Procuraduría abrió investigación contra dos exdirectores de la Unidad para las Víctimas

La medida por presuntas fallas a la hora de arrendar inmuebles cobija a más exfuncionarios.

Yolanda Pinto y Ramón Rodríguez, exdirectores de la Unidad para las Víctimas. Foto: Mauricio León/El Tiempo y Unidad para las Víctimas

PERIODISTA JUDICIAL16.06.2023 18:39 Actualizado: 16.06.2023 18:39

Comentar

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de varios exfuncionarios de la Unidad para las Víctimas, luego de que se hallaron entre 2018 a 2022 presuntas irregularidades en el arrendamiento de 17 inmuebles que entregaron exparamilitares para reparar a sus víctimas.

(Le dejamos: Capturas en Europa y redes en Colombia, el balance de Fiscalía sobre trata de personas)

La investigación abarca al exdirector Ramón Rodríguez, así como a la exdirectora Yolanda Pinto Afanador; y a Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, ex coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas.

Al parecer, los elementos recaudados llevan a concluir que estas personas habrían estado detrás de arrendamientos concedidos por debajo del monto estimado en el mercado inmobiliario.

(Puede ver: 'Los esfuerzos para atender a víctimas han sido insuficientes’: Patricia Tobón)

La @PGN_COL Investiga arriendos sospechosos en la @UnidadVictimas. Los valores por debajo del estimado levantan sospechas. 4 exfuncionarios de esa entidad deberán dar explicaciones sobre el caso. #EsNoticia https://t.co/NDd4UG8Wkl pic.twitter.com/0K9q4bnUAV
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 16, 2023

Yolanda Pinto, directora de la Unidad de Víctimas. Foto:Mauricio León / EL TIEMPO

Lucila Vidal, directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, comentó que hasta el momento se han encontrado 17 inmuebles con esas particularidades en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Cesar y Córdoba.

"Es de anotar que con ocasión de la indagación previa se pudo establecer que algunos de los precios de esos arriendos estaban por debajo del valor del mercado para la época de suscripción de los contratos, y otros incluso por debajo del precio estimado por la Unidad de Víctimas", dijo la funcionaria del Ministerio Público.

(Puede ver: Consejo de Estado falla a favor de Yolanda Pinto en largo litigio)

Según el órgano de control, en este caso que involucra a los dos exdirectores de la entidad se dieron precios "irrisorios", pues los arriendos de lotes, fincas, parcelas, haciendas, oficinas y parqueaderos iban desde los 43.000 pesos a 1.462.510 pesos.

Entre las antiguas propiedades de los paramilitares procesados en Justicia y Paz con precios por debajo de lo previsto está el predio La Esperanza, ubicado en EI Dorado, Meta. Con un área catastral de seis hectáreas más 7.500 metros cuadrados, el canon de arrendamiento era de 113.050 pesos en 2020, cuando el referente era de 1.500.000 pesos como mínimo.

Otros tres predios rastreados por el órgano de control también está en El Dorado y pasan por la misma situación. Uno se llama Bellavista, otro El Porvenir, otro La Esperanza 1 y el último Las Brisas.

El proceso también tiene en la mira a un predio ubicado en Bogotá, en el barrio El Chicó. En la propiedad el valor estimativo del canon era de 8.889.000 pesos, y el valor del arriendo era de 55.940 pesos.

Para dar con todas las supuestas irregularidades, la Procuraduría ordenó una práctica de pruebas. "Adicionalmente, se compulsaron copias para que se investigue la posible pérdida o extravío de documentos que debían contener los expedientes, físico como digitales, de los respectivos inmuebles istrados por el Fondo de Reparación para las Víctimas", explicó la entidad.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

[email protected]