Gobernadores de Arauca y Cesar, entre los procesados por líos en el PAE

El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, privado de la libertad señalado de hacer alianzas con la guerrilla del Eln para entregar a la organización ilegal contratos e información confidencial, también tiene un capítulo judicial pendiente por presuntas irregularidades en el manejo del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.

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A los graves cargos que ya le imputó la Fiscalía por sus presuntos nexos con la guerrilla, se sumó una nueva imputación por la firma de contratos durante la pandemia

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Según la investigación de la Fiscalía, durante su gestión se modificó el contrato de prestación de servicios n.º 469 de diciembre de 2019, que hizo parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Con ocasión de la emergencia por el covid-19, el 23 de abril de 2020, el gobernador Castillo Cisneros cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” para llegar a 18.036 beneficiarios.

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La Fiscalía consideró que el cambio estaba contemplado en la norma para superar las restricciones de pandemia. Sin embargo, no habría sido sustentado con estudios de mercado y generó sobrecostos por mas de 860 millones de pesos para el departamento, entre otras posibles irregularidades.

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Este es uno de los casos mas recientes que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades que comprometen a mandatarios del país. El ente acusador ha imputado cargos en 41 investigaciones en las que figuran mandatarios locales y departamentales y contratistas.

Ante la Corte Suprema, la Fiscalía acusó también al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntas irregularidades en la tramitación y suscripción de un contrato de alimentación escolar en 2015, cuando lideró ese departamento la primera vez.

El contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos. Según la Fiscalía, en el proceso de contratación se presentaron al menos nueve inconsistencias, falta de estudios previos, la existencia de supuestos prepliegos amañados y deficientes, y presuntas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación.

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Ademas, la ejecución del contrato habría generado un peculado que asciende a 3.172’808.072 millones de pesos y por eso lo acusó por la posible participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

También es procesado el exgobernador de Santander Didier Tavera, por las irregularidades encontradas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2016. Por este contrato, el cual asciende a 35.744 millones de pesos, fueron capturados en 2017 la secretaria de Educación de la época, Ana Tarazona; el coordinador del PAE, Aníbal González, y Luisa Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, con quien se contrató este suministro.

El contratista es cuestionado por usar comprobantes de egreso y supuestas facturas o transferencias con proveedores ficticios, para justificar la presunta compra de frutas, huevos, tamales, panes, tortas, cárnicos y otros productos que supuestamente eran entregados a los beneficiarios del programa. Se estableció por ejemplo que la empresa que en el papel suministró los tamales se dedicaba en realidad a prestar el servicio de grúa.

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En despachos judiciales también está el expediente contra el exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, señalado por la Fiscalía General de irregularidades en el PAE durante junio de 2014 y diciembre de 2015.

Durante su istración se suscribieron dos contratos por más de 54.000 millones de pesos “sin contar con los estudios previos suficientes que analizaran a través de estudios de mercado el valor de las raciones que requería le fueran provistas al departamento para atender el PAE”.

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Para esta vigencia, según un informe remitido por la Contraloría General a la Fiscalía y a la Procuraduría, el departamento acordó un pago de 1.704 pesos por complemento alimentario de desayuno y 2.147 pesos por almuerzo, lo que generó sobrecostos pues, para el mismo año, el Ministerio de Educación estableció como valor unitario 943 pesos para desayuno y 1.282 pesos para almuerzo.

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