Secuestro: la tras escena del aplazamiento de la audiencia de ex-Farc

Como una decisión “supremamente difícil de tomar” calificó un miembro de la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el aplazamiento de la audiencia de reconocimiento de los siete máximos jefes de las extintas Farc por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante los secuestros en el conflicto.

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La diligencia, que se tenía prevista para diciembre pasado y por motivos procesales se había postergado hasta fijarse para el 2, 7 y 8 de junio, tuvo que ser reprogramada para el 21, 22 y 23 de junio por cuenta de una presunta alerta de seguridad elevada por la defensa de los ex-Farc, lo que despertó críticas en un grupo de víctimas (que ya se habían desplazado de otras regiones a Bogotá para asistir) e incluso surgieron señalamientos indicando que los exguerrilleros están dilatando las audiencias.

¿De qué se trató la amenaza que derivó en el aplazamiento? ¿Por qué no se analizó la situación de manera previa? ¿Qué viene ahora? Estas fueron algunas de las preguntas que quedaron en el aire entre las víctimas tras conocer la decisión de reprogramar la diligencia, y que no fueron abordadas en el escueto comunicado de tres párrafos en el que la JEP informó sobre el aplazamiento en la tarde del miércoles, un día antes de la primera jornada de la audiencia.

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Las víctimas recibieron la noticia en medio del encuentro preparatorio inicial para el reconocimiento, donde varias por primera vez estuvieron cara a cara con los máximos responsables de los secuestros. Estas reuniones, en la que se brinda acompañamiento psicosocial, por su carácter privado no fueron postergadas.

De hecho, para garantizar que sigan en marcha y las víctimas puedan interpelar a los ex-Farc, la JEP le negó a Rodrigo Londoño (Timochenko) –el último comandante máximo de las extintas Farc– un permiso que había radicado desde el 25 de mayo para salir del país entre el 11 y el 17 de junio con destino a Inglaterra, con el fin de asistir a una conferencia sobre reconciliación y construcción de paz a la que fue invitado por la Universidad de Winchester.

Según conoció EL TIEMPO, dos días antes de la audiencia los ex-Farc y sus abogados le solicitaron una reunión urgente a la JEP para exponer los problemas de seguridad y pedir que el encuentro fuera aplazado.

“Ellos manifestaron que en el periodo de elecciones se han incrementado las amenazas en su contra y denunciaron que el domingo en la noche, después de la primera vuelta de las presidenciales, recibieron información de una fuente confidencial que advertía que estaban en peligro”, le dijo a este diario una persona que estuvo en la reunión.

Los ex-Farc también habrían expresado su preocupación porque durante la audiencia, que se iba a realizar en un auditorio de la biblioteca Virgilio Barco, esta iba a seguir prestando su servicio. “Argumentaron que la biblioteca recibe alrededor de 3.000 personas al día, por lo que es mucho más complejo garantizar la seguridad durante el evento”, contó la fuente.

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Con esa información sobre la mesa, la Sala de Reconocimiento de la JEP se reunió en pleno para evaluar el caso. “La mayoría de reparos que expresaron los comparecientes fueron desestimados, pero debido al riesgo que advirtieron, decidimos reprogramar la audiencia mientras aseguramos todas las garantías”, dijo un miembro de la magistratura.

Los togados también consideraron que la Corte Constitucional declaró en enero el Estado de Cosas Inconstitucionales por la vulneración masiva en la seguridad de los exguerrilleros, de los que han asesinado más de 300 desde el 2017.

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De hecho, de forma confidencial se está evaluando el caso del exjefe guerrillero Milton de Jesús Toncel (conocido como ‘Joaquín Gómez’), quien no estuvo presente en el encuentro preparatorio con las víctimas. “Él no tuvo garantías de seguridad para su desplazamiento para la diligencia. Debía llegar por vuelo comercial pero no se daba el desplazamiento para sus escoltas”, indicó un miembro del equipo de defensa de los ex-Farc.

EL TIEMPO se comunicó con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para conocer su posición al respecto, pero no hubo respuesta.

Por ahora, la magistratura está a la espera de un informe que le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de la JEP) sobre las alertas de seguridad, que debe ser entregado esta semana.

Esa será la pieza clave para determinar dónde se llevará a cabo el reconocimiento de los siete imputados por secuestro, un paso que desde hace meses están esperando las víctimas y que será definitivo para fijar las sanciones contra los exguerrilleros.

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