El cambio de enfoque que necesita Ecuador para enfrentar el crimen organizado

La crisis de violencia en Ecuador se encuentra en un nivel alarmante: la tasa de homicidios del país aumentó en un 430 por ciento en cinco años, ya que los grupos del crimen organizado se han dedicado a extorsionar a barrios enteros, reclutar niños, matar a jueces, fiscales y candidatos políticos, y a infiltrar las instituciones gubernamentales.

Si bien el gobierno de Daniel Noboa ha tenido cierto éxito en reducir la tasa de homicidios, no ha hecho el trabajo menos glamoroso de apuntalar el débil sistema de justicia del país para combatir a los criminales de acuerdo con la ley. Esto, en lugar de la retórica belicosa y las demostraciones de fuerza que amenazan los derechos humanos, debería ser la prioridad en el futuro. Hay mucho que Noboa, si se reelige, o Luisa González, la otra candidata que estará en la segunda vuelta, puede hacer.

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La Fiscalía General de la Nación necesita un organismo de investigación que evite tener que depender de los investigadores policiales; los fiscales y los jueces necesitan medidas básicas de seguridad, y el Gobierno debe integrar mejor sus esfuerzos de lucha contra el crimen con el sistema de justicia. Medidas de sentido común como estas podrían marcar una diferencia real en la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que protegen los derechos de los ecuatorianos.

Poco después de que Noboa asumiera el cargo en noviembre de 2023, grupos del crimen organizado tomaron el control de un canal de televisión estatal y el líder de un destacado grupo criminal escapó de prisión. Noboa respondió anunciando que el país estaba en un “conflicto armado”, suspendiendo algunos derechos constitucionales básicos y desplegando al ejército para combatir este flagelo en las calles y controlar las cárceles.

El Gobierno informó que la tasa de homicidios en 2024 disminuyó aproximadamente un 17 por ciento en comparación con 2023, pero incluso las cifras del Gobierno muestran un aumento en las extorsiones y secuestros en comparación con 2023. Expertos en crimen organizado y fiscales me dijeron durante mi visita en noviembre que, si bien estos grupos están más fragmentados, sus líderes, su control territorial y sus economías ilícitas permanecen en gran medida intactos.

Noboa no ha hecho lo suficiente para fortalecer el débil sistema de justicia del país, plagado de acusaciones de corrupción y presiones indebidas sobre los tribunales. Los fiscales y jueces me dijeron, uno tras otro, que no se sentían seguros y que carecían de apoyo y herramientas básicas para hacer su trabajo.

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Al mismo tiempo, aumentan las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. La Fiscalía investiga más de 200 denuncias de uso excesivo de la fuerza, 80 denuncias de tortura, ocho de desapariciones forzadas y 15 de ejecuciones extrajudiciales a manos de uniformados en 2024, un claro repunte en comparación con 2023. En diciembre, cuatro niños desaparecieron en Guayaquil y luego fueron encontrados muertos tras ser aprehendidos por personal militar. Mientras tanto, el Gobierno ha calificado a los críticos de “antipatriotas” o defensores de los criminales.

Noboa ha promocionado un plan de seguridad llamado Plan Fénix como una solución al crimen organizado. Pero los fiscales y expertos en seguridad con los que hablé no ven una estrategia viable y concreta. Los jueces de la Corte Constitucional han declarado reiteradamente inconstitucional el anuncio de Noboa sobre el “conflicto armado” porque el Gobierno no ha aportado pruebas que lo respalden. Los fiscales me dijeron que no estaban al tanto del contenido del Plan Fénix, y si este cambia la forma en que investigan el crimen organizado.

Mientras tanto, al menos 15 jueces y fiscales han sido asesinados desde 2022. Aun así, en algunas de las provincias más peligrosas, muchos fiscales y jueces, incluidos los que están en riesgo, carecen de seguridad básica, como vehículos a prueba de balas, que les permitan desplazarse entre las salas de los tribunales y sus oficinas. En una provincia fuertemente impactada por la violencia, me sorprendió que yo pudiera entrar, sin ser detenida o interrogada, directamente a la oficina de un fiscal de alto rango, a cargo de investigar el crimen organizado y otros casos delicados.

Los tribunales y las fiscalías siguen careciendo de personal suficiente. Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación nos dijeron que tienen 600 puestos vacantes, incluidos fiscales y asistentes, en parte debido a la falta de fondos. La Corte Nacional de Justicia, el máximo tribunal de apelaciones, tiene menos de la mitad de los magistrados que requiere.

Algunas provincias ni siquiera tienen suficiente personal para retirar los cadáveres de la escena del crimen o para realizar un análisis balístico. Los investigadores de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y un foco de crimen organizado, nos dijeron que deben enviar materiales forenses a la capital, Quito, para realizar pruebas, lo que retrasa las investigaciones.

Fiscales y jueces dicen que no hay suficiente coordinación con la Policía y otras instituciones para garantizar investigaciones efectivas sobre los grupos del crimen organizado. Dadas estas debilidades en el sistema de justicia penal, no es sorprendente que los grupos del crimen organizado sientan que pueden operar con impunidad.

Un abogado que representa a clientes acusados de lavado de dinero nos dijo que su trabajo es “fácil” dada la cantidad de errores que se cometen en los procedimientos penales, la pobre capacitación a los fiscales y jueces, así como la falta de personal.

Además, el sistema penitenciario sigue en crisis. Expertos en prisiones y abogados de derechos humanos me dijeron que los soldados desplegados allí se han visto cada vez más involucrados en actos de corrupción y abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura.

Los grupos criminales siguen utilizando las cárceles para extorsionar y reclutar a otros detenidos. La falta de un control adecuado de las prisiones ha permitido a los grupos criminales matar a cientos de personas en una serie de masacres.

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Por supuesto, estos son problemas duraderos que no se solucionarán de la noche a la mañana. Pero hay pasos concretos que se pueden tomar.

El gobierno de Noboa, si gana la segunda vuelta, o el de su sucesora, debería restablecer el Ministerio de Justicia, que fue cerrado en 2018. Esta entidad es clave para coordinar la política criminal con la Fiscalía General de la Nación, las fuerzas del orden y el sistema penitenciario.

Siguiendo el ejemplo de Colombia y de otros países de la región, el presidente debería trabajar con la Asamblea Legislativa para crear un organismo de investigación en la Fiscalía General de la Nación, de modo que los fiscales no tengan que depender de agentes de policía, a menudo abrumados y a veces mal capacitados para investigar los delitos.

Cuando nombren a un nuevo fiscal general, a finales de este año, las autoridades ecuatorianas deberían elegir a un candidato con planes serios para mejorar la protección de los fiscales y priorizar la investigación de la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero.

El Gobierno también debería restablecer las regulaciones de drogas derogadas en 2023, que facilitaron, en su momento, priorizar las investigaciones estratégicas de alto nivel, en lugar de sobrecargar el sistema de justicia con casos de posesión de drogas de bajo nivel. Menos demoras en la concesión de reducciones de penas por buena conducta previstas por la ley harían que las cárceles estuvieran menos abarrotadas.

La crisis en Ecuador aún requiere una acción urgente y efectiva. El despliegue de las fuerzas armadas no es la respuesta correcta. Contar con políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos es posible, pero exige concentrar recursos y esfuerzos en aumentar la capacidad de istrar justicia de manera efectiva.

JUANITA GOEBERTUS (*)

Americas Quarterly

(*) Goebertus es la directora para las Américas de Human Rights Watch.