El reclutamiento de menores para la guerra no se detiene en el país

Ni la pandemia de covid-19 ni la firma del acuerdo de paz han evitado que los grupos armados ilegales recluten a menores de edad para la guerra, de hecho, este crimen pareciera estar volviendo a crecer.

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Aunque medir el fenómeno no es sencillo, el registro de niños desvinculados de estos grupos que lleva el ICBF señala que hasta el 30 de abril de este año 85 menores habían llegado al instituto tras salir de un grupo armado, una cifra que, en tan solo 4 meses, ya es casi la mitad (47,2 por ciento) del total de niños atendidos en 2021, que fueron 180, y es el 59 por ciento de los registros en 2020 (144 menores).

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En el histórico, entre 1999 y 2022, el ICBF ha atendido a 7.196 menores de edad desvinculados de grupos armados, bien porque fueron recuperados por la Fuerza Pública o porque ellos mismos salieron. En cualquier caso, estas cifras son un subregistro, advierte un informe de la Defensoría del Pueblo, que dice que muchos casos no se denuncian por temor a las represalias y amenazas directas contra la vida de los menores y de sus familias. Lo que es un hecho es que a los niños los siguen reclutando.

“Con argumentos perversos los siguen convenciendo para llevárselos e involucrarlos en un mundo que desvanece todos sus sueños, vulnera todos sus derechos y les impide crecer seguros”, señaló a EL TIEMPO el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al ser preguntado sobre esta tendencia.

Este año, los cinco territorios en los que más niños han salido de grupos ilegales han sido Cauca (19), Nariño (14), Valle del Cauca (13), Arauca (7) y Antioquia (6). Y, en la actualidad, el ICBF atiende a 209 menores desvinculados del conflicto.

En cuanto a los grupos que se los llevan, las disidencias de las Farc son las mayores reclutadoras. De estas han sido desvinculados 65 menores este año; luego aparecen el Eln con 15, el ‘clan del Golfo’ con 3 y ‘los Caparros’ con 2. Esto, pese a que el Gobierno dio por exterminado ese último grupo en junio del 2021, tras la muerte de Róbinson Gil Tapias, alias Flechas.

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Camilo González, director de la ONG Indepaz, señaló que los grupos armados siguen usando menores para engrosar sus filas “porque consideran que pueden pasar más desapercibidos en las actividades, o incluso, por creer que pueden ser más temerarios”.

González señaló que los grupos se aprovechan de las situaciones de comunidades empobrecidas para capturar a los menores, y recordó que en muchos territorios el reclutamiento ha sido un factor del desplazamiento forzado “porque las familias prefieren salir cuando los niños van a cumplir 12 años para evitar que se los lleven”.

Sobre las condiciones que les generan riesgo a los niños y jóvenes, el ICBF indicó que los principales factores de vulnerabilidad son vivir en territorios con presencia de economías ilícitas como cultivos de uso ilícito y minería ilegal, pero también “la pobreza, especialmente en sectores rurales dispersos, con escaso a servicios estatales. Este factor afecta fundamentalmente a población campesina y a población con pertenencia étnica”, señaló la entidad, que también refirió como otros factores situaciones de violencia familiar y la falta de oportunidades económicas para mejorar la calidad de vida.

Ni en los meses más duros de la pandemia de covid-19 se detuvieron los grupos ilegales. De hecho, entre julio de 2019 y junio de 2021, la Defensoría emitió 94 alertas tempranas por posibles violaciones a los DD. HH., y en 82 de ellas se advertía sobre el reclutamiento forzado.

En un informe que presentó hace unos días, esa entidad advirtió sobre los métodos que hoy en día se usan para reclutar como, por ejemplo, visitas frecuentes a centros educativos, ofrecimiento de dinero, motos o armas, seducción a través de la exhibición de conductas de ostentación, y amenazas contra familiares y docentes.

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También falsas ofertas de trabajo, engaños a las familias con supuestos campamentos vacacionales, la inducción al consumo de drogas, propuestas de entregarles porcentajes sobre la venta de sustancias psicoactivas y sobre cobros de extorsiones, y que las redes se aprovecharon de las vulnerabilidades socioeconómicas que acentuó la pandemia por coronavirus.

De otro lado, la Defensoría indicó que las disidencias de las Farc y el Eln ya reclutan a menores de edad venezolanos.

