suficientes instrumentos que en su momento obtuvieron el reconocimiento internacional en la Ocde y otros escenarios. Lamentablemente, tras casi dos años, no se han implementado por este gobierno. Parte de las acciones innovadoras fue la identificación de los beneficiarios finales en la contratación pública, separar la información de cada contrato cuando hay varios con un mismo contratista, asignar responsabilidad a personas jurídicas por casos de corrupción, exigir reparación a la víctimas, requerir programas de transparencia tanto en entidades públicas como privadas e implementar la actividad de los oficiales de compliance en las distintas entidades, siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales.

El adanismo de la política anticorrupción anunciada la semana pasada desconoce las herramientas legales existentes, carece de indicadores y seguimiento, desmantela el sistema de compliance, deja a cada entidad definir su estrategia y no motiva la participación ciudadana.

La ciudadanía debe reinventar la forma de actuar para poner jaque mate a la corrupción, sin depender del gobierno de turno. ¡Hay por lo menos tres frentes claves de acción!

1. Implementar programas de transparencia y ética en el sector público y privado mediante el Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

2. Promover la participación ciudadana para un eficaz a la información abierta. Por ejemplo, el Secop y el Conpes 4070 habilitan supervisar los procesos de ejecución.

3. Inculcar ética e integridad desde temprana edad, ya que la aplicación de la ley no ha sido suficiente para prevenir la corrupción.

Es vital reactivar el Portal Anticorrupción, Inac, Rita y la Red de Observatorios anticorrupción que establecimos con la academia para prevenir y colaborar con el sector privado y la sociedad civil. El verdadero compromiso para acabar la corrupción empodera a los ciudadanos para revisar información y denunciar.

¡Los mecanismos ya existen! Aplicarlos depende de voluntad política. Ha habido mucha retórica y poca acción, como el dicho: “Puro tilín, tilín, y nada de paletas”. Hecho que apaga la esperanza de cambio por la que votaron muchos colombianos y nos ha colocado en perspectiva negativa en varios indicadores internacionales.

Nota: sugiero la lectura del informe de gestión de la Vicepresidencia de la República 2022.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ

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