A neutralizar el caos deliberado

Nuestros socios tradicionales han descuidado a Latinoamérica. La ausencia de una política clara de defensa institucional a cambio de priorizar lo “políticamente correcto” por parte de aliados tradicionales como Estados Unidos y la UE hacia la región ha facilitado la desestabilización y el posicionamiento de gobiernos autoritarios.

Ejemplos claros son Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres países con ciudadanía e instituciones secuestradas por el autoritarismo. Este riesgo también lo enfrenta Colombia bajo el actual gobierno y sus aliados.

En esta istración, las relaciones de Colombia con países conocidos por su hostilidad hacia Estados Unidos y los valores occidentales, como son Rusia, China e Irán, se han estrechado de manera preocupante. Estos tres países han encontrado en el régimen colombiano un aliado solidario en desafiar el orden democrático. La combinación de un debilitamiento interno de las instituciones y una alineación con potencias autocráticas internacionales tiene un solo propósito: apropiarse de las instituciones para favorecer hegemonías ajenas, pero favorables a sus propios fines.

Uno de los principales objetivos del debilitamiento institucional ha sido la Fuerza Pública. Su pie de fuerza y capacidades han disminuido drásticamente. En solo dos años, más de 19.000 efectivos han abandonado las filas, lo que equivale a por lo menos 150 años de experiencia acumulada perdida. La falta de recursos y mantenimiento ha agravado la situación, dejando fuera de operación vehículos y aeronaves. Esta pérdida de capacidades no es accidental, sino parte de una estrategia para erosionar las capacidades del Estado en la protección de su territorio y su población, facilitando el avance a economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.

El debilitamiento institucional ha permitido que el ‘clan del Golfo’, el Eln y las disidencias de las Farc se fortalezcan y expandan. En el primer trimestre de 2024 la presencia de estos grupos creció un 36 %. Juntos, estos grupos tienen presencia en 30 de los 32 departamentos.

Los grupos armados han aprovechado el mal manejo del cese del fuego para consolidar su dominio en regiones claves del país. La violación del cese del fuego por el Eln persiste, como el nuevo e infame ataque a la base de Puerto Jordán, Arauca, con tres muertos y 26 heridos.

La política de “paz total” no ha sido un fracaso, sino que así estaba concebida: los criminales a sus anchas y la Fuerza Pública restringida.

La ausencia de una política clara de seguridad para proteger a los ciudadanos y el Estado de derecho ha aumentado amenazas, secuestros, extorsiones y masacres, mientras comunidades enteras, rurales y urbanas viven bajo el control de grupos criminales.

Para detener esta preocupante situación, necesitamos a Estados Unidos retomando –con la Unión Europea y sus aliados latinoamericanos– una estrategia positiva de cooperación que priorice el fortalecimiento institucional, la seguridad ciudadana y el desarrollo de capacidades estratégicas para el crecimiento económico sostenible y la generación de empleos, única forma realista de acabar la pobreza.

Colombia posee abundantes recursos naturales, una significativa capacidad de producción energética, minerales claves para la fabricación de tecnología y un recurso humano con talento y capacidad de trabajo, al que hay que seguir educando aprovechando la digitalización.

Nuestra ubicación estratégica en América Latina nos favorece como eje geopolítico. Reforzando lo que hemos construido en 200 años, retomaremos liderazgo regional en desarrollo económico y seguridad, contribuyendo así a un futuro próspero, democrático y estable para nuestro hemisferio.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ

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