Entre las actividades en las que involucran a los menores están el cuidado de laboratorios de droga, actos de combate, transporte de sustancias ilícitas, entre otras; y, para las niñas, se suman la explotación sexual y esclavitud para labores domésticas.

En 2021 se identificó además que menores de edad venezolanas eran involucradas en “tráfico de personas con fines de explotación sexual en las modalidades de prostitución en cuerpo ajeno y mendicidad en cuerpo ajeno”, dice el informe.

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El reclutamiento en sí mismo es una grave afectación a los derechos de los niños, señalaron desde el ICBF, pero estar en el conflicto también trae para ellos otras consecuencias.

El secretario general de la ONU, António Guterres, presentó en diciembre pasado un informe sobre la situación de los niños y los conflictos en Colombia entre el 1.º de julio de 2019 y el 30 de junio de 2021, que señala que el reclutamiento desemboca a menudo en “matanza y mutilación, pero también en violencia sexual y secuestros”.

En ese periodo, la ONU verificó los casos de 220 menores reclutados, así como la muerte o mutilación de 24 menores (8 murieron por ataques aéreos). Y el informe cita casos como el ocurrido en marzo del 2021, cuando “un ataque aéreo de las Fuerzas Militares contra un grupo disidente de las Farc en Guaviare provocó la muerte de numerosos del grupo armado, incluida una adolescente de 16 años vinculada al grupo”.

Otro caso citado sucedió en agosto de 2019, cuando “7 adolescentes de entre 12 y 17 años vinculados a un grupo disidente de las Farc murieron en un bombardeo del campamento del grupo armado a cargo de las Fuerzas Militares en el Caquetá”.

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El reclutamiento y uso de menores ha sido una práctica constante impulsada por todos los actores armados, y en el conflicto colombiano, históricamente la exguerrilla de las Farc fue su mayor perpetrador. Según estimaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que adelanta un macrocaso por este crimen, al menos 18.677 menores fueron reclutados por las Farc.

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Mario*, quien hoy tiene 26 años, fue uno de esos menores. En entrevista con EL TIEMPO contó que fue reclutado en 2011, cuando tenía 15 años de edad, por el bloque Sur de las Farc. “En ese momento yo vivía en Caquetá con mi familia en el campo y por allá se la pasaban ellos (los guerrilleros). Estuvieron varias veces en el sector, después fueron y hablaron con nosotros y nos llevaron a varios muchachos”, contó.

En sus filas estuvo dos años, en los que lo pusieron a hacer “labores militares, ranchar, cargar leña, prestar guardia, salir a misión”. Salió del grupo armado a los 17 años, tras caer en un enfrentamiento.

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“Estábamos en una montaña y nos encontramos al ejército y nos prendimos a plomo; los demás se abrieron, quedamos como 3 o 4 heridos, algunos murieron y otros alcanzamos a sobrevivir. Yo caí herido y el ejército me prestó los primeros auxilios y me llevaron a un hospital; estuve un mes en el hospital más o menos, y de ahí salí para el Bienestar”, explicó.

Hasta ese momento pudo reencontrarse con su familia, que estaba contenta pero preocupada por sus heridas, que le ocasionaron una discapacidad permanente. Sobre la experiencia de haber estado en un grupo armado cuando apenas era un adolescente, él dice que fue algo complicado.

“Si yo tuviera otra oportunidad, hubiera elegido otra forma de vida, pero muchas veces es culpa del Estado que se olvida del campesino; uno allá está sin oportunidades de vida, olvidado por el Estado… La madurez que tengo ahora es distinta, uno piensa más en trabajar para tener algo, para ser alguien en la vida, pero igual yo estoy lisiado y llegar a viejo por un jornal es difícil”, concluyó.

Pese a la gravedad del reclutamiento, el número de denuncias es escaso por el miedo a las represalias y, también, dice la ONU, por falta de conocimiento de los servicios de protección o desconfianza en los mismos, y por las grandes distancias y falta de presupuesto para viajar a centros urbanos para buscar ayuda.

Trabajar en esos aspectos sería parte de las medidas que podrían ayudar a combatir este fenómeno. Y el director de Indepaz añade que también es necesario profundizar el desmantelamiento de grupos armados, impulsar una estrategia de paz y “una acción efectiva del Estado para generar las condiciones de vida para que no sea atractivo para los jóvenes arriesgar la vida por esos grupos”.

El Gobierno ya trabaja en acciones coordinadas para enfrentar esto y desde 2007 existe la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes (Ciprunna).

* Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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