El terremoto político que desata en Francia la condena contra Marine Le Pen / Análisis de Mauricio Vargas

"Esto va a ser un poco largo”, advirtió –hacia las 10 y media de la mañana del lunes– Benedicte de Perthuis, presidente de la sala 11 del tribunal penal de París, al iniciar la lectura del fallo de más de cien páginas en el que Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN), de derecha radical, fue condenada por desvío de fondos públicos a una pena de cuatro años de detención, de los cuales dos en suspenso y dos con brazalete electrónico.

(En contexto: ¿Quién es Jordan Bardella, la alternativa de la ultraderecha de Francia para la presidencia en reemplazo de Le pen?)

La pena realmente dura fue la complementaria, capaz de desencadenar un terremoto político: cinco años de inelegibilidad a cargos públicos, lo que le impedirá –salvo un improbable éxito en la apelación– ser candidata a las presidenciales de 2027, para las que figuraba como favorita en todos los sondeos recientes. En las distintas encuestas, Le Pen, de 56 años, obtenía en promedio 35 por ciento de la intención de voto en primera vuelta, y la victoria en segunda vuelta ante cualquier eventual adversario del centroderecha, el centro o la izquierda.

Mientras los dirigentes políticos ses tardaban en alistar sus declaraciones de reacción al fallo, el primer pronunciamiento que cuestionó la decisión vino del Kremlin, en Moscú, cuyo portavoz Dimitri Peskov denunció “la violación de las normas democráticas”, palabras que, al venir de un país tan poco democrático, despertaron algunas sonrisas. Al igual que el presidente estadounidense, Donald Trump, y que varios dirigentes de la derecha radical europea, Le Pen ha mantenido buenas relaciones con el régimen de Vladimir Putin, uno de cuyos banqueros amigos le prestó 9 millones de euros al RN en 2014, en la misma época en que ocurrieron los hechos delictivos que llevaron a la dura condena pronunciada.

El lunes al mediodía, apenas conocido el fallo, Jordan Bardella, el número dos del RN, de solo 29 años, y a quien se le abren las puertas para una candidatura presidencial como sustituto natural de Le Pen, dijo minutos antes de reunirse con ella en la sede del partido, en el elegante barrio 16 de París: “Hoy no es solo Marine Le Pen quien ha sido injustamente condenada; es la democracia sa la que ha sido ejecutada”.

Líderes políticos de diferentes vertientes criticaron la decisión, en un país donde escándalos de contratos ficticios de asistentes parlamentarios han sacudido a varios partidos. En la orilla contraria del RN, el jefe de Francia Insumisa (LFI), el radical izquierdista Jean-Luc Mélenchon, cuestionó que sean los jueces quienes puedan eliminar a un candidato, una decisión que debe “provenir del pueblo”.

El líder en la Asamblea del centroderechista grupo Los Republicanos (LR), Laurent Wauquiez, también se apartó del fallo y dijo que “no es sano para una democracia que a una persona elegida le sea prohibido presentarse a una elección”, cuando esos “debates políticos deben zanjarse en las urnas”. Y remató: “Necesariamente, esta decisión va a tener un peso enorme en el funcionamiento de nuestra democracia”.

Horas antes del fallo, el primer ministro centrista, François Bayrou, había hecho un comentario en privado que terminó por salir a la luz pública, quizás porque él mismo así lo quiso. “Si Marine Le Pen no se puede presentar a las elecciones, hay un riesgo de shock en la opinión pública”, advirtió Bayrou en esa charla. El lunes, su vocero dijo que el primer ministro “está consternado por el fallo”, pero que no haría declaraciones oficiales. La consigna tanto a nivel del gabinete de Bayrou como del Palacio del Elíseo, donde despacha el presidente Emmanuel Macron, se mantenía hasta la noche del lunes en la misma tónica de prudencia.

Los hechos se remontan a 2014, aunque la primera denuncia llegó en un escrito anónimo, un año más tarde, a las oficinas istrativas del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). Le Pen y ocho de sus copartidarios eran entonces eurodiputados y su partido, en aquella época llamado Frente Nacional (FN), atravesaba graves dificultades económicas.

Entre los miles de pliegos de la investigación, aparecen correos electrónicos cruzados entre Le Pen y el tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, en los que este sugiere aliviar las deudas del FN en virtud de “ahorros importantes gracias al Parlamento Europeo”. Con ese objetivo en la mira, otros correos indican que Le Pen asumió la coordinación de una vasta operación para enganchar como asistentes parlamentarios de los nueve eurodiputados del FN a quienes en realidad eran empleados del partido.

Según una publicación de diciembre de 2023 del diario parisino Le Monde, en un mensaje enviado al tesorero Saint-Just, uno de los eurodiputados lepenistas, Jean-Luc Schaffha, mostraba su preocupación: “Lo que Marine nos pide equivale a que firmemos contratos por empleos ficticios (...) y es el diputado el que responde penalmente”.

