La demagogia ambientalista

La termoeléctrica de Zipaquirá es una de las fuentes de mayor contaminación del país. Y está funcionando a plena capacidad. Cada mes produce 90.000 toneladas de CO2, la misma cantidad que produce Bogotá cada 3 días. Más de un millón de toneladas al año. Todo por cuenta de que el gobierno Petro y sus antecesores no han sido capaces de gestionar adecuadamente los proyectos o, como ahora, no han querido avanzar en los trámites istrativos que se necesitan para expedir las licencias ambientales requeridas para terminar la construcción y poner en marcha los nuevos proyectos de transmisión eléctrica que necesita el país. 

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Es lo que sucede con las líneas de transmisión Chivor-Norte, que desde 2015 debía estar transportando una capacidad de unos 400 megavatios, y la de Sogamoso-Nueva Esperanza, que desde 2017 debía transmitir unos 1.000 megavatios para Bogotá y su área de influencia. Pero a la fecha no han podido entrar en operación. El Ministerio de Ambiente no ha querido tomar la decisión de sustraer un terreno de la reserva forestal (proporcional a una hectárea de tierra) que permita expedir la licencia ambiental requerida para poner las torres y tender los cables que transportan la electricidad desde su lugar de generación hasta los puntos de consumo. De las 300 torres que faltan, el problema está en 17 que están en la zona de reserva (si cada torre implica unos 16 metros cuadrados, estamos hablando de unos 300 metros cuadrados comprometidos).

El problema no sería grave de no ser porque esa decisión tiene a Bogotá y buena parte de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta al borde de una crisis eléctrica. Como se sabe, la demanda por energía eléctrica en esta región del país ha llegado a alcanzar picos de 3.100 megavatios, mientras que el sistema no tiene capacidad para mover más de 3.500 megavatios. Y sin los nuevos proyectos no hay a posibilidad de aumentar de una manera importante. Los expertos calculan que la demanda por energía eléctrica subirá a 3.350 MW para 2025 y llegará al tope de los 3.500 MW para 2026. Es decir, para 2027 el país tendrá que entrar en un periodo de racionamientos.

El discurso de descarbonizar las economías y transitar hacia un esquema de energías limpias del gobierno Petro tendría en este tipo de proyectos un escenario ideal para ponerlos a funcionar y mostrar al mundo que el compromiso se está cumpliendo. Sin embargo, en el Ministerio de Ambiente la última solicitud de sustraer las tierras de la reserva del proyecto Chivor lleva un año y diez meses sin ser respondida (la ley establece un plazo máximo de 30 días hábiles). Igual el proyecto Sogamoso que, después de haber perdido 5 años para sacar una licencia que se debió demorar 90 días (por cuenta de la politiquería y de un proceso judicial en los gobiernos Santos y Duque), se ha tomado un año y seis meses para responder una solicitud y dejar pendiente otra.

Pareciera que el problema está en el complejo esquema que se diseñó para gestionar la aprobación de las licencias ambientales para este tipo de proyectos. Pero no. El problema es político. En realidad, si hay voluntad política, las trabas istrativas y las complejidades se superan con facilidad. No me cabe duda de que (así como en los retrasos en los giros a la infraestructura en Antioquia, los pagos a la salud o las transferencias a la educación superior) con la parálisis de las licencias el Gobierno le está pasando la cuenta de cobro por los enfrentamientos que Petro está sosteniendo con el alcalde Galán. No hay otra explicación.

Resulta difícil aceptarlo. Pero ante la perspectiva de un racionamiento eléctrico, además de los costos económicos y sociales, los bogotanos verán cómo se retrasan la construcción del metro, el proyecto Regiotram de Occidente y la reconversión de los buses de TransMilenio a vehículos eléctricos en su totalidad. Para Petro es preferible el activismo de las denuncias y no el tecnocratismo de las soluciones. No importa que eso implique tener encendida una planta que produce un millón de toneladas de gases de efecto invernadero al año.

*Profesor titular Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional