‘Los ceses del fuego aumentaron los niveles de violencia contra la población civil’

Los recientes episodios de violencia en el Catatumbo, donde en pocos días fueron asesinadas más de 100 personas y casi 50.000 fueron desplazadas, muestran que la política de ‘paz total’ del Gobierno fracasó. Los enfrentamientos entre el frente de guerra Nororiental del Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc por el control de esta región del país son la principal explicación de la explosión de violencia observada en las últimas semanas.

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Pero estos hechos no son nuevos. La situación de seguridad en el Catatumbo venía deteriorándose durante todo el 2024: mientras que en el primer trimestre de 2024 se registraron 14 homicidios, en el último hubo 45 asesinatos. Un aumento de más del 260 por ciento en menos de un año. Un panorama similar se observa cuando se analizan las estadísticas públicas del Ministerio de Defensa sobre acciones terroristas, víctimas de masacres y otros indicadores de violencia. 

Esta problemática se extiende más allá del Catatumbo. En octubre de 2024, una situación similar tuvo lugar en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca. Allí, la población civil ha tenido que sufrir los constantes ataques del grupo criminal al mando de ‘Iván Mordisco’, sin que el Gobierno haya podido retomar el control y proteger a la población civil varios meses después. Escenarios como este se multiplican en varias regiones del país: enfrentamientos violentos entre organizaciones criminales y una población civil atrapada en el fuego cruzado, sin protección alguna del Gobierno. Detrás de esta crisis está, en buena medida, la proliferación descontrolada de ceses del fuego y el debilitamiento de la Fuerza Pública, que, con las manos atadas, observa la expansión territorial acelerada de los grupos que debería contener.

Más que evidenciar la urgencia de un cambio de rumbo en la política de seguridad, estos hechos sirven como una advertencia sobre las complejidades de la construcción de paz, la capacidad institucional y el compromiso político necesarios para que una estrategia como la que planteó el Gobierno sea eficaz. Aunque la intención de reducir la violencia y fomentar el diálogo es loable, la implementación de ceses del fuego que no responden a ejercicios cuidadosos de planeación y que adolecen de los mecanismos necesarios de monitoreo y verificación es una estrategia ingenua que puede acarrear costos sociales muy altos.

En efecto, la estrategia de la istración Petro marcó un cambio significativo con respecto a enfoques anteriores. En lugar de centrarse exclusivamente en grupos guerrilleros con objetivos políticos, el enfoque de la ‘paz total’ abrió simultáneamente frentes de negociación con una variedad de actores, incluidos grupos que en algún momento fueron insurgentes y luchaban por reivindicaciones políticas, como el Eln, y grupos criminales organizados directamente vinculados al narcotráfico como son el ‘clan del Golfo’ (Agc) y las disidencias de las Farc. La esperanza del Gobierno era que estos ceses del fuego detuvieran las hostilidades, mitigaran el impacto humanitario y crearan un entorno propicio para negociaciones de paz. Sin embargo, en lugar de diseñar protocolos institucionales para fomentar el diálogo y garantizar la seguridad en el territorio, el Gobierno “cruzó los dedos”, y esperó que organizaciones criminales que hasta el momento no habían mostrado voluntad de paz fueran recíprocas con su generoso gesto. Lo que algunos analistas han catalogado como ingenuidad, otros lo llaman concesiones inaceptables a grupos criminales organizados. Lo cierto, en cualquiera de los dos casos, es que el error que se cometió ha sido muy costoso.

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Sea cual fuere su motivación, este enfoque generó confusión en las Fuerzas Armadas, incertidumbre entre la población civil y una oportunidad enorme para que los grupos armados ampliaran y fortalecieran su control en los territorios, dejando a la población civil desprotegida. En muchas regiones, las Fuerzas Armadas no sabían con claridad dónde debían suspender sus operaciones y dónde continuar, mientras que las comunidades locales recibieron poca información sobre sus derechos y sobre los procedimientos para garantizar su protección.

