'Los esfuerzos para atender a víctimas han sido insuficientes’: Patricia Tobón

Doce años después de su expedición y casi cuatro desde que la Corte Constitucional ordenó ampliar su vigencia, el gobierno del presidente Gustavo Petro adelantó que en julio radicarán una propuesta en el Congreso para reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), norma que es hoy la base para atender a más de 9 millones de víctimas del conflicto armado.

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En entrevista con EL TIEMPO, Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas, habló de los principales cambios que buscarán con la propuesta, que apenas empieza a construirse.

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Ha sido ampliamente documentado que los esfuerzos realizados han sido insuficientes, los recursos que históricamente se han asignado son insuficientes, requerimos, entonces, hacer ajustes. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo incluimos metas que ayudan a contribuir a esto, pero es necesario más para lograr superar las barreras institucionales para el de las víctimas a sus derechos.

Es importante que la reforma no sea regresiva, que mantenga el nivel de protección y se mejore en superar bloqueos institucionales que han sido señalados en la sentencia T-025 de la Corte Constitucional, tenemos retos muy grandes, por ejemplo, hacer una mejora al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas donde requerimos de otras instituciones.

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También buscamos mejorar la coordinación entre Nación y territorios, recogemos también lo que las víctimas han pedido mejorar, y buscamos lograr una articulación entre la política de víctimas y el Acuerdo de Paz, que fue posterior a la creación de la Ley 1448 y hay vacíos que requerimos articular en materia de la JEP, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Se van a revisar asuntos de recursos presupuestales, esta es una oportunidad para discutir la financiación para ayudar a cerrar la brecha que se ha construido. Tenemos que avanzar de políticas asistenciales a políticas que ayuden a superar el estado de vulnerabilidad, en el Registro Único de Víctimas tenemos 9’514.863 víctimas, la mayoría en extrema pobreza, la mayoría víctimas de desplazamiento. Entonces en las ciudades vive mucha población desplazada, en barrios marginales, se necesita poder permitirles reconstruir su proyecto de vida, que los recursos del Gobierno sirvan para que pueda generarse esa superación de la vulnerabilidad, los recursos no van a alcanzar si no se ataca de manera profunda eso.

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No, lo que estamos pensando es mejorar los sistemas de atención y todo lo de política de paz en articulación con la política de víctimas para que las personas puedan acceder a soluciones duraderas para superar los hechos victimizantes. Las entidades tenemos que hacer esfuerzos para poner en marcha programas efectivos a través de reformas institucionales para que la población que vive en ciudades, desplazados, ahí sean atendidos; si no, se reproducen ciclos de violencia y se condena a la población joven a estar sumida en la violencia.

Las víctimas llevan años trabajando en propuestas de la reforma de la ley, desde que llegamos en el nuevo gobierno nos las han hecho llegar, estamos trabajando en recibir y construir. Con ellas estamos avanzando en recoger este proceso de articulación, también recogemos a la Defensoría y a otras instancias para unir esfuerzos para que la propuesta logre tener a las víctimas en el centro.

La Corte amplió la vigencia de la Ley en 2019, ¿se propondrá volver a alargarla?

Uno de los aspectos que se habló en el punto 5 del Acuerdo de Paz, y fue recomendación también de la Comisión de la Verdad, es articular la política de víctimas con el Acuerdo de Paz y requerimos revisar con atención cómo garantizar los derechos de las víctimas; por ende este es un tema que revisaremos, eso es parte también de las discusiones en el Legislativo.

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La no repetición de más víctimas depende de las negociaciones de paz, en ese sentido, saludo el cese bilateral con el Eln, el país necesita conversaciones y acuerdos con todos los grupos. Pero también le corresponde al país atender la emergencia humanitaria, atender la condición de vulnerabilidad de quienes no retornan a sus territorios y necesitan condiciones para restablecer sus proyectos de vida. Esa es la realidad.

@JusticiaET