El verdadero papel del Estado en la concertación laboral

Dictaré la última clase en la especialización en Derecho Laboral en la universidad, por este año. Leyendo la prensa con la avidez con que lo he hecho día a día a lo largo de la cuarentena (buscando luces al final del túnel para poder transmitir a mis alumnos el papel del derecho laboral en este momento único e irrepetible) me alarmó el contenido de la entrevista central de la edición dominical.

Cuál fue mi sorpresa al encontrar el gran titular de una entrevista al ministro del Trabajo que decía lo siguiente: “Todas las medidas laborales deben ser concertadas entre trabajadores y empresas”. La primera pregunta que me hice fue si el señor ministro tiene clara la noción de concertación que corresponde al Estado en las relaciones laborales.

Me acordé entonces de que, en las raíces del nacimiento del derecho laboral, se asignó al Estado un papel protagónico en la relación laboral (empleadores y trabajadores), y desde entonces se dice que la relación laboral es una relación triangular en la que el Estado tiene un papel determinante para comprender, armonizar y definir las reglas que permitan la coordinación económica y el equilibrio social.

Concertar, en la acepción más acorde con el derecho del trabajo, significa “traer a identidad de fines o propósitos cosas diversas o intenciones diferentes”. Lo anterior se traduce en que quienes representan a la sociedad en un Estado social de derecho tienen el deber, en cuanto a relaciones laborales se refiere, de adoptar las normas y medidas que mejor contribuyan a los fines de la justicia en las relaciones de trabajo. Esa misión de los representantes gubernamentales no puede ser la misma en tiempo de normalidad o bonanza que en los tiempos de crisis, y eso es lo que parece no tener claro el mensaje del señor ministro en la entrevista.

Hasta ahora, el Ministerio del Trabajo ha expedido dos circulares (021 y 033) en las cuales no ha asumido el papel que le corresponde según hemos dicho antes y, por el contrario, ha asumido una actitud más policiva que de concertación, como lo demandan las circunstancias.

Todavía es tiempo, en el inicio de esta segunda emergencia, para adoptar las medidas que corresponden. El tejido empresarial del país hay que salvarlo en bien de toda la ciudadanía y, por supuesto, de los trabajadores; pero no es dejando a las partes como responsables, sino liderando las medidas como se adoptan, en situaciones tan graves como las actuales, las soluciones adecuadas.

Más que préstamos o subsidios, el sector laboral necesita medidas de choque para sobrevivir, entre las cuales, además, hay que prever una reactivación gradual. Las empresas no pueden reasumir el ciento por ciento de sus costos laborales a partir del fin del aislamiento. El sector laboral no se prende y apaga como un switch.

Por último, el ministro fue interrogado sobre la perspectiva de una reforma laboral, y en sus respuestas sobre causas estructurales que hacen necesaria la reforme faltó la más importante: la necesidad de un régimen laboral que acoja a esa inmensa población de informales para los que el Código Sustantivo del Trabajo no existe. Entre ellos, los trabajadores del sector rural. Las leyes actuales regulan el trabajo en el campo como si se tratara de una ‘oficina verde con vacas’, olvidando las particularidades de un sector vital para nuestro país, inundado de informalidad.

Señor ministro, todavía hay tiempo para salvar el sector laboral de Colombia.

Carlos Hernán Godoy Fajardo

Socio fundador de Godoy Córdoba abogados