Justicia británica permite a Assange apelar su extradición a EE. UU.

El australiano Julian Assange, encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la embajada de Ecuador, recibió el lunes autorización para apelar ante el Tribunal Supremo británico contra una sentencia de diciembre que permitía su extradición a Estados Unidos.

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"Estoy aliviada más allá de lo que puedo expresar", afirmó a la AFP Sue Barnett, una manifestante de 61 años originaria de Nottingham, en el norte de Inglaterra, que enarbolaba una pancarta donde podía leerse "10 años son suficientes, liberen a Assange ahora".

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"Todos nos temíamos lo peor", agregó rodeada de varias decenas de partidarios del fundador de WikiLeaks que se habían reunido a las puertas de la Alta Corte de Londres y animaban a los automovilistas a hacer sonar sus bocinas en señal de apoyo. "Solo hay una decisión, no a la extradición", gritaba uno de ellos con ayuda de un megáfono.

Washington quiere juzgar a Assange, de 50 años, por la publicación a partir de 2010 en WikiLeaks de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak.

El 10 de diciembre, el gobierno estadounidense había logrado que una corte de apelaciones londinense anulase la decisión previa de no entregarlo.

Pero el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador internacional de la defensa de Assange, había anunciado que utilizarían "todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y a la información". 

Sin embargo, en el Reino Unido la justicia debe primero autorizar la apelación ante el Tribunal Supremo que ahora debe aún decidir si acepta el caso.

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En primera instancia, una jueza londinense había impedido la extradición en enero de 2021 por considerar que Assange, de frágil salud mental, podía cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos.

Pero los abogados de Washington apelaron, garantizando que no se lo mantendría en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento médico adecuado.

El caso de Assange se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión, para quienes WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público.

Pero el gobierno estadounidense, que lo ha acusado de 18 cargos que incluyen espionaje, afirma que Assange no es periodista sino pirata informático y la divulgación de documentos sin editar puso en peligro la vida de sus informantes.

Si es extraditado, podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular.

Una coalición de asociaciones contrarias a la guerra y miles de defensores de la paz firmaron el viernes una declaración en la que pedían su liberación inmediata. "El gobierno de (el presidente estadounidense Joe) Biden se enfrenta a los adversarios de Estados Unidos por sus deficiencias en materia de libertad de prensa, pero debería abordar su propia hipocresía", afirmó Nathan Fuller, director de la Courage Foundation.

"Encerrar a Julian Assange por exponer la verdad sobre las guerras de Estados Unidos es un insulto a todos los que luchan por la paz y los derechos humanos", agregó.

La prometida del australiano, la abogada sudafricana Stella Moris, denunció que este ha pasado más tiempo encarcelado que muchos presos condenados por delitos violentos. 

Assange está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, desde que en abril de 2019 fue detenido por sorpresa dentro de la embajada ecuatoriana después que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase el asilo concedido por su predecesor Rafael Correa.

Primero fue en cumplimiento de una condena británica por haber incumplido las condiciones de su libertad condicional al refugiarse en la legación para evitar ser extraditado a Suecia, donde se enfrentaba a acusaciones de agresión sexual abandonadas desde entonces.

El australiano afirmaba temer ser enviado desde allí a Estados Unidos. Después, fue mantenido en prisión preventiva mientras se decide su extradición, dado que la juez consideró que podría volver a intentar escapar si era excarcelado. 

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