¿De qué ha servido la cobardía?

No quiero ni pensar lo que podría llegar a ocurrirle a este país si Gustavo Petro se sale con la suya al imponer las tales "alocuciones presidenciales" semanalmente. Porque ni alocuciones presidenciales son. Es muy importante comprender que en este punto se siembra una gran mentira. Ya la Corte Constitucional definió claramente qué características mínimas debe cumplir una alocución presidencial para que efectivamente sea alocución. Alocución no es cualquier cosa. No toda intervención presidencial puede catalogarse como alocución presidencial. Solo en la ignorancia supina de este gobierno pudo parecerles que retransmitir una perorata en Chicoral es alocución presidencial, que retransmitir un consejo de ministros es alocución presidencial. De milagro no ha sometido al país a la retransmisión de su agenda privada.

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De acuerdo con la Corte Constitucional, una alocución presidencial, para que lo sea, debe cumplir como mínimo con dos requisitos: La presencia en presente del Presidente de la República, en presente, exclusiva y personal, claro está. No es que porque el Presidente está en un evento cualquiera o trabajando con sus ministros se cumpla, entonces, el requisito del carácter personal, intuitu personae que exige la Corte. Y segundo, el requisito del carácter urgente de la comunicación. No se trata de que el Presidente pueda acudir a la figura de la alocución presidencial cada vez que le parezca y porque sí. La urgencia, como criterio, ha venido siendo construida en sendas definiciones jurisprudenciales, de tal suerte que urgencia tampoco es cualquier cosa.

Una obsesión presidencial no es lo mismo que una urgencia nacional.

Por cuenta del abuso que Gustavo Petro está haciendo de la institución de la alocución presidencial estamos llegando a una nueva figura que no tiene ni pies ni cabeza: la que podríamos llamar la "alocución gubernamental". En la que no solo tenemos que aguantarnos las peroratas de Gustavo Petro, alusivas a Aureliano, sino las desapacibles y mendaces exposiciones de cuanto funcionario de primera, segunda o tercera se les ocurra incluir en el guion para convencer al país de que este es un gran gobierno, con un gran presidente y de que cualquier cosa que falle es culpa de todos los gobiernos anteriores o de sus enemigos, pero nunca del Presidente.

Cada vez que un presidente acude a una alocución presidencial se afectan derechos. Se afectan derechos de la sociedad como el derecho de los ciudadanos al libre a la recreación y la cultura. Se afectan derechos de las empresas de comunicaciones en tanto se altera el cumplimiento de sus compromisos comerciales en los horarios específicos y también, y más importante, se afecta el derecho de los ciudadanos al libre a una información objetiva, veraz e imparcial. Y lógicamente si esa figura se usa constantemente esos derechos se ven constantemente afectados.

Al fin y al cabo, una alocución presidencial expone el punto de vista del Presidente sobre determinado tema y lo hace con el despliegue de unas ventajas únicas frente a las opiniones contrarias. Se trata del ejercicio de un poder muy superior incluso a otras competencias presidenciales. De allí que el cumplimiento de los estrictos criterios señalados por la Corte Constitucional sea lo que garantiza que el ejercicio de ese poder se convierta en una comunicación democrática entre el gobernante y los ciudadanos y no en un abusivo instrumento de propaganda oficial.

A pesar de lo grave de la situación, los ciudadanos debemos entender que sí hay instrumentos jurídicos para defender la democracia de este atropello. No se trata entonces de un "apague y vámonos", sino de que los partidos de oposición y las empresas concesionarias de comunicaciones se amparen en las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que limitan y aclaran la figura de la alocución presidencial. Allí disponen de todo para frenar el abuso. De lo que se trata es de actuar con valentía. ¿De qué serviría, una vez más, la cobardía?