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Noticia
Contraloría alerta sobre el incumplimiento de 361 municipios en el pago del servicio de agua potable y saneamiento
Los municipios deben destinar el 15 % del SGP a este servicio. En algunos casos, la deuda acumula un año.
Obras de modernización en el sistema de alcantarillado. Foto: Acueducto de Bogotá
Las respuestas entregadas por el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas prestadoras a la Contraloría, en relación con el pago de los subsidios para el servicio de agua potable y saneamiento, generaron preocupación. Según el ente de control, el 34 por ciento de los municipios no destina, como lo establece la ley, el 15 % de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para cubrir este servicio en los estratos 1, 2 y 3.
Hasta septiembre de 2024, la Contraloría observó que 361 municipios no destinaron este presupuesto, mientras que otros 145 no respondieron al requerimiento. Esta falta se traduce en un incumplimiento de la Ley 1176 de 2007, que establece el proceso de certificación de los distritos y municipios para la istración de los recursos del SGP destinados a la prestación de estos servicios.
Contraloría General de la República. Foto:Milton Diaz / El Tiempo
La deuda, según señala la alerta, afecta la capacidad financiera de las entidades prestadoras y, por ende, la calidad y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y los procesos de recolección, tratamiento y disposición de residuos. En algunos casos, la mora llega hasta un año de vencimiento.
"Se identificó un municipio con hasta 75 cuentas de cobro pendientes por un total de $5.671 millones, específicamente por subsidios a los servicios de acueducto y alcantarillado. En otro caso, por el servicio de aseo se adeudan 13 cuentas de cobro por $4.060 millones, con corte al 31 de diciembre de 2024", informó el ente de control.
La cartera de estos servicios públicos, con corte al 31 de diciembre del año pasado, presentaba un hueco fiscal por deudas de las entidades territoriales de $180.505 millones de pesos. Este monto pone en riesgo a la población más vulnerable de los estratos 1, 2 y 3, beneficiaria de este subsidio.
Obras de modernización de acueducto y alcantarillado. Foto:Archivo Particular
La Contraloría ejemplificó este panorama con el caso de la Empresa Aguas de la Península S.A., en Maicao, que debido a las demoras en el reconocimiento de los subsidios por parte de la alcaldía, se vio obligada a solicitar recursos adicionales a su casa matriz de manera mensual para priorizar el pago de sus obligaciones y mantener en marcha su operación.
Una situación similar vivió un operador en el departamento de Córdoba, que tuvo que presentar ante la Contraloría 10 derechos de petición, los cuales fueron atendidos el año pasado, debido al pago inoportuno de los subsidios.
La deuda de estos servicios agudiza la problemática de los rellenos sanitarios que se encuentran al límite de su capacidad, lo cual también produce afectaciones al medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero y la reducción de la vida útil de los lugares autorizados para recibir los residuos sólidos.
Las consecuencias negativas no solo afectan a la naturaleza. El colapso de los botaderos también genera graves riesgos para la salud, convirtiéndose en focos de transmisión de enfermedades.
Debido a esta cadena de problemas, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-203 de 2020, subrayó la obligatoriedad de aplicar los principios de eficacia, eficiencia y oportunidad en el manejo de los recursos del SGP destinados al agua potable y saneamiento básico. Esta directriz también ha sido respaldada por la Contraloría, que exige a las entidades territoriales cumplir con ella de manera pronta.
"La Contraloría General de la República continuará con sus actuaciones de vigilancia y control fiscal para verificar el cumplimiento en la correcta aplicación de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a los subsidios para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para ello, durante el primer semestre de 2025, se están ejecutando ocho (8) auditorías que cubrirán treinta y dos (32) municipios en siete (7) departamentos", precisó la entidad.
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