La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Roberto José Herrera Díaz, quien fue representante a la Cámara (2010-2014), a una pena de 8 años y 10 meses de prisión por liderar una organización criminal y concertarse con contratistas para obtener, mediante su gestión indebida, recursos provenientes de entidades descentralizadas para financiar obras públicas locales, realizadas a
través de convenios interistrativos.
Herrera aceptó en septiembre pasado ser autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Herrera deberá pagar una multa de 2.173 salarios mínimos legales mensuales vigentes y $5.281.756.346 a favor del Consejo Superior de la Judicatura y pagar, a favor de los
municipios de Salamina, El Piñón, Pivijay, Guamal, Cerro de San Antonio y Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), la suma de $ 9.471.448.920 por los daños y perjuicios que ocasionó con los delitos cometidos.
El exrepresentante lideró tal red de corrupción a partir del primer semestre de 2012 y hasta el segundo semestre de 2016 y gestionó recursos en entidades como el Invías, Fonade, Coldeportes y el Ministerio de Vivienda.
La sentencia señala que a cambio de esa gestión, los contratistas retribuyeron económicamente a Herrera Díaz a través de tres modalidades: entregándole dinero en efectivo, comprando bienes y servicios a su favor, o cubriendo sus deudas.
Sabía que estaba liderando una empresa criminal con tentáculos en las grandes esferas del poder público nacional y local, que permeaba la Rama Ejecutiva
La condena destacó que el objetivo del pacto delictivo entre el exrepresentante y los contratistas consistió en ejercer su poder e influencia, derivada de su condición de Congresista, para obtener los recursos que permitieran financiar proyectos de infraestructura en estos territorios, todo esto con fines de enriquecimiento ilícito al recibir valores provenientes de los anticipos de los contratos.
“Cuando el procesado empezó la gestión a favor de los contratistas sabía que estaba liderando una empresa criminal con tentáculos en las grandes esferas del poder público nacional y local, que permeaba la Rama Ejecutiva, así como el Gobierno Nacional y municipal. No hay duda de su pertenencia y liderazgo de la agrupación criminal desde su creación”, señala la sentencia.
En la providencia, la Corte Suprema de Justicia también tuvo en cuenta cómo los delitos cometidos por Herrera Díaz atentaron contra la seguridad pública.
“Es que no solamente propicia un ambiente de inseguridad pública quien atenta materialmente contra la comunidad o quien destruye su patrimonio físico, sino que hace tanto o mayor daño quien promueve acciones que de suyo, aunque sin violencia inmediata, tienen la capacidad para generar alarma social y desestabilizar las principales instituciones”, dice el fallo.
La Sala de Primera Instancia también compulsó copias para que se investigue la presunta comisión de delitos por parte de los contratistas involucrados en este caso.
Se trata de Pedro Laza Bula, José René Pérez Abdala, John Jairo Eljadue López, Alberto José Daza Lemus, Leonardo Jail David Ortosgoita y Manlio Rolando Vizcaya Méndez, así como de los servidores públicos de las alcaldías de Salamina, El Piñón, Pivijay, Cerro de San Antonio, Guamal y Santa Bárbara de Pinto que participaron en los procesos
contractuales referidos en este fallo.
@AlejaBonilla
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