Si la estrategia de Gustavo Petro ha sido mantener a la Nación en un estado de confrontación permanente, valiéndose de discursos pendencieros y trinos de odio, lo ha conseguido con creces. Esa táctica, sin duda alguna, busca desviar la atención de los problemas reales del país, muchos de los cuales han sido generados o profundizados por él a lo largo de estos dos largos años. La inseguridad, la corrupción, el derroche del presupuesto público y, por supuesto, la falta de resultados en su gestión no forman parte de su agenda.
Los colombianos no vimos en Petro al estadista que dirigiría el gran cambio para el desarrollo del país ni al líder capaz de enfrentar los problemas estructurales. Por el contrario, sufrimos a un populista que, día tras día, descarga diatribas y ataques a través de sus redes sociales contra las altas cortes, el Congreso, los medios de comunicación, los empresarios y cualquiera que se atreva a cuestionar su falta de gestión o sus extralimitaciones.
En cuanto a su comunicación, jamás en la historia de Colombia se había visto a un presidente emitir tantos mensajes diarios -algunos más incendiarios que otros- utilizando tanto su cuenta personal de X como la institucional. Tampoco hay precedentes de un mandatario que abuse de los canales de televisión, públicos y privados, para transmitir alocuciones presidenciales. Si se suman los espacios ocupados en los últimos cinco cuatrienios, no alcanzarían a equiparar el tiempo que Petro ha utilizado en dos años.
Petro ha tergiversado el uso de esa herramienta que permite al jefe de Estado dirigirse a la Nación a través de la televisión, reservada para informar de manera esporádica, sobre asuntos de verdadero interés nacional. En lugar de ello, interrumpe constantemente la programación televisiva para retransmitir discursos agresivos que pronunció días atrás o para abordar temas personales: que lo quieren matar, que lo espían, que lo persiguen, que está siendo víctima de un "golpe blando" o que le preparan un golpe de Estado; y, por supuesto, nunca presenta pruebas. En otras palabras, además de no liderar el gobierno ni ejecutar el programa que prometió y transformó en Plan de Desarrollo, su conducta ha deshonrado la institución presidencial y le ha hecho perder el respeto de la Nación.
En lugar de gobernar, el presidente ha pretendido mantener el control de la opinión pública a través de alucinaciones y confrontaciones
Desde el primer día en el poder, Petro ha seguido en campaña política sin calcular las consecuencias. Para ello, creó un enemigo imaginario que, según él, lo persigue y busca derribarlo. Contra ese enemigo ficticio libra batallas diarias en X, en discursos e incluso en las recurrentes y extensas alocuciones presidenciales que duran hasta cincuenta minutos. En otras palabras, en lugar de gobernar, ha pretendido mantener el control de la opinión pública a través de alucinaciones y confrontaciones.
Existen abundantes estudios que explican esta vieja táctica: la creación de un enemigo es un arte que, desde la política, se emplea para mantener distraída a la población con fines electorales. Si además se le añade una dosis de miedo y polarización, ese enemigo se convierte en un valioso activo electoral. ¿Es esto lo que busca Gustavo Petro?
Aunque Petro repite constantemente que no le teme a nada, sus acciones revelan lo contrario: le tiene miedo a gobernar. Prefiere sostener su estrategia polarizante con el fin de mantenerse en el poder y, si las circunstancias lo permiten, prolongar su mandato más allá del período constitucional para el cual fue elegido. También teme a la prensa que publica sus arbitrariedades, y la enfrenta con su talante mesiánico y caudillista, alimentado por la provocación constante.
No hay razones serias para creer que a Petro lo quieran tumbar. Y si él piensa que la protección del Estado, bajo su jefatura, no le ofrece garantías para su seguridad, debe recurrir a organismos internacionales que le proporcionen una custodia adecuada. Mientras tanto, los colombianos debemos confiar en la Fuerza Pública para restablecer el orden, en las altas cortes para salvaguardar la seguridad jurídica y en el registrador nacional para garantizar elecciones limpias en 2026.