Prohibicionismos provechosos

La agitación del pánico que, en los días previos al 28 de abril fue promovida con alcances delirantes, como una lluvia de vasta intensidad, llegó a permear emocionalmente a sectores ligados al conocimiento y, desde luego, a los altos “dignatarios” del establishment.

Selectos representantes de ambos sectores acogieron de consuno la vía de instrumentalizar el miedo como arma disuasiva y a la vez negacionista de los problemas sociales no solucionados, antes que asumir sin dobleces la vigencia salvadora del diálogo social, la pedagogía y la cultura, como oportunidad única y feliz de convertir la crisis nacional en una vía cierta de transformación sostenible.

Sin duda, el escaso margen de legitimidad institucional no les dio espacio al Gobierno ni a sus ya pocos adherentes para maniobrar democráticamente en la superación de la crisis y su articulación propositiva con la masiva movilización de los colombianos.

Una magistrada –de indudable talante uribista, esto es ‘neofascismo del siglo XXI’– les quiso dar la mano y se sacó de la manga un “auto” prohibicionista de las movilizaciones. Una disposición procedimental que, por lo demás, los especialistas encontraron fuera de toda sindéresis doctrinal y lógica jurídica, en abierta contradicción con los principios rectores de nuestra Carta Magna.

Una “providencia” (por darle algún status deontológico) que desconoce –con inaudita falta de elegantia juris– los derechos sociales esenciales y de paso ignora un aspecto clave de la psicología social de gran significado en esas movilizaciones para los seres humanos, como es el encuentro entre amigos y vecinos y compañeros de actividades productivas, sociales y políticas que luchan por la superación de problemas comunes.

Todo ese complejo entramado narrativo, orquestado desde los sectores dominantes de la economía y el partido de Gobierno apuntaba a demonizar a los marchistas y a sus líderes, tanto como a desvirtuar los alcances –esos sí terroríficos– del enorme pasivo social, de las medidas fiscalistas y depauperizadoras del Gobierno suborientado por l’enfant terrible de la Casa de Nariño. Estaban empeñados en impedir, a cualquier costo, las movilizaciones convocadas por las organizaciones sociales, indígenas, la comunidad diversa, ambientalistas, etnias, estudiantes y los sectores democráticos de la política nacional.

No lograron, sin embargo, frenar esas inmensas marchas y el avance de las multitudes que permanecen con sus banderas enhiestas y su firme esperanza, con demostraciones de alegría, arte, cultura y en paz para desafiar las campañas de terror y, aun, los sabotajes criminales del vandalismo paramilitar.

Las multitudes habían tomado todas las previsiones del “autocuidado” aconsejado y dispuesto por los dirigentes sociales que, además, recibieron memorandos y tapabocas (indignante palabreja, usada en Colombia como un símbolo que designa las intenciones prohibicionistas de la derecha en el poder; cuando en Argentina estos ículos reciben el nombre nada provocador de `barbijos´ y en otros países de nuestro hemisferio, el más realista de mascarillas).

Las multitudes de hoy son las mismas que se movilizaron –aunque renovadas por un sentimiento de esperanza en la presión por el cambio– en un eslabonamiento que no decayó en este interregno, porque los motivos que inspiraron esas jornadas vibrantes y pacíficas de noviembre de 2019 tienen plena vigencia.

Lamentablemente la infiltración vandálica de sectores ajenos a la organización, con métodos censurables contra los propios marchistas y los bienes públicos (de lo cual no podemos excluir el abuso de la Fuerza Pública), tenía la finalidad de desacreditarlas y crearles una opinión adversa que condujera a anular la eficacia de sus demandas, de impulsar transformaciones en la estructura de la institucionalidad política y económica. No obstante, las enormes movilizaciones –que recuerdan a la convulsionada Francia del 68– han sido un portentoso hecho cultural sobresaliente registrado con iración por la comunidad internacional.

El sabotaje, cuyo origen político antidemocrático no puede desconocerse, ocurrió por la deliberada participación de los sectores enemigos de la convivencia, tradicionalmente protegidos por los más recalcitrantes adversarios de la democracia y la deliberación pública, y, desde luego, por el déficit consciente de la irónicamente denominada ‘inteligencia militar’.

Alpher Rojas Carvajal