Nada más dañino y cercano a una tiranía que una falsa democracia en la que desde el Ejecutivo se controlan las otras ramas del poder público. Se aniquila, en esos casos, uno de los principios fundantes del modelo republicano democrático, valga decir, la separación de poderes.
Cuando las fronteras que garantizan la separación de poderes se rompen, los ciudadanos y la democracia misma se hacen vulnerables ante la voluntad hiperpoderosa de un cuasidictador disfrazado de demócrata, tal como está ocurriendo en varios países, en las que un mandamás sentado en una silla presidencial se devora las competencias de las otras ramas y procede como los tiranos de otros tiempos, imponiendo su arbitraria, torcida y corrupta voluntad.
En Colombia eso no está ocurriendo y, gracias a algunos desarrollos recientes, nos queda claro que tampoco estamos cerca de que ocurra.
Algunas evidencias recientes: Gustavo Petro concurrió respetuoso a la instalación del Congreso. El Senado derrotó a la candidata del Gobierno para presidir el Congreso. La Cámara eligió a un hombre cercano al Gobierno. El Fiscal General se expresa con libertad acerca de asuntos vitales para la Nación.
Y hay más, muy importante: Una vez firmado por todos los magistrados y registrado, esta semana pudimos conocer el histórico auto 272 de 2023, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que abre la puerta para suspender provisionalmente leyes cuando, por ejemplo, la ley es prima facie, evidentemente violatoria de la Constitución y su entrada en vigor causa efectos irreversibles e irreparables.
Da gusto leer esa providencia. Es toda una joya de la argumentación jurídica que permite, con fundamento en el principio de la supremacía constitucional, taponar la dañina costumbre de pupitrear leyes inconstitucionales cuando existen tórridos acuerdos entre congresistas y gobernantes, para que surta dañados efectos mientras la Corte la tumba.
Y ahora que entró en la recta final la preparación del importante encuentro de la jurisdicción contenciosa que se llevará a cabo en Bucaramanga en agosto con la impronta ambiental que le imprime el laborioso vicepresidente del Consejo de Estado, Óscar Darío Amaya, pertinente es recordar el importante fallo reciente con ponencia del consejero de Estado Roberto Serrato, acerca de la suspensión del decreto relativo al otorgamiento de competencias tarifarias al Presidente en materia de servicios públicos.
Alto y claro. Las altas cortes son hoy guardianas leales de la democracia colombiana y la defensa de su independencia debe ser tarea de todos los ciudadanos. Bien lo dice con gracia el jurista Jorge Portocarrero, conjuez del Consejo de Estado: “La independencia de poderes es al Estado de derecho y a la democracia lo que la emulsión de Scott a los niños... permite que crezca sana y fuerte”.
Por esa misma razón es tan importante la elección del senador Iván Name como presidente del Congreso, dejando atrás la aplanadora de corta vida que había montado Roy Barreras y derrotando a una candidata tan fuerte, apoyada por el Gobierno, visible y respetable como Angélica Lozano. Eso hace más grande la hazaña del senador Name, quien se ha distinguido por ser un hombre equilibrado, respetuoso, cordial, reflexivo y sensato.
Ante la compleja agenda planteada por el Gobierno y las cargas de profundidad incorporadas en algunos proyectos, resultarán cruciales el sentido de la concertación, el talante democrático y la capacidad de escuchar sin arrebatos todas las voces, que son propias del senador Name. Dios lo acompañe.
Se inicia así una de las legislaturas más complejas de la historia con cada loro en su estaca. Ojalá, tras la derrota en Senado, no se reciclen las épocas nefastas de los gobiernos corruptores que compran votos parlamentarios con puestos y contratos. Ojalá prime el bien público como criterio rector para la aprobación de proyectos. Y ojalá podamos presenciar debates con altura, donde el bienestar de todos los colombianos prime sobre fanatismos ideológicos, insensateces, arrebatos politiqueros o componendas corruptas.
JUAN LOZANO