La Corte Penal Internacional puede ser otra víctima del 7 de octubre

Un cuarto de siglo después, los temores de Nathan parecen haberse materializado. Lejos de acabar con la impunidad de graves delitos, el fiscal de la I ha anunciado órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de defensa de Israel, junto con líderes de Hamás, creando una equivalencia moralmente ofensiva entre los asesinos y violadores del 7 de octubre; y las víctimas que se defienden de Hamás, que ha jurado cometer dicha masacre “una y otra vez”. De hecho, el fiscal ha ido más allá de la equivalencia acusando a Israel de dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, pero no a Hamás, que más allá de la masacre del 7 de octubre continúa disparando miles de misiles contra Israel, desde entonces.

El fiscal también ha pasado por alto el principio de complementariedad del Estatuto de la I, que establece que la Corte solo tiene jurisdicción cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar. Hamás, obviamente, no tiene intención de investigar sus propias atrocidades, mientras que Israel cuenta con un sistema jurídico riguroso y ha demostrado su capacidad para investigar y enjuiciar violaciones del derecho internacional. Este compromiso con el Estado de derecho fue reconocido por el propio fiscal tras su visita a Israel, después de la masacre de octubre. Él señaló que “Israel cuenta con abogados capacitados que asesoran a los comandantes y con un sólido sistema destinado a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

Las acusaciones del fiscal reflejan una desconexión con la realidad. Acusar a Israel de matar deliberadamente de hambre a los gazatíes, no hace referencia al medio millón de toneladas de comida y ayuda entregados en cerca de 20.000 camiones, incluso mientras Hamás continúa disparando misiles y robando suministros destinados a los palestinos. El fiscal intentó reforzar su decisión remitiendo las pruebas a un grupo de “expertos imparciales”, aunque muchos de ellos ya han hecho públicas acusaciones críticas contra Israel. Muchos se presentan como abogados especializados en derechos humanos, pero apenas están familiarizados con las leyes de los conflictos armados.

Este “imparcial” puede opinar sobre el impacto de las medidas israelíes sobre los palestinos, pero no participar en la tarea crítica de deliberar con experiencia militar sobre lo que es necesario y permisible en defensa contra los continuos ataques con cohetes y la brutal retención de secuestrados.

Si se incluyeran expertos como John Spencer, director del Centro de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna de West Point, se presentaría una perspectiva diferente: “Nunca he conocido a un ejército que adopte tales medidas para atender a la población civil del enemigo, especialmente mientras combate simultáneamente al enemigo en los mismos edificios. De hecho, conforme a mi análisis, Israel ha implementado más precauciones a fin de evitar daños civiles que cualquier otro ejército en la historia”. 

La petición del fiscal aún debe ser aprobada por una Sala de Cuestiones Preliminares de tres jueces. Aunque esta Sala ha aprobado solicitudes del fiscal en el pasado, se espera que en este caso salve al tribunal de sí mismo.

En la Conferencia de la I de 1998, el juez Nathan expresó su peor temor respecto a la Corte, que se convirtiera “en un foro político más del cual abusar con fines políticos por un grupo irresponsable de Estados, según su capricho político”.
Trágicamente, el fiscal acaba de acercarse un paso más a esa triste predicción.

DANIEL TAUB
*Exembajador del Estado de Israel en Reino Unido y jurista internacional