El largo debate de la reforma tributaria

Con bastante regularidad los colombianos se enteran de la creación de nuevos impuestos o del aumento de los ya existentes. En diciembre de 2018, por ejemplo, se anunció un incremento de tasas considerable del IVA, a pesar de que el candidato Iván Duque había prometido en campaña reducir las cargas tributarias. Aunque a la postre la medida no se adoptó, sí se redujeron los gravámenes a los grandes capitales con el ánimo de incentivar la inversión y generar empleo. Sin embargo, los resultados a junio de 2019 no son los mejores: la tasa de desempleo subió a dos dígitos, ubicándose en 10,4 %, lo que no se veía desde 2012; además, hace pocas semanas, el director del Banco de la República demostró que la economía se encontraba estancada. Para cerrar con broche de oro, la reforma tributaria, o mal llamada ‘ley de financiamiento’: el gobierno nacional intentó llenar el hueco que provocaron las exenciones a los ricos con un impuesto de renta más alto para la clase media.

Si nos remontamos 200 años atrás, nuestra preocupación e indignación por las cuestiones fiscales adquieren aires burlescos. A pesar del tiempo transcurrido, los debates en torno a la inequidad en el cobro de impuestos y a la edificación de un sistema impositivo más justo son idénticos. Los protagonistas decimonónicos de la cuestión no son otros que el secretario de Hacienda José María del Castillo y Rada y su sucesor, José Ignacio de Márquez.

Antes de la independencia, el rasgo sobresaliente del sistema de impuestos colonial eran los monopolios a la producción del tabaco y aguardiente, y las alcabalas. Hoy en día, los estancos siguen siendo parte fundamental de las rentas departamentales y la alcabala de nuestro tiempo –el IVA– sigue siendo la clave para suplir las necesidades del Estado en tiempos de crisis. Dicho de otra manera, poco o nada ha cambiado. Teniendo en mente esta estructura fiscal, el secretario de Hacienda de la República de Colombia, José María del Castillo y Rada, quien ocupó el cargo entre 1821 y 1828, se dio la pela por derogar la alcabala y los estancos, pero solo logró la extinción del primero de estos impuestos, en 1821, y su remplazo por una “contribución directa” que consideraba más justa que las odiosas cargas coloniales.

La contribución directa era el pago de una suma proporcional a la cantidad de ingresos anuales de un ciudadano o al valor de sus propiedades inmuebles o de sus capitales. Equivalía, entonces, al impuesto de renta, catastral y del patrimonio actual. Pretendía, por lo tanto, distribuir la carga de forma equitativa y no de manera igualitaria: un rico pagaría más que un pobre; pero en términos proporcionales, el pago de los dos sería el mismo. Por el contrario, la alcabala era pagada por igual entre ricos y pobres, lo que la hacía inequitativa, como lo es el odioso IVA. Un ejemplo sencillo nos permitirá comprenderlo: si un rico paga $ 100, en la actualidad, por el IVA de cualquier producto y un pobre paga lo mismo, obviamente al rico le ‘dolerá’ menos pagarlo. En cambio, con el impuesto de renta, si alguien con ingresos de siete millones de pesos al mes paga tres millones, le ‘dolería’ igual que a quien gane 800.000 pesos al mes y pague 34.000 pesos al año por dicho gravamen. La idea de Castillo y Rada no podía ser más clara y justa.

A pesar de ello, los obstáculos para la aplicación de la medida aparecieron desde el comienzo. En primera instancia, en la Colombia de aquellos años no existía un catastro actualizado que reportara el nombre de los propietarios y la extensión y el valor de sus bienes. Resulta comprensible que para aquella época el catastro no estuviera actualizado; hoy en día resulta mucho menos comprensible, incluso inverosímil, que el catastro de nuestro país no esté actualizado. Por otra parte, los grandes contribuyentes empleaban diversas estrategias de ocultamiento que permitían esconder el monto de sus capitales, sus propiedades e ingresos anuales. Una acción relativamente sencilla, pues la contribución era cobrada por una junta local que regularmente estaba conformada por allegados, familiares o por los mismos grandes contribuyentes.

Ante tales obstáculos, en 1828, el proyecto se echó por la borda y la contribución directa fue derogada, resurgiendo en su lugar la alcabala con renovados bríos. El argumento para justificar la medida fue el de siempre: la contribución directa enfriaba la industria porque generaba inseguridad en la inversión de capitales, además de ser odiosa porque obligaba a las personas a poner en conocimiento de las autoridades el monto de su riqueza. José Ignacio de Márquez expresó estos argumentos en su memoria como secretario de Hacienda, en 1831, que invito a leer, pues es casi idéntica a la exposición de motivos de la pasada reforma tributaria.

La contribución directa se intentó revivir en varias oportunidades durante el siglo XIX, esfuerzos que solo rindieron fruto de manera permanente con el establecimiento definitivo del impuesto de renta en 1923. A pesar de ello, en Colombia la participación de los impuestos directos sobre los indirectos nunca ha sido mayoritaria. Tan solo en la década de 1950 con el gobierno de Rojas Pinilla se acarició la esperanza de que ello sucediera, pero en las décadas del 70 y 80 se esfumó dicha posibilidad, dejando como amo y señor del recaudo nacional al odioso IVA, de modo que nuestro sistema de impuestos actual es tan injusto e inequitativo como el colonial ¿Después de 200 años de independencia, no valdría la pena intentar algo distinto a lo propuesto por José Ignacio de Márquez para hacer crecer la inversión y bajar el desempleo?

José Joaquín Pinto Bernal es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y profesor asociado de la Universidad del Tolima.

*La columna bicentenaria es un proyecto colectivo coordinado por los profesores Daniel Gutiérrez (Universidad Externado) y Franz Hensel (Universidad del Rosario), en el que científicos sociales buscan dar perspectiva al bicentenario que se celebrará con motivo de la batalla de Boyacá y la creación de la República de Colombia.