El lujoso predio de alias Poncho Berrío que la SAE entregó al Fondo de Víctimas

Jesús Alfonso 'Poncho' Berrío está relacionado a la Casa Castaño.

La propiedad será entregada a la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Unidad para las Víctimas

PERIODISTA JUDICIAL18.08.2022 12:45 Actualizado: 18.08.2022 15:46

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En la zona occidental del río Sinú, a la altura de Montería, está ubicada una lujosa propiedad que perteneció al exparamilitar Jesús Alfonso 'Poncho' Berrío, y que desde este jueves pasó a manos del Fondo de Reparación para las Víctimas.

Las autoridades, entre ellas un equipo especial de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, determinaron que la finca, de 4.311 metros cuadrados, era utilizada por su dueño, también conocido como alias Poncho Berrío, para realizar eventos sociales con sus allegados.

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Dicha propiedad no era la única que estaba en esa zona al servicio de esta persona que ha sido mencionada como cercana a la Casa Castaño, pues hace parte de un grupo de predios llamado Támesis, avaluado en 26.000 millones de pesos.

Cada uno de los predios tenía su nombre. En el caso de 'El Tambo', dicho bien tenía un área aproximada de 164 hectáreas; la misma extensión del predio llamado 'El Cábano'.

El caso es que en todo ese complejo de 'Poncho Berrío', el Fondo para la Reparación de las Víctimas, istrado por la Unidad para las Víctimas, fue adelantada una diligencia de recuperación atendiendo una orden que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

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Previo a dicho operativo, los bienes estaban en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el marco de un proceso de extinción de dominio, y en estas diligencias fueron entregados por un equipo de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía presente en el departamento de Córdoba.

De acuerdo al estado de cuentas emitido por la Alcaldía de Montería, los tres bienes presentan una deuda por impuestos prediales que asciende a los 365 millones de pesos.

Ese balance fue hecho con el fin de crear un sistema de istración que permita generar ingresos y posteriormente decretar la extinción de dominio para de esa forma monetizarlos y pagar las indemnizaciones a las víctimas.

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