Así avanza la implementación de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

Se presentó el segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CSM), el cual recoge avances respecto a paz territorial, construcción de paz, narcotráfico y política de drogas, paz territorial y superación de la impunidad y a la justicia. 

De acuerdo con el informe, entre las amenazas más evidentes que sufre la implementación del acuerdo, esta el asesinato de 416 excombatientes desde la firma del acuerdo, 57 se han perpetrado entre el inicio del 2023 y el mes de marzo de este año.  De acuerdo con cifras del Instituto Kroc, de las 578 medidas recomendadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 31 por ciento se encuentran completadas, 20 por ciento en implementación intermedia, 37 por ciento en un estado mínimo de implementación y 13 por ciento no cuentan con implementación alguna. 

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En términos de acciones desatacadas hacía la construcción de paz, el informe resaltó las 164  disposiciones orientadas a implementar el acuerdo final en el Plan Nacional de Desarrollo y los 50.4 billones de pesos destinados en el cuatrienio 2022 - 2026 para implementar el Acuerdo de Paz, 13.39 billones más que el periodo pasado.

Respecto a la paz territorial, el informe celebró la creación del Sistema Nacional de Reforma Rural Integral y otras acciones dirigidas a la desconcentración, restitución y ordenamiento de la propiedad de la tierra. Se aumentó en un 400 porciento el presupuesto del Fondo de Tierras y se han entregado 42.197 hectáreas a organizaciones campesinas y étnicas por parte de la Sociedad de Activos Especiales (Sae). Además, se incrementó el presupuesto para el Catastro Multipropósito, iniciando gestión catastral para 128 municipios.  

El reporte señaló que el presupuesto del sector agrario creció un 68 por ciento para 2024, pasando de 5,4 billones a 9,1 billones para el cuatrienio. Mientras tanto, del total de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con 26.3 porciento tienen algún grado de implantación. 

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En el documento también se expresó preocupación por el aumento de cultivos y recesión en zonas cocaleras causada por una caída en los precios de compra de la coca desde 2021, que ha repercutido en una crisis económica, social y alimentaria en ciertas zonas del país. En 2023 los productores de hoja de coca vendieron su producto hasta por un 60% del valor en 2022.

En el reporte se advirtió el aumento de cultivos ilícitos, con 230.000 hectáreas con cultivos de coca a finales de 2022, un aumento de 17% respecto al año anterior según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, el 49% de los cultivos se encuentran en zonas de manejo especial y los departamentos con mayor presencia de cultivos son: Putumayo, Norte de Santander y Nariño.

Frente a la política de drogas, el informe rescató la participación ciudadana en la elaboración de una nueva política de drogas y destacó su enfoque a largo plazo, buscando la transformación del territorio y tomando en cuenta la vulnerabilidad de las comunidades. 

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Frente la superación de la impunidad y a la Justicia, el reporte celebró la creación y puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y Rural y los avances en el cumplimiento de sentencias de órganos internacionales en materia de justicia para víctimas. De acuerdo al informe, se han dado esfuerzos significativos para mejorar la coordinación entre la Jurisdicción Ordinaria y la jurisdicción Especial Indígena, junto con sustantivas judicializaciones de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho por parte de la justicia especial y ordinaria. 

Pese a los avances, se anotó un bajo nivel de apropiación de las recomendaciones del Informe Final de la CEV por parte de algunas entidades de la Rama Judicial, lo que ha repercutido en una falta de estrategias de priorización de la investigación de hechos delictivos contra servidores públicos, víctimas y testigos relacionados con procesos judiciales. 

SANTIAGO MALAGÓN RESTREPO - REDACCIÓN JUSTICIA