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Las claves del caso de la caravana de camionetas de la UNP por Antioquia que tuvo su capítulo en el Senado

Congresistas cuestionaron que la “protección de criminales” desborda las competencias de la entidad. Esto pasó.

Aspectos del debate de control Politico por la caravana que transportaba disidentes de las Farc Foto: Cortesía

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Jesús Antonio Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL31.07.2024 18:27 Actualizado: 31.07.2024 18:27

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El polémico caso de la caravana de camionetas de la UNP por Antioquia tuvo, el pasado jueves 30 de julio, un capítulo en el Senado, luego de que el congresista conservador, Nicolás Echeverry, citara a un debate de control político, al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

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El debate se llevó a cabo durante varias horas en la Comisión Segunda del Senado y motivó fuertes cuestionamientos de los congresistas hacia los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

“¿Están los guerrilleros en una “situación humanitaria” diferente?”, ¿Un asesino victimario puede ser considerado “víctima de la violencia”?, ¿De desplazar a miles de personas a ser “desplazado”?, ¿De ser violador de derechos a “activista de derechos humanos”?” esas fueron varias de las preguntas que planteó el senador Echeverry las cuales agitaron el debate.

Recordemos que el pasado 23 de julio, tropas de la 4ta Brigada detuvieron varios vehículos de lujo que transportaban a del bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc en Antioquía.

Camionetas de la UNP adjudicadas a los jefes de las disidencias. Foto:Fuerzas Militares de Colombia

En estos vehículos se encontraron personas con órdenes de captura, armas sin permisos legales, más de 100 millones de pesos en efectivo y un menor de edad reclutado por estos grupos.

En ese procedimiento, la UNP se negó a permitir que el Ejército revisara los vehículos, “alegando protocolos internos”, lo que obligó a llevarlos al batallón Pedro Nel Ospina en Bello.

Es por ello que el senador Echeverry, durante el debate subrayó que la misión de la UNP, según el artículo 3° del Decreto Ley 4065 de 2011, no incluye la protección de criminales, por lo que demandó explicaciones sobre las medidas de control y vigilancia de la UNP para asegurar el uso adecuado de sus mecanismos de protección.

Además, enfatizó que el “Estado no debe legitimar el accionar criminal de aquellos que han decidido seguir dañando a la sociedad, a pesar de tener la oportunidad de reincorporarse mediante el Acuerdo de Paz”.

El alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Foto:Cortesía

Como respuesta, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, justificó el nivel de riesgo de los guerrilleros, argumentando que aquellos en procesos de diálogo enfrentan altos riesgos por parte de antiguos compañeros.

“La UNP, actúa en el rigor que nos indica la norma. Tenemos que generar unas medidas de protección a líderes sociales, ambientales comunales defensores de derechos humanos, entre otros grupos poblacionales. Varios de esas personas, se subieron a los vehículos rompiendo los protocolos establecidos. La caravana arrancó y fue detenida. Nos indignó que ese hecho haya ocurrido”, dijo Rodríguez.

Acto seguido, el congresista Echeverry cuestionó las medidas de vigilancia y control de la UNP, especialmente en el caso de alias Calarcá y otros criminales, es por ello que el senador solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría adelantar las investigaciones pertinentes sobre este asunto, argumentando que ordenar la protección de criminales “desborda las competencias de la UNP y constituye un acto de prevaricato”.

El senador Antonio José Correa (Partido de la U), sostuvo que “el hecho de haber encontrado dinero, oro, en el momento de la detención, nos habla de la degradación del proceso de Paz.

Redacción Justicia:

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