¿Qué alcance real tiene en terreno el fallo de la CIJ que le exige a Israel frenar su ofensiva militar en Rafah?

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En serios aprietos quedó el gobierno de Netanyahu, que considera indispensable invadir esa localidad del sur del territorio palestino para, según dice, vencer a Hamás, pese a las alertas y críticas que han emitido gobiernos de otros países y organizaciones humanitarias por el asalto a esa zona, donde se refugiaban más de 1,4 millones de palestinos desplazados que huían de los bombardeos.

Tras el anuncio del fallo de la máxima instancia judicial de la ONU, el primer ministro israelí convocó para "consultas" a varios ministros de su gabinete y, horas después, el Ministerio de Exteriores respondió en un comunicado que "Israel no ha llevado a cabo ni llevará a cabo ninguna actividad militar en la zona de Rafah que cree condiciones de vida que puedan conducir a la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente".
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Así las cosas , el fallo de la CIJ, que muchos califican de histórico, abre la puerta al gran interrogante de esta situación: ¿Qué tanto alcance inmediato tiene esta decisión en el terreno donde se sufre la ofensiva militar israelí?

En términos prácticos, la CIJ le ordenó a Israel detener su operación militar en Rafah; abrir el paso fronterizo de ese punto -limítrofe con Egipto- para la entrada de ayuda humanitaria sin impedimentos; garantizar la entrada a Gaza de misiones y comisiones internacionales para que investiguen las denuncias de genocidio, e informarle al tribunal en el plazo de un mes sobre los avances en la aplicación de estas medidas.​

Rafah es una ciudad en Gaza ubicada en el extremo sur. Es, además, el mayor centro urbano en la frontera con Egipto. La mayoría de su población ha sido desplazada por los combates en otras partes del enclave palestinos, en especial el norte.

Desde 2007 Israel somete a Gaza a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo, por lo que Rafah -un paso terrestre para personas, pero no para mercancías- también es el enlace vital entre el territorio asediado y el resto del mundo. Tras el ataque de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre, Israel cerró todos sus pasos a Gaza y dejó a Rafah como única entrada para la ayuda humanitaria. A inicios de mayo, Israel tomó el control militar de esta área del lado palestino.
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La CIJ se pronunció este viernes con base a un pedido de Sudáfrica el 29 de diciembre pasado, cuando el país africano inició un procedimiento contra Israel por violar la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza, y los palestinos están protegidos como grupo en esa convención. 

Sudáfrica sostiene entonces que la ofensiva israelí constituye un "genocidio".

Esta es la cuarta vez que Sudáfrica le pide a la CIJ emitir medidas cautelares adicionales para evitar un genocidio en Gaza y la tercera en la que el tribunal emite esas medidas instando a Israel a respetar la Convención y a tomar pasos para evitar el exterminio de los palestinos de Gaza.

Este diario habló con el abogado Edward Pérez, experto en temas de derecho internacional, quien explica que: "Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son jurídicamente vinculantes para todas las partes involucradas en el proceso, con efectos inmediatos". 

Así, agrega, "Israel debería acatar la orden y cumplir inmediatamente con las exigencias" del tribunal máximo de la ONU.

(En contexto: La CIJ, el máximo tribunal de la ONU, le ordena a Israel detener las operaciones militares en Rafah, en Gaza)

Sin embargo, Pérez afirma que para que el fallo tenga un alcance real e inmediato todo depende de Israel y de la magnitud de la presión internacional para que cumpla con la decisión.

"La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no cuenta con un instrumento para hacer ejecutar su orden de forma inmediata. Esto pasa igual con otros tribunales internacionales, dado que se espera que los Estados de buena fe cumplan con sus obligaciones, y que de lo contrario, la presión internacional les haga cumplir. Eso se llama la garantía colectiva del derecho internacional: la garantía de que todos los Estados deben hacer lo que está en sus manos para favorecer que se cumplan con las órdenes de los tribunales internacionales", añade.

Edward Pérez explica que, en este escenario, lo que está en juego es "el costo político de continuar con las operaciones militares para Israel, que aumentaría de forma exponencial si incumple la decisión de la Corte Internacional de Justicia".
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En esa línea, el experto en derecho internacional recuerda que a este proceso ante la CIJ se suman las solicitudes de órdenes de detención presentadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (I) -otro tribunal internacional- este lunes por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant. 

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Si bien son dos casos independientes -mientras que la CIJ considera casos que involucran a países y naciones, la I es un tribunal penal que presenta casos contra individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad-, sí podría tener efectos.

"No cumplir con la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) podría fortalecer el argumento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (I) de que se están consumando crímenes internacionales, y sería sin duda un elemento importante de prueba en contra de los altos cargos de Israel que enfrentarán la justicia internacional", explica Pérez.

Según anunció la CIJ, en el plazo de un mes Israel debe informar sobre sus avances en la aplicación de las medidas ordenadas este viernes.

Así, el experto en temas de derecho internacional considera que "el primer ministro Netanyahu y su equipo deberán balancear esta decisión judicial con su fervor por atacar Rafah. Si ataca e incumple la decisión de la Corte, estaremos ante un escenario en el que Israel se aleja abiertamente y por completo del Derecho Internacional, fortaleciendo la idea de que es un Estado incurso en crímenes internacionales graves, y asumiendo que la consecuencia será un aislamiento incluso mayor al que ha ido enfrentando en los últimos meses".
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Analistas coinciden en que, con este fallo de la CIJ no hay duda de que sí habrá una mayor presión internacional sobre Israel. Y aumentará no solo sobre el país hebreo, sino sobre sus aliados principales: Reino Unido y Estados Unidos -que incluso criticaron la solicitud de órdenes judiciales de la I- para que ejerzan su influencia sobre el gobierno de Netanyahu.

"Es en este contexto que Israel va progresivamente perdiendo toda legitimidad para continuar con los ataques, y esa falta de legitimidad podría irle aislando cada vez más dentro de los espacios internacionales, y reduciendo igualmente su capacidad de maniobra política", afirma Edward Pérez.

El abogado agrega que en la medida en que Israel no cumpla la órdenes de la CIJ se "debilitan las narrativas de los Estados que continúan tratando de protegerlo del escrutinio internacional que enfrenta, y por el contrario, fortalece bastante la percepción de una mayoría de la comunidad internacional que sostiene que se están cometiendo crímenes internacionales en Gaza". 

Hay que decir, además, que la decisión de la CIJ llega la misma semana en que Irlanda, Noruega y España anunciaron que reconocerán el 28 de mayo al Estado palestino, lo que provocó que Israel retirara a sus embajadores en Dublín, Madrid y Oslo. Y si bien, como explican analistas, estas últimas corresponden a medidas más simbólicas, sí dan cuenta de una suerte de aislamiento internacional cada vez más fuerte sobre Israel.