Los puntos que deben aclarar sobre la operación militar en Putumayo

El Ejército entregará esta tarde las respuestas al procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien ayer le envió un oficio con carácter urgente al comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Navarro, para que informara sobre los alcances de la operación realizada el lunes en Putumayo.

Esto, por la denuncia de la comunidad y de algunas organizaciones de la sociedad civil sobre dicha actividad militar que “resulta altamente contradictora con la información oficial presentada por el Ejército y el Ministerio de Defensa a la opinión pública”, señala el documento de la Procuraduría.

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De acuerdo con el reporte oficial, murieron en un combate 11 supuestos integrantes del frente 48 de las disidencias o ‘Comandos de la Frontera’, en inmediaciones de la vereda El Remanso, de Puerto Leguízamo. Las comunidades afirman que los fallecidos no eran delincuentes.

De fondo, las autoridades deben establecer si las personas muertas eran o no integrantes de un grupo ilegal o civiles ajenos a las actividades de las disidencias.

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Además, si las armas encontradas en el sitio eran de quienes murieron. Igualmente se busca establecer si se hizo un uso adecuado de la fuerza y del debido cuidado ante la posible presencia de civiles en un sitio en el que se encontraban personas vinculadas a acciones ilegales.

El presidente Iván Duque señaló que el Ejército ha explicado “punto a punto, primero, la planeación de la operación; segundo, ya ha salido la evidencia del personal armado, de la droga y fuera de eso, están las incautaciones y fuera de eso tenemos algunos de nuestros hombres heridos”.

Y añadió que es “importante acá tener claridad de que se ha actuado con todos los protocolos de la fuerza y por supuesto bajo ese entendido se tienen que hacer todos los actos urgentes por parte de la Fiscalía y se tendrá que también hacer toda la claridad que se requiera por parte de cualquier organismo de control”.

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El procurador Sarmiento le pidió al general Navarro que envíe la copia de la orden de operaciones que soportó el desarrollo de la operación militar. Así mismo, requirió una copia del informe operacional rendido en el marco del despliegue militar del pasado 28 de marzo.

Y que anexe el “informe de muertes en desarrollo de esta operación militar, heridos, recuperados, desmovilizados, desvinculados y/o sometidos, incautaciones de material de guerra, intendencia, comunicaciones y demás información relacionada con los resultados sobre la misma”. Y pide que se informe si por estos hechos la Inspección General de las Fuerzas Militares o alguna unidad militar abrió una indagación preliminar o investigación disciplinaria.

EL TIEMPO consultó con fuentes del comando general de las FF.MM., que afirmaron que en cuanto se conoció del oficio se pasó la solicitud al comando del Ejército, que estuvo a cargo de la operación, para que los equipos operacionales y judiciales respondieran. Aseguraron que la operación “se desarrolló bajo los preceptos y lineamientos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

Y confirmaron que se anexará el video y las fotos, revelados ayer por EL TIEMPO, en las que se observa en el lugar a Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias Bruno, jefe de finanzas de ‘Comandos de la Frontera’, vestido con una camiseta roja, un pantalón oscuro, botas pantaneras y un fusil colgando a su espalda.

“Al estar armado ‘Bruno’, como se observa en el material gráfico, se ratifica que es un combatiente, en este caso al margen de la ley, y se autoriza a proceder con la acción militar”, dijo la fuente, y señaló que “la respuesta de quienes se encontraban en el lugar fue abrir fuego, a tal punto que el combate de acuerdo a nuestros registros se mantuvo cerca de 90 minutos”.

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Además, se entregará –tal y como solicita la Procuraduría– el registro que da cuenta de que la operación se lanzó a “las 6:20 a.m. del lunes 28 de marzo” y el reporte de que los helicópteros que fueron enviados a apoyar la acción militar tuvieron que desviarse en varias oportunidades “porque desde tierra les estaban disparando”.

Las fuentes señalaron que además se entregará el reporte muestra que sobre las 4 de la tarde, de ese día, el personal militar y de la Fiscalía que adelantaba los actos urgentes tuvieron que abandonar el lugar ante supuestas agresiones de la comunidad.

La Fiscalía no ha entregado oficialmente las identidades de las personas muertas o resultados de las necropsias y adelantan una investigación por los hechos.

Trascendió que en la madrugada de ayer Medicina Legal entregó al menos 6 cuerpos a sus familiares, entre ellos los de Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Remanso y el de su esposa, Ana María Suárez, los cuales fueron trasladados a Florencia, Caquetá, donde en horas de la tarde se cumplió con sus exequias.

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Sus familiares aseguran que la pareja era una de las encargadas de la organización de un bazar para recolectar fondos, el cual habían desarrollado por tres días. Según esa versión se encontraban en pleno festejo cuando se escucharon los disparos e ingresó el Ejército. La comunidad señaló que no les permitieron atender a los heridos. Los otros cuerpos son de personas que residen en El Remanso, por lo que sus familiares procedieron a darles sepultura en el cementerio del lugar.

La gravedad de lo denunciado llegó a que a través de su cuenta en Twitter, ONU Derechos Humanos Colombia anunciara seguimiento especial a los hechos. De igual forma, el organismo internacional hizo un llamado a las autoridades para que “se investigue y esclarezca lo ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y a justicia”.

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