El detrimento patrimonial al Estado por casi $ 4.000 millones que encontró la Contraloría en auditoría a la Aerocivil

Una auditoría de la Contraloría a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para la vigencia 2023 encontró varias irregularidades que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de casi 4.000 millones de pesos.

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Los hallazgos de esta revisión efectuada por el órgano de control están consignados en un informe de 465 páginas que documenta 34 hallazgos istrativos de los cuales 27 tienen presunta incidencia disciplinaria, dos tienen connotación fiscal, por valor de 3.989’449.168 pesos y otros dos fueron trasladados para abrir indagaciones preliminares.

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Entre los temas que cuestiona la auditoría está lo relativo al contrato 18001748-H3, cuyo objeto era tener los estudios y diseños para la prolongación de cabecera 19R, construcción pista 19l-01R y demás obras del lado aire y el lado tierra del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. En este punto se evidenció incumplimiento parcial de la fase I y total para las fases II y III.

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Para este contrato se pagó un anticipo por 1.125’.000.000, pero según los documentos analizados por el órgano de control, solo se amortizó el 15 por ciento de ese valor.

Además, se realizó un pago parcial por 2.358’750.000 pesos correspondiente a la fase I, “de los cuales posteriormente en sede de liquidación del contrato se tasó por perjuicios el valor del 13% pagado por este concepto, valor que corresponde a las franjas de seguridad no diseñadas para la pista del aeropuerto por valor de $360.750.000”, se lee en el documento.

En resumen, la Contraloría señala que pese al incumplimiento del contrato, los valores pagados al contratista no han sido devueltos a la Aerocivil ni tampoco hay evidencia de que estos estudios y diseños “entregados de manera incompleta tuvieran alguna relevancia o uso para la ejecución del objeto en contrato posterior”.

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En medio de la auditoría la Aeronáutica Civil dijo que había adelantado un proceso istrativo sancionatorio por incumplimiento, el cual fue resuelto mediante Resoluciones 00378 del 23 de febrero de 2022 y 00589 del 18 de marzo de 2022, en las cuales se cuantificaron los perjuicios por el incumplimiento en 360’750.000 y se hizo efectivo el total de la cláusula penal por 1.500’000.000.

Sin embargo, la Contraloría consideró que pese a que se evidencian algunas actuaciones por parte de la Aerocivil, “lo cierto es que ante la situación istrativa por la que atraviesa el consorcio, se dificulta iniciar mediante vía istrativa el cobro de los valores adeudados producto de los incumplimientos. (...) De igual manera y más importante, lo cierto es que el dinero no ha ingresado a las cuentas de la entidad por ninguno de los conceptos referidos anteriormente generando un detrimento patrimonial al Estado”.

Para el órgano de control esto sucedió por deficiencias por parte de la Aeronáutica para hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta al contratista por concepto de perjuicios, así como la devolución del pago en calidad de anticipo no amortizado.

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También se cuestionó una inactividad de la entidad en el inicio del proceso de cobro de la garantía contractual por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas en lo que respecta al buen manejo y correcta inversión del anticipo y cumplimiento.

Por lo anterior, la Contraloría consideró que había un detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de 3.844’500.000 en total, discriminado así: por el anticipo que no se amortizó ($708.750.000), el valor amortizado por parte del contratista para la ejecución de la Fase I ($416.250.000), el valor de los perjuicios impuestos mediante Resolución del 23 de febrero de 2022 por valor de ($360.750.000) y por concepto del valor bruto pagado por el acta de recibo parcial de la fase I ($2.358.750.000).

El segundo hallazgo con incidencia fiscal que detectó la Contraloría tiene que ver con que para la remodelación de una casa fiscal se usó parte del dinero del contrato 22001418 H4 de 2022, que se firmó para el mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, de Valledupar (Cesar).

La auditoría cuestionó que esa remodelación no estaba dentro del alcance contractual y no hay un documento que justifique las inversiones hechas, lo cual generó un detrimento a las finanzas del Estado de 144’949.168 pesos.

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En este caso, el contrato firmado preveía intervenir la pista, calle de rodaje, zonas de seguridad, sistema de drenaje y edificaciones del lado tierra del aeropuerto. Por ejemplo, entre la infraestructura a intervenir estaba el edificio SEI, que tiene más de 42 años de antigüedad y alberga a 15 bomberos que habitan allí las 24 horas del día. También se dijo que debía realizar el mantenimiento periódico de todos los aires acondicionados. Y en el lado aire, el contrato contemplaba mantenimiento a la torre de control.

Sin embargo, una visita realizada por la Contraloría en abril de este año para ver las obras ejecutadas evidenció que con plata de este contrato se remodeló una casa fiscal existente en los terrenos pertenecientes al lado tierra del aeropuerto, la cual no estaba contemplada dentro del alcance inicial.

La remodelación contempló estuco y pintura, enchapes en cerámica, enchape del piso, la instalación de un cielorraso, la instalación de una puerta de cristal, entre otras adecuaciones que terminaron costando en total casi 145 millones de pesos.

Para el órgano de control, “al utilizarse la bolsa de monto agotable y recursos de costos directos para invertir en actividades que no estaban dentro del alcance contractual ni reportan beneficio para la operación del lado aire del aeropuerto, sin un documento que justifique dichas inversiones, se está incurriendo en un detrimento patrimonial al Estado”.

Adicionalmente se cuestionó que actualmente no está definido un uso específico para la casa fiscal ni está prestando ningún servicio, “lo cual hace que no tenga sentido una intervención inmediata para esta estructura, en detrimento del alcance de otras obras de mantenimiento a realizar en el SEI y en torre de control”.

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Aunque la Aerocivil intentó argumentar que la intervención realizada hacía parte de la “atención de eventualidades en lado tierra y demás que no son identificables en el momento de la estructuración del proyecto y que por uso o desgaste se presentan en los aeropuertos”, la Contraloría le respondió que esto denota deficiencias en la planificación y en todo caso, sale del alcance del contrato respecto de las áreas a intervenir para garantizar la seguridad operacional del aeropuerto.

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Por todos estos hallazgos fiscales, así como los de corte istrativo y disciplinario, la Aeronáutica Civil tendrá que elaborar un plan de mejoramiento con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo para subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría.