La propuesta de Cabello para reformar sanciones a elegidos por voto

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario para  fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular.

Ya a comienzos de año el exprocurador Fernando Carrillo había radicado una iniciativa en el mismo sentido, con lo que el Congreso estudiará dos proyectos que buscan lo mismo. 

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Ambos proyectos, incluido el radicado este jueves, buscan dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Ese tribunal dijo que el Estado violó los derechos políticos del ahora senador y que autoridades istrativas no podían destituir a elegidos por voto, sino que eso solo procedía por condena de un juez.

En particular, la propuesta legislativa que radico Cabello se concentra en tres puntos:

Facultades jurisdiccionales: la Procuraduría propone al Congreso que le amplíen sus funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.

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En segundo lugar se habla de una división en las fases investigativas para garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso sean llevadas por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.

Por último se aborda el tema de la doble instancia y se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos la doble instancia.

“Este proyecto fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Cabello Blanco.

A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores.

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