Una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de
Nicaragua a 13 empresarios que son investigados por supuestos “actos ilícitos”, como parte del caso que se abrió contra
dirigentes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes a la presidencia.
La jueza Karen Chavarría, titular del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró el oficio a la Superintendencia de Bancos contra los de la directiva de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado.
La jueza ordenó al superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, levantar el sigilo bancario, financiero y tributario de la junta directiva de Funides en los períodos 2015-2017 y 2017-2019, con base en un requerimiento del Ministerio Público, que a su vez recibió una denuncia del Ministerio de Gobernación.
En un análisis del Ministerio de Gobernación citado por la jueza, que no lo ha hecho público, concluyó que esa ONG “ha incumplido gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, presumiendo que las personas sujetas a investigación han estado realizando operaciones financieras derivadas de actividades ilícitas”.
Entre los directivos de Funides a los que se les levantó el secreto bancario, se les inmovilizaron sus cuentas y se les dictó restricción migratoria se encuentra el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas, quien fue detenido hace dos días luego de comparecer ante la Fiscalía.
La ONG “ha incumplido gravemente sus obligaciones ante el ente regulador (...).
También Juan Carlos Sansón Caldera, director ejecutivo y gerente general del Banco de América Central (BAC), y Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, secretario del banco Avanz del grupo Pellas y de Seguros América.
Además, el empresario Gerardo José Baltodano Cantarero, gerente general de Café Soluble S. A. y hermano del general en retiro Álvaro Baltodano, delegado presidencial para fomento de las inversiones, a quien el Ministerio Público amenazó con usar la fuerza pública si no asiste a declarar en la segunda cita.
Otros investigados son el sociólogo
Humberto Belli, ministro de Educación en el gobierno de Violeta
Chamorro (1990-1997) y hermano de la poetisa Gioconda Belli.
Entre otros, la jueza solicitó información a la Dirección General de Ingresos sobre la actividad comercial de los investigados, si están solventes o morosos, y declaraciones tributarias.
Efe
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