Daniel Ortega acorrala a la oposición con arremetida a candidatos

El Ministerio Público de Nicaragua dejó esta semana por fuera de la contienda electoral presidencial a la candidata que se perfilaba con más posibilidades de derrotar en los comicios de noviembre al actual mandatario, Daniel Ortega (1985-1990) (2007-actualidad).

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Estas recientes medidas, sumadas al hostigamiento al que el oficialismo ha sometido a la oposición, se leen como una estrategia para despejarle el camino a Ortega de cara a las elecciones. No obstante, expertos coinciden, además, en que este escenario podría tener efectos negativos en el plano internacional para el país.

Esta semana, la entidad le impuso una inhabilidad a la opositora Cristiana Chamorro para ser candidata debido al proceso judicial por presunto lavado de dinero que le adelanta la justicia.

Hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios (1990-1997) –quien precisamente derrotó a Ortega en las urnas en los 90–, Chamorro y la oposición calificaron la investigación como una “farsa” de las instituciones controladas por Ortega para eliminar a cualquier rival fuerte en las urnas.

Cuestión más que evidente con lo ocurrido este sábado cuando el candidato presidencial Arturo Cruz fue detenido en el aeropuerto de Managua al regresar de EE. UU. El Ministerio Público lo acusó de ser sospechoso de atentar “contra la sociedad nicaragüense”.

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“Lo que tenemos en Nicaragua es un proceso electoral atípico a todas luces a favor de Ortega. Los opositores no pueden salir a visitar a sus bases. Los partidos no pueden organizar reuniones sin el acoso de la policía. Y esto que vemos con Chamorro es básicamente el colofón de toda esta situación”, le dijo a este diario el exdiputado nicaragüense y analista político Eliseo Núñez.

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Chamorro cuenta con el 21 por ciento de la intención de voto según Gallup. Sumando a los otros opositores, superarían el 32 por ciento que hoy tiene en esos sondeos Ortega. Si bien el actual presidente no ha oficializado su candidatura, se da por descontado que durante las próximas semanas hará oficial su aspiración para un nuevo mandato.

En cuanto a los efectos en el plano internacional de esta situación, Núñez dijo que el país se enfrenta “a una situación potencialmente catastrófica (…). Nos encaminamos hacia un gobierno aislado”. Este caso de inhabilidad política a Chamorro no se quedó como un hecho doméstico e interno del país.

La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno de los EE. UU. y la Unión Europea rechazaron la decisión del Ministerio Público.

La OEA, por ejemplo, dijo que Nicaragua se encamina a “las peores elecciones posibles”. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que el país va en “dirección opuesta” a unos comicios libres. En una nota, el Departamento de Estado de EE. UU. le pidió directamente a Ortega la liberación de Chamorro, quien se encuentra en prisión domiciliaria, luego de que agentes allanaran su casa.

Para el jurista opositor y exvicecanciller nicaragüense José Pallais, Ortega tiene “ahora de rehén” a Chamorro con el objetivo de “negociar” el retiro de las sanciones económicas que ha impuesto EE. UU., la UE, el Reino Unido y Canadá a más de una veintena de familiares, allegados y empresas ligadas al líder sandinista, a quienes señalan de “serias violaciones a los derechos humanos” y de “corrupción”.

Sin embargo, podrían avecinarse más sanciones. El senador demócrata Bob Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo esta semana que “es hora” de utilizar las herramientas del Congreso de EE. UU. para sancionar a quienes socavan la democracia en Nicaragua.

La crisis se desató porque la justicia acusó a Chamorro el pasado 20 de mayo de lavar dinero a través de una fundación que lleva el nombre de su madre, organización que se dedica a proteger la libertad de prensa y expresión.

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Según el ministerio, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador, período 2015-2019; se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”.

El analista Núñez cuestionó las decisiones del Ministerio Público al explicar que la financiación de la institución viene de fondos internacionales. “Aquí hay una acusación absurda contra EE. UU. y Europa, porque sugieren que el dinero que ellos dan es dinero sucio que amerita ser lavado”, explicó.

Por este caso, la Fiscalía también llamó a declarar a una veintena de periodistas críticos contra el orteguismo, entre quienes figura una corresponsal de la cadena Univisión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha calificado estas indagaciones a comunicadores como una nueva escalada de violencia estatal contra periodistas independientes.

Todo este panorama se mezcla con la arremetida que ha emprendido el orteguismo contra opositores durante los últimos meses. A mediados de mayo, la autoridad electoral le quitó la personalidad jurídica al Partido de Renovación Democrática, principal aliado de la opositora Coalición Nacional.

Según el observatorio nicaragüense Urnas Abiertas, en el país se han registrado 279 casos de violencia política durante la campaña de elecciones generales de noviembre entre el 1.º de abril y el 15 de mayo. La organización dice que la violencia es dirigida en su mayoría por la Policía Nacional (85,51 por ciento de casos) o grupos sandinistas contra “organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos”.

Núñez considera que los próximos días serán claves para el país. Durante las siguientes semanas, el país “debe tomar la decisión de ir o no” a las presidenciales de noviembre. “La decisión tiene que ver mucho ahora con si la comunidad internacional va a reconocer el proceso electoral, si Ortega realmente consigue que algunos países lo respalden para sostenerse como un país viable. Pero si los países del hemisferio desconocen esta elección, Ortega estaría remando contracorriente”, dijo el exdiputado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe

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