JEP ordena al Gobierno reconocer como víctimas a menores reclutados por Farc

Un auto de 22 páginas de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordena al Gobierno hacer una declaración pública en la que se reconozca expresamente la calidad de víctimas de todas las personas que siendo menores de 18 años fueron reclutadas por la exguerrilla de las Farc.

El auto es una respuesta a una solicitud de medidas cautelares que en abril de 2021 habían interpuesto varias organizaciones por declaraciones que hizo el entonces ministro de defensa, Diego Molano, sobre 12 menores de edad que murieron en un bombardeo de la Fuerza Pública en Guaviare en marzo de 2021 y a quienes Molano llamó “máquinas de guerra”, el exministro también dijo que los menores de edad reclutados dejaban de ser víctimas cuando cometían delitos.

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En primera instancia, el 14 de julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP no concedió las medidas cautelares que solicitaron representantes de la organización Coalico, Women’s Link Worldwide y de la Fundación PAX Colombia al decir que el recurso no aclaraba cuáles fueron las afectaciones concretas a los derechos de las víctimas por los pronunciamientos de Molano y que no era posible determinar si las afectaciones, en caso de que existieran, eran actuales o consumadas.

Ese mismo mes los demandantes apelaron y el caso llegó a la Sección de Apelación, que entre varias consideraciones expuso que los actores institucionales no pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje para referirse a los habitantes del territorio nacional, sino que no deben estigmatizar a o revictimizar con sus palabras a las víctimas de delitos muy graves, como es el del reclutamiento ilícito.

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“En el asunto que ahora se estudia, las palabras del ahora ex ministro Molano ponen en la mira de los actores armados a niños y niñas que son víctimas de la guerra y que no pueden ser calificados de manera insensible e irresponsable como máquinas de guerra”, se lee en el documento.

Es de recordar que cuando el exministro Molano llamó “máquinas de guerra” a los menores de edad que murieron en el bombardeo lo hizo para defender la legalidad en general de ese operativo aéreo, que era para atacar un campamento de disidencias.

No obstante, la Sección de Apelación indicó que una cosa es establecer la procedencia de una operación militar desde la perspectiva de la aplicación del DIH y otra “calificar a los niños y niñas en un contexto dado o supuesto ‘máquinas de guerra’. Esto último entraña una gravísima extralimitación y perversión de la función pública, la cual comprende los procesos de comunicación y de acción en cabeza de las autoridades públicas”.

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Por eso, para la justicia transicional las palabras del exministro implicaron una estigmatización y una nueva victimización, y perpetuaron el ciclo de violencia, así como fueron un obstáculo para el a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.

“El uso de expresiones deshumanizantes referidas a niños y niñas reclutados forzosamente por la insurgencia, con el fin de justificar el uso letal de la fuerza sobre ellos, pone en grave riesgo la vida e integridad de víctimas del conflicto armado, a la vez que frustra el propósito transicional de forjar las condiciones materiales y culturales necesarias para impedir la repetición de estas conductas”, añade el auto.

Como ya hubo un cambio de Gobierno y el ministro de defensa ya no es Diego Molano, la JEP hizo otras consideraciones, entre ellas, destacó que el actual gobierno anunció que dejarán de realizarse operaciones militares en lugares donde haya niños reclutados, pero dijo que lo que se protege con la medida cautelar no es la vida de los menores reclutados actualmente, sino los derechos de aquellos que fueron reclutados y que se encuentran acreditados el macrocaso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento forzado de niños.

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Por ese motivo, ordenó al Gobierno Nacional que en un término máximo de 15 días hábiles desde la notificación del auto realice un pronunciamiento público en el que se reconozca expresamente la calidad de víctimas de todas aquellas personas que con menos de 18 años fueron reclutadas o utilizadas en el conflicto armado por parte de las Farc.

También se ordenó incorporar en la política pública y en la doctrina militar acciones que contribuyan a eliminar los discursos justificativos, a reconocer que los niños, niñas y adolescentes reclutados” son, ante todo, víctimas del conflicto armado y que pueden resultar afectados aunque se observen de manera estricta los principios del DIH de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad”.

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