Esta vez, ‘es la seguridad, estúpido’

Cada vez que la inseguridad aumenta en una ciudad colombiana, la culpa siempre es del alcalde. Poco importa que sea un fenómeno nacional, que las bandas criminales se armen sin problema en todo el país, que la impunidad reine en los juzgados o que la Policía solo obedezca directrices del Gobierno central. Para la opinión pública, si hay más atracos, más homicidios o más extorsión, es porque el alcalde “no está haciendo nada”.

Pero la seguridad en Colombia no funciona así. Los alcaldes no manejan la Policía, no controlan la justicia ni deciden qué delitos se priorizan. Son articuladores, pero las decisiones de fondo las toman el Gobierno Nacional, la Rama Judicial y el Congreso.

La Policía Nacional es un cuerpo centralizado que responde a quien lo nombra, asciende o destituye: el Presidente a través del Ministerio de Defensa. Los alcaldes no pueden ordenar operativos, reasignar recursos ni cambiar comandantes. Los jueces y fiscales son parte de entidades nacionales de la Rama Judicial. Los alcaldes no pueden asignar fiscales ni decidir qué delitos se prioriza, la Fiscalía es autónoma y define qué investiga y qué no. Puede enfocarse en unos delitos y dejar otros en un segundo plano, sin que el alcalde pueda intervenir.

El Congreso y el Gobierno Nacional son los que deciden el presupuesto y la política criminal. Mientras la Policía recibe órdenes de Bogotá y la justicia está colapsada con miles de casos acumulados, ¿cómo se espera que un alcalde tenga el control real de la seguridad?

Más del 80 por ciento de los homicidios, atracos y extorsiones en Colombia se cometen con armas de fuego ilegales. Sin embargo, en lugar de atacar este problema, el Estado ha restringido la tenencia legal de armas mientras ha descuidado el porte ilegal, el tráfico de armas clandestinas y su uso en crímenes.

El porte ilegal de armas tiene una pena mínima de 9 años de prisión, pero las condenas son mínimas. Ser capturado con un arma ilegal no tiene consecuencias reales, y por eso los delincuentes siguen portándolas sin miedo.

El Gobierno Nacional y el Congreso no manejan directamente jueces ni fiscales, pero sí controlan las leyes, la política criminal y los recursos de la justicia. Por eso deberían declarar una guerra frontal a los delitos violentos con armas de fuego y al porte ilegal, priorizando su investigación y judicialización con rapidez.

También deben asignar presupuesto para un mayor número de jueces, investigadores y fiscales dedicados a estos delitos, dotándolos de leyes y procedimientos que hagan la justicia más eficaz.

Además, es necesario construir cárceles de mínima y mediana seguridad en zonas rurales y revisar las penas para que sean efectivas.

Si queremos ciudades seguras, hay que cambiar la conversación. El alcalde puede presionar capturas, pero no condenar delincuentes. Puede pedir más policías, pero no decidir cuántos le asignan. Puede identificar patrones criminales, pero no ordenar judicializaciones prioritarias.

Si el Gobierno Nacional, el Congreso y la Rama Judicial no hacen de la lucha contra las armas ilegales una prioridad, la inseguridad persistirá. Es hora de exigirles que asuman su responsabilidad y prioricen la seguridad de los colombianos.

JAIME PUMAREJO

Exalcalde de Barranquilla