En una investigación académica reciente, que utiliza información pública de distintas fuentes oficiales como el Mecanismo de Monitoreo de la JEP, la Misión de Observación Electoral (MOE) y del Ministerio de Defensa y la Fiscalía, hicimos una evaluación rigurosa de los efectos de los ceses del fuego que el Gobierno implementó entre enero y junio de 2023 sobre diferentes indicadores de violencia en los territorios. Para ello utilizamos la variación espacial dada por la presencia de distintas organizaciones criminales en los territorios, así como la variación temporal dada por las fechas de inicio y finalización de los ceses del fuego decretados por el Gobierno. Nuestros resultados revelan una realidad muy delicada e inquietante: en lugar de reducir la violencia, los ceses del fuego terminaron siendo una concesión a las organizaciones criminales que, alejándose de enfrentamientos o hechos notoriamente visibles de violencia y violatorios de los ceses, optaron por formas más discretas de coerción y dominio, lo que les permitió aumentar su control territorial en detrimento de la seguridad de la población civil.

El cambio en la naturaleza de la violencia que se originó como consecuencia de los ceses del fuego se vio reflejado en que, mientras los homicidios y las masacres no variaron significativamente, otras manifestaciones de violencia más sutiles pero igualmente graves contra la población civil, como la extorsión, el reclutamiento forzado de menores, los atentados terroristas, la expansión del control territorial y la gobernanza criminal, crecieron de manera alarmante en las zonas bajo influencia de los grupos beneficiarios de los ceses del fuego.

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Los resultados de nuestro estudio muestran un panorama preocupante: las acciones terroristas aumentaron en 62 por ciento como consecuencia de los ceses del fuego bilaterales decretados por el Gobierno, la extorsión se triplicó, las amenazas contra la población civil y los líderes sociales aumentaron en un 73 por ciento y el reclutamiento forzado de menores aumentó en un 237 por ciento. Un indicador agregado de gobernanza criminal en los territorios aumentó en cerca de un 40 por ciento como consecuencia de los alto el fuego decretados por el Gobierno durante el primer semestre de 2023.

Cuando evaluamos el efecto de los alto el fuego sobre diferentes indicadores operacionales de la Fuerza Pública, como incautaciones de explosivos, destrucción de laboratorios para la producción de drogas ilegales, operaciones de erradicación, capturas, bajas en combate y judicializaciones, nuestros resultados muestran que las operaciones de la Fuerza Pública contra los grupos criminales organizados y sus finanzas criminales se redujeron, aunque los efectos estimados no son estadísticamente significativos a niveles de confianza estándar.

Estos hallazgos subrayan la importancia de tener un entendimiento integral de los incentivos estratégicos de los grupos criminales con los cuales se están pactando (supuestos) ceses. De lo contrario, puede terminar haciéndose concesiones a organizaciones criminales que utilizan estratégicamente los ceses para expandir su control territorial, poniendo en riesgo a la población civil. ¿Cuáles son las implicaciones de política de este fracaso? Algo fundamental es que, para evitar que se fortalezca el control territorial y criminal de estos grupos a expensas de la seguridad y del bienestar de la población civil, los ceses del fuego deben incluir protocolos claros y mecanismos robustos de verificación, en los que haya una participación de organizaciones internacionales que verifiquen el cumplimiento de los acuerdos pactados y actúen como árbitros a la hora de evaluar posibles violaciones de alguna de las dos partes en el acuerdo. También deben adaptarse a las características y motivaciones específicas de la contraparte, pues las negociaciones con grupos criminales requieren un enfoque distinto al que en el pasado se tuvo con grupos insurgentes con motivaciones políticas. 

El fracaso que estamos observando de la política de ‘paz total’ es un recordatorio de que los alto el fuego mal diseñados e implementados pueden resultar contraproducentes, agravando la violencia en lugar de fomentar una paz sostenible. La construcción de la paz no solo requiere buenas intenciones, sino también una estrategia y planeación bien pensadas, y que priorice la protección de la vida, libertad y bienes de las comunidades en los territorios. Ya lo había anticipado el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, en una entrevista en diciembre pasado: “El cese del fuego permitió que los grupos armados organizados se acomodaran… y todos sabemos acá, el alto el fuego ordenaba detener las operaciones ofensivas”. ¿Ingenuidad, concesión o incapacidad? Cualquiera sea la respuesta, la población civil quedó de por medio, desprotegida, con grupos criminales fortalecidos y expandiéndose en el territorio. No sin razón algunos analistas afirman que hemos retrocedido 25 años en materia de seguridad. 

(*) Universidad de los Andes

(**) Icesi

(***) Universidad de Turín

y Collegio Carlo Alberto).