Reforma política hechiza

El Congreso le ha hecho más de 60 reformas a la Constitución del 91. Entre ellas no hay pensamiento rector, hilo conductor o visión concreta de lo que son o deben ser el Estado y el propósito de estructurar nuevos sistemas políticos o formas de gobierno. Volvió colcha de retazos nuestro ordenamiento superior. Veinticinco de esas reformas se han ocupado de la que llaman reforma política o tratan temas propios de esta. Están contenidas en los actos legislativos 03 de 1993, la primera, y 02 de 2021, la última. Pero la vida política del país en vez de mejorar con los cambios que se le han hecho se ha deteriorado cada día más. No se ha modernizado ni democratizado, la mayoría de la opinión considera que su origen y prácticas son ilegítimos.

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Además, en ella imperan el clientelismo, la politiquería, los malos manejos y la corrupción. Esta es la razón para que periódicamente se expidan reformas que oficialmente se dice serán solución a problemas conocidos y que terminan empeorando aún más las situaciones que se esperaban corregir.

Lo anotado ocurre básicamente por dos grandes razones. La primera, porque las citadas reformas las hace, libre y autónomamente, el Congreso, integrado mayoritariamente por los partidos. Y la segunda, porque quienes presentan, promueven y aprueban los respectivos proyectos aprovechan la ocasión para legislar a su favor, para mejorar sin reserva ni escrúpulo el estatus y la condición de esos partidos y los congresistas que los dirigen y manejan.

Los gobiernos que coincidieron en el tiempo con el Congreso cuando se aprobaron las referidas reformas son igualmente responsables de lo sucedido porque ejercieron su función colegisladora presentando los proyectos que juzgaron necesarios y participaron en los debates o porque guardaron silencio cuando debían hacerse presentes en las cámaras.

Ahora se tramita la que sería la vigésima sexta reforma política, cuya suerte se definirá a partir del próximo 16 de marzo. Según el texto aprobado en primera vuelta, estas serían sus principales disposiciones. Quienes hayan sido elegidos popularmente solo podrán ser sancionados cuando a ello hubiere lugar mediante sentencia judicial dictada en proceso penal o de pérdida de investidura. Nadie podrá ser elegido para más de tres periodos consecutivos en cada una de las corporaciones públicas de elección popular. Los partidos deberán presentar sus candidatos a cuerpos colegiados en listas únicas cerradas y bloqueadas. Aumenta tanto el poder y las atribuciones de los partidos que crea verdadera partidocracia. Incrementa de manera apreciable la financiación que hoy reciben los partidos del Estado, que queda obligado a asumir el 100 % de lo que valgan sus consultas internas y los gastos publicitarios de sus campañas, todo lo cual pagará anticipadamente el tesoro público.

Tiene por ello elevados costos fiscales que nadie ha cuantificado. Ignora el tema territorial. Olvida que la mayoría de municipios y departamentos cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas, y son feudos podridos. No ocurre así porque la descentralización genere ese tipo de situaciones, sino porque la clase política nacional se apoderó de las entidades territoriales, las convirtió en cotos de caza de sus ambiciones, pues las gobernaciones y alcaldías tienen poder burocrático, contractual y presupuestal.

El Congreso no considera que sin reforma política territorial no habrá reforma política nacional, porque no puede atentar contra los intereses de los partidos y sus dirigentes, que definen el contenido de la reforma que necesitan. Conviene agregar también que la vigencia del proyecto comentado exige una ley estatutaria que demanda tiempo.

JAIME CASTRO