Esmad habría causado lesiones en ojos a 103 manifestantes en paro nacional

Los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) “violaron de forma generalizada los derechos humanos de las personas manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas potencialmente letales”. Esta es la conclusión del informe ‘Tiros a la vista’, realizado entre el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, la ONG Temblores y Amnistía Internacional.

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El estudio le puso la lupa a la violencia contra la protesta social en el marco del paro nacional, en el que se vieron graves hechos tanto del lado de los manifestantes como de los de la Policía Nacional.

Según los registros de la plataforma Grita de Temblores, desde el 28 de abril hasta el 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, cada 0,81 días hubo una afectación de este tipo en el contexto del paro.

El 54 por ciento de estos casos se registraron en Bogotá, la ciudad más afectada, seguida del departamento del Valle, con el 11, 6 por ciento (12 casos); Cauca, con 7,7 por ciento (8 lesiones); y Nariño, con el 6,80 por ciento (7 casos).

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En su mayoría, las víctimas son hombres entre 18 y 22 años, que representan el 26,20 por ciento del total de casos. De todas las víctimas, 90 son hombres, 7 mujeres y 6 personas cuyo género no pudo ser identificado. Asimismo, se documentaron 20 afectaciones de personas entre los 23 y 32 años y 8 casos de menores de edad con lesiones oculares.

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En cuanto a estas afectaciones, las dos heridas con un mayor porcentaje son la pérdida de ojo y la pérdida total de la vista –que no necesariamente implica la pérdida del ojo–, con 13,59 por ciento en ambos casos, que suman 28 víctimas.

El informe documenta cinco casos de personas que resultaron heridas por causa del accionar del Esmad durante las manifestaciones. Una de ella es Leidy Cadena, una estudiante universitaria que se unió a las manifestaciones el 28 de abril y, cuando iba camino a la plaza de Bolívar de Bogotá, fue violentada.

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“Uno de los agentes del Esmad le empieza a decir (a un amigo) que se vaya de ahí. Es muy grosero. El agente que le había gritado y otros dos se acerca con la intención de golpearlo. Yo estoy unos metros atrás, simplemente grité ‘ya vámonos’ y acto seguido siento mi rostro supercaliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada”, relata Leidy en el documento.

Para los autores, su caso —al igual que los otros que aparecen en el informe— no es aislado, sino que hace parte “de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales”.

Como parte de ese patrón, Amnistía Internacional, PAIIS y Temblores documentaron un “número alarmante de denuncias” sobre uso de armas potencialmente letales por parte del Esmad.

Las denuncias dan cuenta, por ejemplo, de heridas ocasionadas por cilindros de gas lacrimógeno lanzados directamente a los rostros de manifestantes, violando los protocolos establecidos para su uso y los estándares internacionales. De los 103 casos, hay 18 traumas ocurridos por el impacto de granadas de gas disparadas al rostro.

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De hecho, el informe resalta que, tras la visita de trabajo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2021, el organismo internacional destacó que recibió denuncias sobre “uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom, cuya utilización fue prohibida por parte de un juez”.

Entre las recomendaciones que el informe les plantea a las entidades del Estado colombiano está, en primer lugar, sentar una orden para detener el uso abusivo por parte de las fuerzas de seguridad (en especial el Esmad), reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas durante el paro nacional y reparar a las víctimas.

Como lo han podido otras organizaciones, se plantea separar a la Policía del Ministerio de Defensa, “con el fin de asegurar que se preserve un enfoque civil en su actuación y no un enfoque militar”, así como desarrollar una reforma estructural de la institución.

También sugieren construir un protocolo de atención inmediata a las personas heridas en manifestaciones, establecer un plan de atención para las víctimas de lesiones oculares y garantizarles a la justicia y la reparación.

Este año, entre el 28 de abril y el 25 de noviembre, han resultado heridos y lesionados 1.758 policías en medio de los desmanes que se registran tras las marchas en diferentes zonas del país.

Vándalos han atacado a los uniformados con bombas incendiarias, armas cortopunzantes, elementos contundentes y los han golpeado.

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Uno de los casos recordados es el de la patrullera Astrid Salas, quien en medio del servicio en Medellín el 20 de julio fue víctima de un hombre que le propinó una patada por la espalda que la dejó inconsciente, por lo que tuvo que ser traslada a un centro médico. Su agresor fue capturado días después.

En Bogotá, el patrullero Leonardo Fiorillo Cárdenas, de 30 años, lleva tres meses recluido en el Hospital de la Policía Nacional. Allí se recupera de las heridas que le dejó en su rostro una bomba incendiaria que le lanzaron el 28 de agosto.

Cárdenas estaba atendiendo un bloqueo de la vía sobre el portal de Las Américas. El uniformado, al intentar apagar las llamas en su cara se levantó el protector del casco y fue impactado con una piedra.

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El 29 de abril, en Cali, un grupo de policías fue agredido en un CAI ubicado en Aguablanca. Del lugar un grupo sacó a rastras a una patrullera que denunció que fue víctima de abuso sexual.