Schaffha tuvo razón: junto con Le Pen, el lunes fueron condenados otros seis eurodiputados del FN de aquellos años. La indagación de la justicia sa confirmó además que 16 empleados del partido –también condenados– dejaron de ser pagados por el FN y fueron incluidos en la nómina del parlamento de Estrasburgo como supuestos asistentes de los eurodiputados, sin cumplir funciones en el Legislativo europeo.

Algunos de ellos estaban inquietos entonces: Mickael Erminger, adscrito al eurodiputado Florian Philippot, escribió al despacho de este: “En caso dado, yo estoy en la m...., no tengo prueba alguna de trabajo, ni siquiera tengo a los mails europeos (del diputado)”. Cuando fueron requeridos por los jueces de instrucción del caso, los eurodiputados –que luego dejaron de serlo– Sophie Montel y Aymeric Chauprade reconocieron que se trataba de un sistema de desvío de fondos públicos organizado por Le Pen.

Correos electrónicos, memorandos internos del partido, documentos contables y de nómina, además de testimonios de algunos de los implicados, permitieron a los jueces de instrucción trazar el mapa completo del desvío, así como del encubrimiento de la operación por medio de los contratos ficticios. Para fines de 2023, la acusación llegó a manos del tribunal penal de París, y el juicio se inició en noviembre pasado y demostró que, en efecto, un mecanismo dirigido por Le Pen desvió 4,1 millones de euros de recursos públicos.

Las condenas dictadas el lunes por el tribunal parisino confirman el papel central de Le Pen en el entramado. Ella, que fue tres veces candidata presidencial (2012, 2017 y 2022) y en las dos últimas finalista en segunda vuelta, siendo derrotada por el actual presidente, Emmanuel Macron, recibió la más alta pena de detención entre todos los condenados: cuatro años, aunque dos de ellos en suspenso y los otros con libertad regulada y brazalete electrónico, además de 100.000 euros de multa y cinco años de inelegibilidad a cargos públicos, incluida la Presidencia.

Las implicaciones del fallo marcan un duro contraste con lo ocurrido el año pasado en Estados Unidos, cuando Donald Trump fue hallado culpable de 34 delitos relacionados con la falsificación de documentos para ocultar el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels, de modo que ella no contara los detalles de la aventura que tuvieron. La decisión del jurado no impidió que fuera candidato, ganara las elecciones y regresara a la Casa Blanca.

El lunes, Le Pen recibió el respaldo del multimillonario Elon Musk, mano derecha de Trump, quien habló de “abuso del sistema judicial” y predijo que lo sucedido se le devolvería a la izquierda –a la que acusó de estar detrás del fallo–, como sucedió “con los ataques judiciales llevados a cabo contra el presidente Trump”.

Para los abogados de Le Pen, comienza una dura carrera contra el reloj en la que los expertos les dan pocas probabilidades de salir airosos.

“Es un golpe a la democracia, vamos a apelar”, dijo el lunes en la tarde Rodolphe Bosselut, el letrado defensor de la diputada nacional del RN, curul que conserva a pesar de la sentencia. El lío para Le Pen es que una apelación como esta puede tardar más de dos años, que es poco menos de lo que falta para las presidenciales de 2027.

Juristas entrevistados el lunes por las cadenas de televisión sas coinciden en que la detallada descripción del papel central de Le Pen en la trama del desvío de fondos hace muy difícil que el tribunal de segunda instancia cambie de fondo la sentencia. Otro argumento de peso del tribunal es que, una vez probados los delitos, la condición de favorita para las presidenciales no tiene por qué favorecer a Le Pen, pues existe “el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley” y la justicia debe vigilar que “los elegidos no se beneficien de un trato de favor”.

En estas horas, varios medios le han recordado a Le Pen lo que ella dijo en 2004, cuando partidos diferentes al suyo eran objeto de investigaciones similares a la que ahora llevó a su condena. “Todo el mundo ha metido mano en la caja, salvo el FN (hoy RN)”, señaló entonces. “Los ses están hartos de los negociados y de ver a los elegidos desviar dineros públicos”.

Pero, más allá del debate sobre el fallo, dos consecuencias políticas concentrarán la atención en los días por venir. La primera es si lo ocurrido puede llevar a la bancada lepenista en la Asamblea a promover, como respuesta política, una moción de censura contra el gobierno del primer ministro Bayrou, que ya luce bastante debilitado. Y la segunda, si el fallo va a revolver a más de 10 millones de electores del RN y producir una ola de solidaridad que eleve aún más sus intenciones de voto para las municipales de 2026 y las presidenciales de 2027. Bardella, el sucesor de Le Pen, ya anunció manifestaciones de protesta. Las semanas que vienen irán aclarando el panorama.

MAURICIO VARGAS

ANALISTA DE EL TIEMPO

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